Por: María Teresa Ronderos
Santiago le dijo a la Liga contra el Silencio que no volvió a sembrar coca por convicción. Su hermano y su cuñado, en cambio, sembraron coca y les fue mejor que a él. “Es que el acompañamiento se acabó y el precio del cacao bajó, no es rentable”.
Con todo y complicaciones, la solución más duradera para erradicar la coca es que el Gobierno brinde oportunidades para que se siga el ejemplo de Santiago. Si se sostiene el patrón que encontró UNDOC —7.000 hectáreas de coca que se sustituyeron voluntariamente en 2017—, apenas volverán a sembrarse 420 hectáreas. Una de cada tres hectáreas cocaleras erradicadas a la fuerza, en cambio, se vuelve a sembrar. Por eso en 2017 batimos récord: 171.000 hectáreas de coca.
Ahora, el gobierno Duque busca la salida fácil: resucitar el glifosato. Hace caso omiso a que la coca empezó a expandirse desde 2013, dos años antes de que la Corte Constitucional prohibiera la aspersión. Su insistencia es más insensata hoy porque ya sabemos mucho más sobre el daño que hace. En los últimos meses, jurados estadounidenses han condenado a Monsanto (hoy de Bayer) a pagar US$ 369 millones en dos casos en los que la encontró responsable de no haber advertido a Edwin Hardeman y a Dewayne Johnson que el herbicida Roundup (cuyo ingrediente activo es el glifosato) podía producirles cáncer linfático. Después del segundo fallo en marzo, las acciones de Bayer cayeron dramáticamente y perdió US$ 9.000 millones de su valor. Siguen en fila centenares de demandas. Mientras tanto, nuevos estudios encuentran que el glifosato debilita las defensas de las abejas ante las pestes comunes, y por eso están disminuyendo sus números, y con ellos la polinización. Y Francia abrió investigación a Bayer por residuos de glifosato encontrados en la miel.
Este Gobierno se afana por demostrarle a Trump avances en la lucha contra la droga, aun a costa de que a colombianos les llueva del cielo el herbicida sin que puedan defender ni su salud, ni sus cosechas, ni sus abejas. Lo hace a sabiendas de que no resuelve el problema, porque el 80 % del área cocalera de hoy ha sido resembrada en áreas afectadas (en 2006, por ejemplo, se fumigaron 213.000 hectáreas cuando el cálculo más exagerado decía que había 157.000 en el país).
Se afana por esgrimir ante la Corte Constitucional los mismos argumentos de la dupla Bayer-Monsanto y los persuasivos US$ 120 millones que han gastado en lobby en la última década para poner a la política estadounidense a su favor. Y lo hace a sabiendas que flaquean en ciencia y abundan en ambición. Luego de comprar Monsanto, la Bayer controla el 29 % del mercado mundial de las semillas y el 24 % de los pesticidas.
Cinco municipios concentran una de cada tres hectáreas de coca: Tumaco y El Charco en Nariño; Puerto Asís en Putumayo; El Tambo en Cauca y Tibú en Norte de Santander. Todos tienen a su gente en ruinas. El 99,8 % de la gente de El Charco no tiene alcantarillado, una de cada cuatro viviendas en Tibú tiene piso de tierra, y en Puerto Asís uno de cada cuatro estudiantes está rezagado de curso. En Tumaco una de cada tres personas es analfabeta y, en El Tambo, el 88 % de los niños alcanza bajos logros educativos. Esos municipios necesitan un Plan Marshall o, al menos, una “economía naranja” para desatar talentos truncos, pero no es lo mismo “agente naranja” que economía naranja. Ojalá la Corte le haga ver al Gobierno la diferencia y lo obligue a buscar una solución más creativa y sostenible.
Fuente : ElEspectador