¿Qué está pasando con la reubicación de desplazados en Putumayo?

Una vivienda digna es uno de los derechos a los que menos acceso tienen las víctimas. / Fotos: Gustavo Torrijos

Personas que huyeron por el conflicto armado y llegaron a Mocoa y Puerto Asís llevan casi diez años esperando que el Estado les cumpla con vivienda propia, servicios públicos y reparación colectiva.

Por : Carolina Ávila Cortés / @lacaroa08

La cifra histórica de desplazamiento forzado por el conflicto armado en Putumayo es de 139.932 personas. En lo corrido de este año, según información de la Unidad de Víctimas, van 1.015 casos. Mocoa y Puerto Asís son los principales municipios receptores, tanto así que casi el 60 y el 51 % de los habitantes de estas ciudades, respectivamente, son víctimas de la guerra.

Por la Ley 1448, las autoridades locales y departamentales, la Unidad de Víctimas y otras instituciones estatales están en la obligación de reparar a la población desplazada a través de los planes de reubicación y retorno. Es decir, deben garantizarles sus derechos y condiciones de vida digna para volver al lugar de donde fueron expulsadas o para que se establezcan formalmente en los lugares donde se asentaron después del desplazamiento, bajo ciertas condiciones.

En el caso de Putumayo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene el registro de 132 comunidades que actualmente están en el proceso de formular sus planes de reubicación y retorno. Solo 20 de estas comunidades (el 15 %) cuentan con los planes ya formulados y seis están avanzando en la implementación.

Para Acnur, que acompaña a los seis asentamientos, esto es preocupante porque se está dejando de atender a miles de familias desplazadas que llevan incluso más de diez años asentadas en veredas sin acceso a servicios públicos ni viviendas dignas.

Colombia 2020 visitó tres comunidades en Mocoa y Puerto Asís con planes de reubicación: los barrios Paraíso, Villa Rosa y Londres. Los tres tienen en común que los conforman habitantes que han conocido sus derechos y las rutas de participación y de esta manera han jalonado a la institucionalidad para que les cumplan con sus peticiones. Sin embargo, a pesar de su organización, se enfrentan a la parsimonia institucional y al abandono del Gobierno Nacional.

Construyendo el Paraíso

A las afueras de Mocoa, vía Pasto, se asentaron hace más de seis años personas desplazadas de Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño. Hoy, en esta vereda hay 232 personas, incluidas 15 familias que llegaron damnificadas por la avenida torrencial del 31 de marzo de 2017.

En septiembre de ese mismo año fue aprobado su plan de reubicación y es una de las pocas comunidades en todo el departamento que ha tenido un avance significativo.

“En los últimos años se han logrado un centro comunal, un quiosco, un restaurante escolar y la infraestructura para la escuela. Se ha avanzado en todo el aprendizaje que hemos tenido en el tema de derechos, mecanismos de participación y seguimiento a las autoridades con nuestro plan de reubicación”, sostiene el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Carlos de la Cruz, quien salió desplazado de Puerto Guzmán con su familia hace 14 años.

Así quedó la escuela construida por la misma comunidad de Paraíso, en Mocoa.

En este plan priorizaron el acceso a servicios públicos, vivienda propia, infraestructura comunitaria, alcantarillado y proyectos productivos. Si bien han tenido avances en infraestructura, ha sido más por su labor y el acompañamiento de fundaciones que por la respuesta de las autoridades locales, como fue el caso de la escuela. Al comienzo de su mandato, la gobernadora Sorrel Aroca les prometió construirla, pero no cumplió con su palabra.

La Alcaldía de Mocoa atendió los temas de acueducto y electricidad, pero falta el alcantarillado. Otra de las trabas es la falta de vivienda propia y la legalización de las tierras. Según Julieth López, la persona que ha asesorado a Paraíso desde la Fundación Yapawayra, esta comunidad está priorizada para los proyectos de vivienda que gestione la Alcaldía.

Pero sin la legalización de los predios es muy difícil que la Alcaldía destine recursos propios para mejoras de vivienda e instalación de proyectos productivos. Por ahora, algunas familias tienen huertas compartidas para autoconsumo.

“Se está avanzando en el acceso a la titulación individual a través de una mesa técnica con la Unidad de Planeación del municipio. Proyectaría que para el primer semestre de 2019, Paraíso esté titulado y así podamos continuar con lo demás”, agrega López.

Villa Rosa: viviendas en riesgo

Desde 2008 existe este asentamiento, ubicado en la parte alta de Mocoa, vía San Francisco. El primer plan de reubicación se formuló en el 2010, sin embargo, pasaron tres alcaldes y no se cumplió ni el 40 % de ese plan, según Julieth López, quien también apoya a esta comunidad en alianza con Acnur. Ambas organizaciones están apoyando a Villa Rosa en la reformulación de su plan de reubicación.

El asentamiento Villa Rosa 1 comenzó con 20 casas construidas por la misma gente. A ellos se les brindó un proyecto de mejoramiento de vivienda para la época, que consistía en un cuarto y baño solamente. Después entraron 61 beneficiarios bajo un proyecto de vivienda nueva y se dividieron en Villa Rosa 2. Sin embargo, varias personas han salido de allí, ya que las casas se construyeron sin estudios técnicos y presentan riesgo de derrumbe.

El incumplimiento del plan después de diez años y la irresponsable construcción de las viviendas pudieron haber sido razón de demanda por parte de la población hace mucho tiempo. Nunca ocurrió precisamente por el desconocimiento de sus derechos.

Actualmente viven allí 657 personas y el 67 % es población desplazada. Además de la división social entre Villa Rosa 1 y Villa Rosa 2, que están intentando subsanar, hay problemas estructurales de servicios públicos. Según Rigoberto Chito, presidente de Villa Rosa 1, los pozos sépticos están colapsados y han pasado oficios para que la Alcaldía atienda esta situación.

En estos diez años tampoco se ha avanzado en la titulación de los predios, no hay una escuela para atender a los casi 300 niños y niñas que viven allí, faltan escenarios deportivos y comunitarios y las vías, a pesar de que envían aplanadoras, no tardan en dañarse por las lluvias.

a única oferta institucional que les han dado es el Centro de Desarrollo Infantil, una casa que tomó este año en arriendo el ICBF para atender a la primera infancia. “Nosotros tenemos que hacerles saber a las instituciones qué está pasando. Ahora, a través de este plan de reubicación, esperamos que Villa Rosa cambie totalmente”, añade Chito, que huyó de Acevedo (Huila) hace 15 años.

Londres, en un rincón de Puerto Asís

En este municipio, donde se alojan 31.237 víctimas de desplazamiento forzado, hay un rezago importante en la implementación de planes de retorno y reubicación, en gran parte por los mismos atrasos que tiene el municipio que, por ejemplo, aún no cuenta con acueducto.

Esta es, por supuesto, una de las necesidades que exige implementar la comunidad del barrio Londres, ubicado a un costado del aeropuerto desde 2008 y donde hay 288 personas (87 % es población desplazada).

Hace un año comenzó la implementación de su plan de reubicación. Las tres personas que encabezaban su Junta de Acción Comunal (JAC), John Parada, Ediver Córdoba y Gladis Ortega, son quienes han jalonado a las instituciones para que poco a poco les cumplan con sus derechos.

Actualmente denuncian que los aljibes se están contaminando por los pozos sépticos y que la respuesta que han recibido del alcalde Ómar Guevara es que si no hay acueducto para Puerto Asís, menos para un barrio ubicado a las afueras. Existe el plan maestro para todo el municipio, pero sin presupuesto.

“Fuimos a entregar a la Gobernación el proyecto de alcantarillado y energía. Este último lo logramos, gracias a Dios, pero el proyecto del alcantarillado no”, dice Ortega. “También nos falta el tema de vías. Vinieron a echar tierra en una sola cuadra, cuando Londres tiene 25 manzanas”.

Gladis Ortega es una de las mujeres que participan en el taller de modistería que nació del plan de reubicación. Trece mujeres tomaron un curso básico con el Sena para confeccionar y vender ropa como proyecto económico. Otro de los avances es la construcción del centro comunitario, donde los niños y madres reciben talleres del ICBF. Esos han sido algunos de los pocos acercamientos efectivos por parte de las instituciones que han recibido.

La implementación va a paso lento, a pesar de que Londres ya está declarado barrio legalmente constituido. Recién van a comenzar con las titulaciones individuales para los que construyeron sus viviendas, pero para los demás no se vislumbra la facilidad de adquirir viviendas de interés social, que fue un compromiso aceptado por la Alcaldía al aprobar el plan de reubicación. Asimismo falta el mantenimiento del lote que usan como cancha de fútbol, la cual se comprometió el alcalde a tener lista iniciando el 2019.

“Prácticamente lo que se aprobó es letra muerta en papel. El alcalde no asume los rubros para cumplir con el plan. Está sin recursos o no los sabe gestionar. Los compromisos no se han cumplido. Lo único sería el tema de educación y salud con una campaña que se hizo de orientación sexual”, añade uno de los habitantes, que se abstuvo de dar su nombre.

Responden las autoridades

Atender a las 132 comunidades que necesitan planes de reubicación y retorno en Putumayo es un asunto complejo por los cuellos de botella que hay en la tramitología del Estado. No hay los suficientes recursos provenientes del Gobierno Nacional para las alcaldías. O de por sí son ciudades que de alguna manera han estado olvidadas, como ocurre con Puerto Asís.

En el caso de Mocoa, ahora es prioritaria la atención a los damnificados por la avenida torrencial. Sin embargo, el alcalde José Antonio Castro manifiesta que no tiene la plata necesaria para sacar a la gente de los sitios de riesgo.

“El nuevo gobierno no se ha comprometido con ningún peso. Los recursos que vamos a invertir son los remanentes de las donaciones que dieron en su momento la comunidad internacional y la generosidad de los colombianos, pero el fondo interministerial a hoy no ha invertido ni un peso”, sostiene.

Y en cuanto a los planes de reubicación y retorno, afirma que su “capacidad de reacción a lo económico sobrepasó cualquier posibilidad” y que no se puede invertir en estas comunidades hasta que se legalicen los territorios. “Hasta entonces, tendremos que sufrir las consecuencias”.

El director de la Unidad para las Víctimas de Putumayo, Óscar Gaviria, agrega que no es un problema exclusivo de Putumayo, “sino un enfoque de la política a nivel nacional. Estos municipios son de categoría 6 y los recursos están centralizados. Los avances en este tipo de reparación no son los que quisiéramos todos”.

Además de la parte económica, también falta el recurso humano. En estos municipios solo hay una persona asignada como enlace de víctimas, un secretario de Gobierno y otro de Planeación que tienen que atender a la población que llega desplazada sin descuidar sus otras responsabilidades con la ciudad. Además, muchos de estos funcionarios desconocen o no les dan importancia a los planes de reubicación y retorno, que por ley tienen que cumplir.

Con este escenario de fondo, para la Gobernación de Putumayo sí se han dado avances en materia de salud, educación, atención psicosocial, seguridad y fortalecimiento organizativo. Pero también reconoce “la imposibilidad de resolver derechos más apremiantes, como el acceso a la tierra, vivienda, servicios básicos y generación de ingresos”. Pide por eso al Estado que “flexibilice el acceso a estas necesidades y se fortalezca la articulación nación-territorio”.

A pesar de la lentitud institucional, las comunidades de los tres barrios que visitamos no desisten en su lucha de exigir mejores condiciones de vida. El acceso a la información de la Ley 1448, de cuáles son sus derechos y las responsabilidades de las instituciones es clave para reclamar el cumplimiento de su reubicación.

No se trata de asistencialismo, sino de la obligación del Estado por cumplir con las necesidades básicas y los derechos de los colombianos. Para el caso de las víctimas por el conflicto armado, la obligación está en repararlas, informarles sobre las leyes que existen y sus derechos, y que así como en estos tres casos, tengan la posibilidad de reconstruir su vida con dignidad.

Fuente : ElEspectador


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