Fiscalía le imputó el cargo de homicidio a gobernadora del Putumayo

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Gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, durante la audiencia de imputación de cargos. FOTO COLPRENSA
Ante el magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, fue imputada por el delito de homicidio culposo en calidad de garante la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, en la investigación que se adelanta por la tragedia ocurrida en Mocoa el pasado 31 de marzo donde perdieron la vida más de 300 personas.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Iván Mejía, expuso las pruebas para llamar a la mujer al estrado.

Para el fiscal, la gobernadora “conocía el riesgo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo inminente en la que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas y en consecuencia las altas probabilidades que existían de que una tragedia de esta magnitud se presentara en el municipio”.

Reveló que la muerte de las 346 personas se habría podido evitar si se hubieran tomado las medidas preventivas, “ya que las autoridades departamentales y municipales conocían con anterioridad al daño que las características naturales de la quebrada ponían en riesgo inminente un alto porcentaje de la población de Mocoa”.

De acuerdo con el fiscal del caso, la avalancha se había podido evitar por los antecedentes naturales que tenía la región, “no solo por desastres en años atrás sino porque a final de 2014 se presenció un torrencial aguacero que obligó a la comunidad mocoana y organismos de socorro a realizar mecanismos de mitigación y riesgos, además de implementar un plan de acción”.

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El plan de acción municipal tenía como objetivo realizar constantes monitoreos a las cuencas hídricas y la realización de estudios técnicos con el fin de evidenciar los riesgos a los que se enfrentaba la población.

“Los resultados parciales y finales de los estudios técnicos fueron conocidos por la gobernadora antes de la tragedia. No obstante, esta en una actitud incomprensible los ignoró a pesar de que allí se le indicaba el nivel de fluviocidad que podría ocasionar una torrencial lluvia como la ocurrida”, dijo el fiscal.

Por estos hechos la Fiscalía aseguró que la actual gobernadora se encontraba en posición de garante, “según la cual le correspondía realizar los deberes de protección de la vida de las personas asentadas en la zona. Ya que existía una evidente situación de riesgo generado por un factor de la naturaleza que le exigía el deber de actuar”.

De acuerdo con Mejía, “la gobernadora estaba en condiciones de evitar el resultado o aminorar el riesgo a través de las acciones debidas y que tuvo la posibilidad de conocer el riesgo al que se enfrentaban las personas y que suponía una amenaza natural y conforme a ese conocimiento podía preverlas”.

Por último, aseguró que la mujer “omitió, culposamente, llevar a cabo las medidas necesarias que estaba obligada adelantar, con lo cual violó el primer objetivo. La gobernadora contaba con los medios y tenía la posibilidad de evitar el resultado”.

Fuente : ElColombiano

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