Argenis Velásquez, representante a la Cámara por el Partido Liberal, se convirtió en un siguiente eslabón dentro del cartel de la toga. La líder política del Putumayo también fue mencionada por el extraditable Gustavo Moreno, quien está pronto a acabar sus declaraciones en la Corte Suprema de Justicia, tribunal en el que entregó un mapa de la corrupción que se gestó desde la «oficina».
Según Moreno, en este caso los compromisos con ella no fueron como los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, que desde el comienzo se identificaban como graves por la complejidad de las evidencias. El de Velásquez habría comenzado con un pacto de honorarios por 380 millones de pesos, sin embargo, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejo, razón por la cual Francisco Ricaurte pidió una reestructuración.
«En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco me dice que si no reestructuramos la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención».
Moreno dice que para lograrlo, hablaron con el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, con el fin de que este les ayudara a no proyectar una detención cuando le resolviera su situación jurídica. «Yo sabía que Camilo y Francisco habían trabajado juntos, pero no tenían relación íntima, de hecho, cuando quería que tuviera acercamientos me lo decía. Solo fue en esos dos casos (Argenis Velasquez y Nilton Córdoba)».
Moreno también habría intentado mediar con el argumento de que ella era una congresista nueva. Sin embargo, dice Moreno, ella se retira porque no puede pagar los honorarios. «Francisco pretendía cobrarle honorarios de 1.000 o de 800 millones».
Según Moreno, Velásquez, que también fue alcaldesa de Orito, es señalada de dirigir millonarios contratos que después no se ejecutaron. Ella habría recibido parte de los dineros y lo que dice Moreno es que el caso es complejo ya que quienes participaron de esa contratación están todos presos, menos ella. Incluso, en los procesos aparece gente con principio de oportunidad que la señala de peculado.
Moreno asegura que desconoce qué porcentaje de los 380 millones alcanzó a ser pagado por Velásquez, sin embargo, asegura que una parte habría ido a parar a los bolsillos del exmagistrado auxiliar. Este y el caso de Nilton Manyoma habrían despertado el malestar de Ricaurte, quien creía -dice Moreno- que Camilo Ruiz tenía que trabajar para ellos sin cobros adicionales, ya que quienes lo sostenían en su cargo eran precisamente Malo y Ricaurte. Esta habría sido la razón de su retiro de la corte en marzo de este año.
SEMANA intentó comunicarse con la representante, sin embargo, no fue posible tener una respuesta de ella.
Fuente : Semana