Campesinos del Putumayo rechazan la erradicación forzada de sus matas de coca

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Puerto Asís/COLPRENSA

Las comunidades y las organizaciones sociales, Mesa Regional de organizaciones sociales (MEROS), la COCCAM, Juntas de Acción Comunal (J.A.C.), las comunidades afrodescendientes y el pueblo indígena NASA del departamento del Putumayo, Piamonte (Cauca) y el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos (Ipiales – Nariño) hacen un pronunciamiento sobre el estado de los acuerdo de paz y las políticas de erradicación manual voluntarias de las hectáreas sembradas con matas  de coca en el Putumayo que llegan a 25 mil hectáreas.

En el marco de la implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y Duradera” y el Acuerdo Regional firmado el 26 de julio de 2017 en la región con las organizaciones antes mencionadas, quienes estamos de manera decidida apoyando el proceso paz en búsqueda del cambio social y político para mejorar la calidad de vida de las comunidades en la región y en el país, manifestamos las inconformidades e indignación debido a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y la lentitud para avanzar en la implementación de todos los puntos establecidos en el Acuerdo Final.


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Además, en medio de esta crisis por la cual atraviesa el proceso de paz, el Gobierno Nacional insiste en dar continuidad a la nefasta política antidrogas; fumigaciones, erradicaciones forzosas, extinción de dominio sobre sus bienes y judicializaciones violando la presunción de inocencia de los campesinos cultivadores de la hoja de coca, pasando por encima de la voluntad expresa de las comunidades en sustituir voluntariamente sus cultivos de uso ilícito acogiéndose al punto 1 y 4 del Acuerdo Final, acciones que generan alto grado de vulnerabilidad de los derechos humanos de campesinos, indígenas y afrodescendientes quienes aspiramos vivir dignamente en nuestros territorios.

Rechazo

Los campesinos se han pronunciado inicialmente rechazando la masacre de campesinos, indígenas y afrodescendientes cocaleros perpetuada el pasado 5 de octubre en Tumaco Nariño, que dejó como resultado la pérdida de vidas humanas y heridos, asesinatos contra líderes y lideresas que exigen sus derechos como el caso de la comunicadora social indígena y reclamante de tierra de Coconúco Cauca, el compañero de Guaviare, entre otros casos que se vienen presentado en el país; lo que genera indignación y repudio en la región andinoamazónica.

Las pretensiones de Gobierno Nacional a través del proyecto de ley que presentó, donde modifica la ley 160 de 1994, que busca entregar las tierras a grandes terratenientes y multinacionales para la explotación minero energética, contradiciendo el espíritu de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
Igualmente rechazan el proyecto de ley del tratamiento penal diferencial presentado por el Gobierno Nacional que va en contravía de la esencia de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, que judicializará a campesinos cultivadores de coca aplicando la extinción de dominio.


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Exigencias

Son diez las exigencias que plantean iniciando con avanzar de manera inmediata y efectiva con la implementación de todos los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

La segunda exigencia es frenar las acciones de erradicación, fumigación y vulneración de los derechos humanos en todos los territorios y la eficaz implementación del punto 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz y de las rutas y cronogramas acordadas en la región.

Igualmente solicitan un pleno cumplimiento en la implementación de garantías de seguridad, protección a la labor de las comunidades, líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos en los territorios donde se está implementando el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz, para evitar más desplazamientos forzosos y situaciones originadoras de conflictos en la vulneración de derechos humanos que se están presentando.

Articulación oportuna y eficaz en la formulación de los PISDA y los PDET y su implementación inmediata en los territorios.

Proyección de la ley de tratamiento penal diferencial y la reglamentación de la ley de tierras en el marco de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

La garantía de no repetición de los hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos en Nariño, Cauca y Guaviare, en ninguna parte del país.

Respeto al ejercicio pleno de los derechos de la libre expresión, asociación y movilización de las comunidades, tal como lo manifiesta los tratados y acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos y el respeto por la constitución política.

Garantizar la totalidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las familias que ingresan al Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

La continuidad de los diálogos y el cese al fuego bilateral entre Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Solución inmediata a los puntos anteriormente expuestos, expresamos a Gobierno Nacional nuestra voluntad de diálogo y concertación, para lo cual proponemos una reunión con los ministros Rafael Pardo Rueda, Luis Carlos Villegas, Guillermo Rivera Flores y el señor Eduardo Díaz Uribe, sin delegación, antes del día 20 de octubre de 2017. Con la presencia de los garantes, facilitadores del proceso, autoridades locales y de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.

Por lo tanto, las organizaciones anteriormente mencionadas nos declaramos en asamblea permanente, a partir de las 06:00 horas del día 12 de octubre de 2017, día internacional de la resistencia de los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe.

Igualmente hacen un llamado a las organizaciones sociales, Juntas de Acción Comunal, campesinos, agricultores, ganaderos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, profesores, estudiantes, trabajadores de la salud, transportadores, comerciantes, las iglesias, la clase obrera, desplazados, victimas, sindicatos, medios de comunicación, artistas y gestores culturales, hombres y mujeres, jóvenes, LGTBI, y demás comunidades y organizaciones que se identifiquen con la defensa del proceso de paz y su implementación, la defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio andinoamazónico, a movilizarnos este 23 de octubre en la jornada de indignación convocada por las plataformas de organizaciones sociales a nivel nacional.

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