En Putumayo, por incumplimiento del gobierno se pide revisión del plan de sustitución de la coca

Google

Por: Jesús Bernal

Los campesinos organizados en el Putumayo a través de la Mesa Permanente, promueven de urgencia una sesión extra ordinaria, para hacer un balance de los avances del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito. Mientras algunos campesinos vienen recibiendo sus mesadas del plan piloto, se han generado reacciones porque consideran que hay incumplimiento del gobierno nacional, en el otorgamiento de los recursos para quienes dejarán los cultivos de coca. La dirigencia política también se ha pronunciado.

Como un reflejo de lo sucedido en Tumaco,  con la muerte de seis campesinos y las reclamaciones de los cultivadores de coca por falta de respuesta del gobierno en la ejecución de los recursos para los proyectos productivos, en el Putumayo esa situación ha generado preocupación en las comunidades y sus líderes se han pronunciado al respecto.

Para uno de los voceros de la Mesa Permanente de Organizaciones Sociales, es urgente que se haga una evaluación de los alcances, logros y debilidades del plan. Ha sido un trabajo muy arduo, de mucho tiempo, de muchas reuniones, varias actas y compromisos. Se debe considerar que ha sido lo positivo hasta el momento. Wilmer Madroñero, expresa que “Nosotros no podemos pasar desapercibido lo que pasó en Tumaco,  ya que es una misma actividad, un mismo ejercicio que se está realizando en el Departamento de Nariño. Eso lo podemos dejar pasar. Nos sentaremos a ver la situación, hacer un balance, y mirar también porque desde lo nacional, se están dando unas tareas como organizaciones, que dependemos de unas actividades que se están planteando y tenemos que asumir con responsabilidad. Vemos con gran preocupación a nivel nacional, nosotros como defensores de derechos humanos, que realmente esto constata de que en Colombia no existen garantías para la protesta social”.

Publimayo

Para la dirigencia política que viene reclamando al gobierno nacional, que ya se aprobaron unos recursos desde el Congreso de la República, pero que no se ven las destinaciones para los programas productivos que tienen que ver con las decisiones de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Orlando Guerra de la Rosa, Representante a la Cámara del Putumayo del Partido Conservador, también ha dejado conocer sus preocupaciones. Ha dicho el Representante que “La preocupación  es grande. En el departamento de Putumayo se han hecho muchas reuniones y se han firmado muchas actas por parte de los campesinos. Los campesinos en el Putumayo están pidiendo una erradicación de común de acuerdo, una erradicación manual concertada. Nosotros en el Congreso de la República le hemos aprobado al gobierno nacional en el 2017,  1.8 billones de pesos para el posconflicto y todavía no han llegado. Yo le dicho al alto gobierno que empiece a invertir esos recursos en zonas como el Putumayo”. (…) “Le he pedido a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que por favor sean testigos que a los campesinos del Departamento del Putumayo, no les está cumpliendo con las actas firmadas”.

Entre tanto para los campesinos que firmaron el plan piloto de sustitución en el área general de La Carmelita en Puerto Asís, hay un compromiso y hasta ahora este se mantiene, con lo que tiene que ver con las mesadas mensuales, que quedaron establecidas luego que 111 familias decidieron erradicar voluntariamente sus cultivos, en una superficie de un kilómetro alrededor de la zona de capacitación y re-incorporación. Diomedes Medina, líder y cultivador de caña panelera manifiesta que “El programa se ha venido desarrollando,  hasta el momento el gobierno nos ha estado cumpliendo con el millón de pesos mensual. De pronto hubo unos retrasos. Estamos en espera de un proyecto productivo de un millón ochocientos mil pesos para una huerta alimentaria, y en el primer año se ha dicho que viene un proyecto de nueve millones de pesos para cada familia para un proyecto inmediato”.

Sobre las garantías de la protesta en el Departamento de Nariño, que también se ha convertido en un espejo que se puede reflejar en la realidad que se viene registrando en el Putumayo, pero que no se quiere que ese tipo de conflicto se replique, se quieren soluciones. Siempre ese tema ha sido discutido en todos los escenarios se argumenta. Wilmer Madroñero manifiesta que es “Un problema, donde en los Acuerdos de La Habana se propuso la ley de garantías para la protesta y esa tampoco se ha hecho. Nosotros miramos con gran preocupación de todo lo que está pasando con el departamento de Nariño y vemos que también hay un estancamiento, en las actividades y desarrollo que se tienen que dar en el congreso y aprobar esas leyes que están pendientes. Ahora, miramos que es una necesidad también como colombianos unirnos a todo esa situación que están viviendo los compañeros campesinos de Nariño”.

Hasta hace una semana la mentalidad, el compromiso, el interés y el propósito general de muchas comunidades, que han venido creyendo en el proceso de sustitución voluntaria, contrasta con los temores que se han creado por situaciones como las que se vienen registrando en Nariño y Cauca, respectivamente con las comunidades campesinas.

Google