Amenazan de muerte a defensor de derechos humanos en Putumayo

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Foto : Referencia

Mocoa/COLPRENSA

En el transcurso del año 2017, el defensor de derechos humanos ha denunciado y puesto en conocimiento en diferentes escenarios públicos y ante Defensoría del Pueblo las diferentes amenazas que ha recibido telefónicamente, en las que un grupo que aún no se identifica, le dice que debe dejar de hacer pedagogía o incitar a que la población participe en los Programas de Sustitución Voluntaria de Cultivos o reuniones con el Gobierno, de no hacerlo solicitan que debe reunirse con ellos.

El pasado miércoles 27 de septiembre de 2017, en la casa del defensor de derechos humanos de la inspección de José María jurisdicción de Puerto Guzmán, algunos vecinos se acercaron para informarle y solicitarle que los acompañara a las reuniones programadas para el día jueves 28 de septiembre con un grupo armado nuevo que opera en la zona, reunión que era obligatoria para los líderes sociales y presidentes de junta de acción comunal de la zona

El día 28 de septiembre siendo las 3 de la tarde los presidentes de JAC de varias inspecciones y una gran mayoría de afiliados a las veredas deciden reunirse y acuerdan que no van a permitir ser extorsionados, manipulados o confundidos por ningún grupo armado y que no permitirían que nadie fuera sólo a estas reuniones; situación que comunicarían masivamente cuando llegaran personas armadas para citarlos. Sin embargo la reunión En este día ningún grupo armado hizo presencia para reunirlos.

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Sánchez Melenge, en la actualidad es Presidente de la Asociación Campesina ASOERIP, promueve la concertación voluntaria de las comunidades y organizaciones sociales de la región en los Programas Voluntarios de Sustitución de Cultivos De Uso Ilícito, actualmente es integrante de la Dirección Departamental y Delegado a la Dirección Regional la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Página 2 de 5 –COCCAM-; entre sus múltiples actividades como líder social de su comunidad; forma, promueve y acompaña hoy diferentes formas de asociatividad y formación en economías solidarias y auto sostenibles para los campesinos de la región, además abandera para su municipio los mecanismos constitucionales de participación como la consulta popular minero energética, en respeto de los derechos humanos y ambientales. Ha manifestado públicamente su oposición a minerías de oro sobre el Río Mandur a gran escala y en la construcción de Estado hoy promueve diferentes formas de solución de conflictos desde la concertación y la participación política.

Alexander Sánchez, es vocero de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales e integrante del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica. Actualmente la Unidad Nacional De Protección -UNP- se negó a realizar estudio de riesgo, dicha entidad recomendó a la Policía Nacional que le asignaran plan padrino, situación que a la fecha no ha sido posible materializar, pues el defensor se encuentra en zonas rurales de la región la mayor parte del tiempo, encontrándose la mayoría de veces en áreas sin señal y su presupuesto es auto gestionado, no alcanza para constantes desplazamientos o para reportarse como lo requeriría el plan padrino.

La red de derechos Humanos, hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional, organizaciones sociales, plataformas de unidad del movimiento social y popular realizar o suscribir pronunciamientos y extender la solidaridad nacional e internacional frente a la situación que en materia de derechos humanos vive la comunidad rural en todo el país, el campo y sus campesinos para que se respeten.

Frente al temor por la vida y la integridad física y psicológica de Alexander Sánchez, de su familia y sus hijos, los líderes de derechos Humanos, sociales y defensores de derechos Humanos que hacen parte de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, responsabilizan al Estado Colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento de Putumayo a la Brigada de Selva 27 al Comandante del Departamento de Policía Nacional de Putumayo por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares, autodefensas, bandas criminales, grupos armados residuales sucesores del paramilitarismo que en el marco de sus actividades pongan en peligro y riesgo la vida e integridad de los voceros, líderes sociales, dirigentes políticos y en especial aquellos que viven o tienen su labor en zonas rurales y son defensores de derechos humanos.-

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