(MADS). Más de 1.660.000 hectáreas de áreas de importancia ecológica en el país seguirán siendo zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medioambiente gracias a la prórroga que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió mediante la Resolución 1433 del 13 de julio 2017.
«Con este acto administrativo, se blindan zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medioambiente priorizadas a nivel nacional y que no podrán ser objeto de nuevas concesiones mineras en las áreas señaladas en la Resolución, como: las selvas transicionales de Cumaribo en el departamento de Vichada, Alto Manacías en el departamento del Meta, Serranía de San Lucas en el departamento de Bolívar, serranía de Perijá en el departamento del Cesar, las sabanas y humedales de Arauca y los bosques secos del Patía, en el departamento de Cauca”, reveló el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo.
Estas áreas albergan algunos de los ecosistemas que a la fecha no se encuentran representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad deben ser protegidas prioritariamente y aprovechadas de manera sostenible. En este sentido Colombia suscribió el convenio de diversidad biológica donde se compromete a establecer estrategias in situ para resguardar la biodiversidad, dentro de las que se destaca el establecimiento de áreas protegidas.
«Con esta prórroga se está atendiendo un mandato nacional de proteger áreas de importancia para la biodiversidad del país y se está aplicando el principio de precaución que la Corte ha reiterado en varios de sus conceptos y fallos”, puntualizó el ministro de ambiente. En las bases de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se establece como prioridad avanzar en procesos de ordenamiento territorial concertados, la protección de reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del suelo de acuerdo a su vocación y la prevención de conflictos socioambientales, por lo que esta medida permite avanzar en el cumplimiento de la meta de doblar el número de hectáreas de áreas protegidas que tenía el país al inicio de este gobierno.
El acto administrativo, que entra en vigencia a partir de su expedición, prorroga la Resolución 1628 de 2015, que tenía como finalidad materializar la medida de precaución temporal en los sitios en los cuales se adelantan procesos de declaratoria de áreas protegidas.