El debate de cómo se deben combatir los contenidos falsos e inapropiados que se comparten en redes sociales parece no tener fin. Para hacer frente, las redes sociales están constantemente modificando sus algoritmos y han lanzado diferentes estrategias que incluyen desde técnicas de inteligencia artificial hasta equipos dedicados a hacer monitoreos. El reto no es fácil: las plataformas deben luchar contra la rapidez con que circulan y son compartidos los contenidos.
Pero en este proceso ha surgido una propuesta, que de cumplirse, intensificará el debate en Colombia. La representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca “prohibir la creación o utilización de cuentas falsas o anónimas en las redes sociales de internet usadas para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal y familiar de otra persona; o para difundir noticias falsas que puedan generar confusión o pánico en la población”.
La iniciativa busca penalizar a los infractores con hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 100 salarios mínimos a quienes realicen este tipo de contenidos. La propuesta ha generado un debate sobre hasta qué punto se vulneraría la privacidad de las personas, cómo las redes sociales podrían entregar información de este tipo y qué tan viable es aplicar este proceso tanto jurídica como técnicamente.
La congresista argumenta que la calumnia y la injuria son conductas tipificadas en el código penal, sin importar cuál sea el canal ni el mecanismo a través del cual estas sean cometidas, según expresó en un comunicado. Agrega que es consciente de las “dificultades que tendrá la aplicación del proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el celo con el que los proveedores de las principales redes sociales protegen a sus usuarios”, pero señala que “el derecho legítimo al anonimato no puede ser una mampara que estimule con total impunidad la calumnia y la injuria”.
“Los ciudadanos debemos aprender a debatir, a discutir, analizar los asuntos que nos afectan con respeto por la integridad moral de nuestros oponentes sin importar si aquellas intervenciones se hacen utilizando una identidad real o ficticia”, añade.
Sin embargo algunos expertos cuestionan la forma cómo se podría llevar a cabo el proceso. Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma plantea varios interrogantes: “¿Cómo se imaginan la colaboración con las plataformas? ¿Cómo van a hacer para que Twitter revele la información ¿Van a pedir a las entidades que revelen la dirección IP de la persona?”
De acuerdo con el especialista, la propuesta atentaría directamente contra la libertad de expresión. “Hay que analizar cuál es la calidad de la información que las personas están recibiendo y no tanto cómo castigar a quien quiera que sea que está detrás de eso, porque al final puede ser una herramienta para callar voces importantes en el debate democrático”, afirma.
Precisamente para Castañeda, este proyecto podría resultar antidemocrático porque “no está dirigido a proteger al ciudadano de expresiones injuriosas o calumniosas sino a proteger a las figuras políticas que están sometidas a un nivel de escrutinio mayor». «Se generaría un ambiente de miedo a las personas que quieran expresarse en contra de los poderosos porque no me imagino una persona común y corriente denunciando que crearon una cuenta falsa o anónima para injuriar. Quienes podrían eventualmente hacer eso serían los personajes de la vida pública que están sujetos a otros estándares distintos de libertad de expresión”, afirma.