Tras este acuerdo del fin del conflicto armado, los negociadores deben pasar de los anuncios a los hechos y de La Habana a las 23 zonas veredales del país, para comenzar a trabajar en el proceso de desmovilización, concentración y verificación de desarme, para luego comenzar a implementar los programas de reintegración de excombatientes, reconciliación, justicia transicional y reparación a las victimas.
El acuerdo firmado exige además el diseño e implementación de una política de Estado que garantice en el tiempo los recursos para la ejecución eficaz de los programas de inversión que se requieren para convertir las mal llamadas Republiquetas Independientes o Bronx Rurales en zonas de reactivación económica y social, mediante modelos empresariales de desarrollo agropecuario sostenibles.
El fin del conflicto armado implica asimismo, que el Ministerio de Hacienda haga un ajuste inmediato del Presupuesto General de la Nación. Gran parte de los 30 billones de pesos que le fueron asignados este año a las Fuerzas Militares y que ya no se justifican, deberían ser redistribuidos entre los ministerios de Agricultura, Vivienda, Transporte y el recientemente creado para el Postconflicto, los cuales van a requerir una adición presupuestal importante para poder impulsar los proyectos productivos, las obras de infraestructura vial y los programas de vivienda que se pretenden desarrollar en las zonas de consolidación que se vayan a crear.
Este acuerdo exige también el cumplimiento de las promesas de erradicación y sustitución de más de cien mil hectáreas de coca por cultivos perennes asociados a cultivos transitorios, la devolución de más de cien mil cabezas de ganado y las casi 700 mil hectáreas en fincas que les han expropiado a ganaderos y familias campesinas en departamentos como el Meta, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Chocó, Santanderes, Bolívar, Cesar y Cundinamarca entre otros.
Paralelamente a lo anterior, los colombianos esperamos que el Gobierno presente ante el Congreso de la República (el próximo 20 de julio), una reforma a la justicia y al sistema político colombiano, para que se pueda surtir el mismo proceso de desmovilización, pero con los servidores públicos que han saqueado las arcas de este país. Será muy difícil consolidar una paz estable y duradera en Colombia, mientras sigan llegando al Congreso, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos Municipales, políticos no idóneos y de dudosa conducta. Tampoco es sano para la democracia que las curules sean canjeadas por fusiles.
Si las Farc y el Gobierno cumplen con estos compromisos, seguramente tendrán el acompañamiento y la participación del sector privado y la sociedad civil en la implementación de este trascendental acuerdo de paz. Si comienzan a dilatar estos compromisos, perderán la más grande oportunidad que han tenido de recuperar la confianza de los colombianos y de paso de ganar el plebiscito. ¡Ojalá cumplan!
En el tintero: Señores agroexportadores y productores nacionales, a tomar coberturas de precios, cambiaria y seguro agrario. El dólar, los precios de mercados y el clima, pueden hacerles pasar un mal rato.
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