El país está polarizado. De eso no cabe duda. Las desavenencias y la alta temperatura en los debates de la política nacional se han convertido en el común denominador y, de paso, han tocado las fibras más sensibles de tirios y troyanos. Más aún en razón de que el Gobierno se la jugó por suscribir –a riesgo de ahondar las diferencias con sus opositores– un acuerdo especial con las Farc cuyos alcances han atizado las discusiones.
En medio de ese clima de profundas discrepancias, se oyen también las voces de algunos sectores que apuntan hacia una misma dirección: la de confiar en el mandato de la paz. Básicamente porque lo pactado en La Habana no solo le pondrá punto final a un conflicto de medio siglo sino que, en buena hora, traerá consigo los desafíos inherentes a cualquier periodo de posconflicto.
El fin de la guerra debe ser un pretexto para consolidar el desarrollo del país en términos de competitividad, transparencia y pluralidad. Así, desde las necesidades del renglón que nos atañe –el de la infraestructura– ya se vislumbran cuatro pilares imprescindibles a la hora de enfrentar por lo alto la era del posconflicto: la puesta en marcha de las vías terciarias, la participación de las pymes de ingeniería en el desarrollo regional, la generación de empleo y la lucha contra la corrupción en la adjudicación de los contratos de los entes territoriales.
Vamos por partes. En lo relacionado con vías terciarias, su ejecución redundará en el hecho de que aquellas zonas que han padecido la ausencia del Estado, como Putumayo, San Vicente del Caguán o el Catatumbo, finalmente podrán conectarse entre sí y con las principales ciudades del país. En ese sentido, la reciente aprobación del Conpes 3857, orientado a intervenir 140.000 km de vías terciarias, ya representa un paso sin precedentes.
El trecho por recorrer, no obstante, aún es largo. No hay que olvidar que la red terciaria del país está constituida por cerca de 140.000 kilómetros, de los cuales un 24 % son trochas y un 70 % está sobre terreno afirmado. En contraste, apenas un 6 % de las carreteras en mención –unos 8.400 kilómetros– está pavimentado.
Por lo pronto, mientras se asegura la financiación y la construcción de las vías terciarias, la llegada del posconflicto también se convierte en gran oportunidad para dar especial protagonismo a las pymes de ingeniería, sobre las cuales debe recaer el encargo de construir la infraestructura que aún no existe en las regiones. Para nadie es un secreto que este tipo de compañías –hoy existen cerca de 90.000– son precisamente las llamadas a ser el motor del progreso de aquellas zonas apartadas, que por años vivieron bajo el control de la subversión.
Por razones obvias, esto último, sumado al desarrollo de las vías terciarias, implicará un crecimiento considerable en los índices de generación de empleo del sector. De ahí la necesidad de implementar con celeridad una política de Estado que incluya a la fuerza laboral de las regiones en tan retadora coyuntura.
De cara a tan desafiante panorama, sobra advertir que no conviene consolidar la paz si el flagelo de la corrupción en los procesos contractuales no es combatido con firmeza. Mal comienzo para el fin del conflicto si de entrada los guerrilleros de las Farc, que pretenden incorporarse a las reglas de la democracia, se encuentran de frente con municipios y departamentos carcomidos por la corrupción.
¿Acaso no sería esa la oportunidad perfecta para cambiar el negocio del narcotráfico por el de la contratación amañada, alrededor de la cual gravitan múltiples intereses políticos? Como diría el viejo adagio: la ocasión hace al ladrón.
Juan Martín Caicedo Ferrer
* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/los-cuatro-pilares/16604049