“Muchas personas que se me acercaron me decían que cambiara de abogados, que eso nunca me iban a devolver mi tierra. Pero yo persistí y siempre confié en los abogados de la Unidad, Julio y Jairo. Ellos me ayudaron a que yo pueda volver hoy a mi predio”. Fueron las palabras de la señora Martínez, quien no podía ocultar su felicidad al recibir la sentencia que la acredita como única dueña de sus tierras.
(@URestitucion). Un total de 73 hectáreas de tierras componen el inmueble La Esperanza, ubicado en la vereda San Isidro, municipio de Villagarzón. Doña Ana Martínez* abandonó su predio durante los años 2001 y 2003, luego de que su esposo fuera secuestrado por los paramilitares. Ella tuvo que pagar 18 millones de pesos para conservar su vida y la de sus familiares, valiéndose de la venta del ganado que tenían en su finca.
Sin embargo, luego de cancelar la suma exigida, doña Ana fue obligada a firmar un poder a un presunto testaferro del paramilitar Mario Ospina Bedoya, alias Tomate, en el que accedía a la formalización de la venta del predio por un valor irrisorio de $670.000. Alias “Tomate” pertenecía al Bloque Sur de las Autodefensas y en versiones libres de Justicia y Paz reconoció haber arrebatado el predio en mención.
Poseriormente, después de haber sido desalojada, perdiendo su propiedad, la señora Ana huyó en 2001 a la ciudad de Pasto (Nariño). Sin embargo, su familia no se daba por vencida, por lo que uno de sus hijos, quien intentó recuperar el predio, lamentablemente fue asesinado junto con su hija de dos años a manos de paramilitares.
Los hechos de violencia que soportó la familia Martínez generaron una serie de afectaciones psicosociales que se extendieron en el tiempo. A pesar de la violencia que soportó la reclamante, ella elevó su caso a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y presentó la denuncia ante la Fiscalía.
A su vez, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación remitió la solicitud de reclamación a la Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Putumayo. Después del proceso pertinente, la Unidad presentó la demanda de restitución ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, quien a través de la labor del Doctor Mario Fernando Cural Juez Especializado en Restitución de Tierras en el departamento se profirió el falló a favor de la solicitante.
“Yo lo único que quería, antes de morir, era volver a mi tierra y ahora es posible”, señaló la beneficiaria mientras agradecía a la URT Putumayo por su gran labor y el restablecimiento de sus derechos y los de su familia.
Además del retorno al predio, doña Ana se verá beneficiada con ayuda humanitaria, medidas de asistencia, acompañamiento por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y proyectos de inversión social en infraestructura física al servicio de la comunidad.
A la familia Martínez también se le reconoce la puesta en marcha de programas de generación de empleo, el acceso a la educación preescolar, básica, media, técnica y universitaria, al igual que la inclusión a programas de proyectos productivos.
*Nombre cambiado.