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Sin esfuerzo podemos imaginar un guerrillero raso. Nació en un pequeño poblado del Caquetá o Putumayo, tiene 28 años y no terminó la educación básica. A los 17 fue enrolado por las FARC contra su voluntad, o decidió hacerse guerrillero deslumbrado por el poder de las armas e impelido por la falta de oportunidades: la pequeña parcela de sus padres ya se encuentra sobreexplotada, y no hay empresarios en kilómetros a la redonda que ofrezcan empleo. El Estado es una realidad distante con la que no se puede contar.
Sus comandantes le han inculcado dos nociones: la primera, que el “Ejército del Pueblo”, EP, algún día se tomará el poder en la remota Bogotá para instaurar la Justicia Social, y que eso va a beneficiarlo a él y a sus padres; y que la vida del guerrillero depende, en última instancia, de su fusil. La primera tesis quizás no la entienda mucho pero no discute: está acostumbrado a callar y obedecer. La segunda le parece una verdad irrefutable: ha tenido que matar, tal vez más por necesidad que por convicción, y ha visto caer a sus compañeros abatidos por las balas.
Escucha a sus comandantes decirle que debe irse a vivir durante un tiempo en un lugar desconocido custodiado por el “enemigo”, al fin del cual ya no será guerrillero sino “ciudadano”. Le cuentan que, probablemente, no lo llevarán a la cárcel, y que, por el contrario, el Gobierno se compromete a ayudarle para que pueda ganarse la vida cuando salga de eso que llaman “zona de concentración”. A pesar de su innata desconfianza campesina, el cuento le suena bien pero salta como un resorte cuando le informan que, al ingresar allí, la Policia lo va a reseñar, y que en algún momento próximo tendrá que entregar su fusil…
Ahora nos trasladamos a La Habana. El comandante Timochenko y los integrantes de su equipo, se reúnen después de cenar para evaluar el estado de las conversaciones. La hospitalidad cubana es cordial pero austera. Pueden tomarse un par de rones, que tanto ayudan a reponer energías. De nuevo advierten la precariedad de su capacidad militar, el deterioro irreversible del “socialismo del siglo XXI”, que los cubanos están abandonando, y cuyo colapso en Venezuela es inminente.
Saben que regresar “a las montañas de Colombia” no es una opción. No quieren terminar sus vidas como sus compañeros “Reyes”, “Cano” y tantos otros. Recuerdan complacidos las notables ganancias que han obtenido en la mesa y la figuración internacional de que hoy disfrutan. De hecho, Enrique Santiago les confirma que ningún grupo guerrillero ha obtenido el reconocimiento dispensado a las FARC por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí -concluyen- la política y no las armas, es el camino.
Aunque el ron ya escasea, traen un poco más de hielo y llegan a las preguntas que los angustian: ¿Cómo conjurar el riesgo de que el acuerdo que con tanto esfuerzo han construido lo tumbe la Corte Constitucional o un futuro gobierno lo rechace? ¿De qué manera blindarse contra la Corte Penal Internacional? ¿Qué hacer para evitar que el Estado les incumpla y los extradite a los Estados Unidos como sucedió con los paramilitares?
Es obvio, por lo tanto, que las cuestiones de seguridad física y jurídica son las que entraban el cierre de las negociaciones.
Iniciarlas con los Elenos, como acaba de ocurrir, apunta a evitar que su expansión militar en las áreas que las FARC dejen vacantes se convierta en factor de riesgo para los guerrilleros desmovilizados. Es esta una preocupación que tiene fundamento. Los dos grupos guerrilleros han sido enemigos acérrimos a pesar de algunas alianzas de coyuntura. El problema es que nada garantiza que ese conato culmine con éxito y, menos todavía, en el corto plazo.
Como la ventana de oportunidad para que un eventual acuerdo con las FARC tenga factibilidad política está a punto de cerrarse (si es que aún estuviere abierta), resulta inevitable que por un periodo de duración indeterminada haya que mitigar el riesgo con especiales medidas de protección.
En este mismo orden de ideas, el auge de los grupos delincuenciales que hemos presenciado en estos días no puede ser más inoportuno. Pretender, como lo hacen las FARC, que ellos son “paramilitares”, es decir, patrocinados o tolerados por el Estado, a nada conduce. Aunque esa hipótesis, en los tiempos que corren, sea falsa, la obligación del Estado es combatirlos. Por desgracia, las fallas que han sido evidentes dan sustento a las preocupaciones de la guerrilla fariana. Por eso -interviene Iván Márquez- hubo que decirle esta mañana a De la Calle y Jaramillo que se olviden de la dejación de armas mientras sus enemigos las tengan a disposición. El problema -algún otro de los asistentes señala- es que el equipo del Gobierno ha rechazado esa posibilidad de manera categórica…
Los temas de seguridad jurídica, que hoy no alcanzo a tratar, son de parecida complejidad.
http://www.semana.com/opinion/articulo/procesos-de-paz-opinion-jorge-enrique-botero/469406