El Putumayo exige que no se vulneren los Derechos Humanos en su región

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onu 160407Por: Mildred Ramírez Bríñez

En las instalaciones de Comfamiliar, en la ciudad de Mocoa, el Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual a través de su representante en Colombia Todd Howland, quien expuso todos los efectos positivos  durante el 2015 y los riesgos y oportunidades para la construcción de la paz.

“Estamos presentando este informe para la comunidad y representantes del estado, del gobierno, de varios departamentos y la sociedad civil para ver su reacción, para ver que nuestro diagnóstico está haciendo reflexión de los problemas y  sistemas. También para formar nuestro programa de trabajo en el departamento del Putumayo”. Dijo Howland.

Diferentes instituciones estuvieron presentes como la Gobernación del Putumayo, Defensoría del Pueblo,  Policía del departamento del Putumayo, Alcaldía Municipal de Mocoa y Puerto Asís, la Contraloría, y organizaciones como la Federación de Comunidades Afrodescendientes del Putumayo, Integrantes del pueblo indígena Nassa,Corporación Casa Amazonia, Organización de Mujeres del Putumayo  y comunidad en general.

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Temáticas

onu 160407-01Fueron varios los asuntos abordados en el informe como el proceso de paz y las víctimas del conflicto armado, economías ilegales, dificultades de  las instituciones estatales para hacer efectivos los mandatos legales, el enfoque de derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 más orientadoen la garantía de derechos que  en la ejecución del gasto público, la protección al acceso y uso de archivos de derechos humanos estatales y no estatales, incentivos hacia más espacios de diálogo social entre el gobiernos y sectores sociales que reivindiquen  sus derechos y la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.

Igualmente se mencionó dentro del documento otros aspectos adicionales a los derechos humanos que también permiten hacer un alto en el camino hacia  la situación de Colombia frente a la violación al derecho fundamental de la salud, la violencia ejercida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, el reconocimiento y participación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex (LGTBI), la magnitud de la violencia sexual en Colombia como uno de los puntos más importantes, siendo una problemática que trasciende el conflicto armado  y exige un amplio debate y acción nacional que garantice una respuesta estatal efectiva, el agravamiento de la situación de las cárceles que exige medidas urgentes hacia una reforma de la política criminal y la vigencia efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

El informe contempló 13 recomendaciones basadas en los desafíos estructurales en materia de derechos humanos, como puntos prioritarios para el avance de las negociaciones  del fin del conflicto armado en Colombia.

La comunidad

El evento  dio lugar a que los participantes expresaran sus ideas frente al proceso de paz, como lo manifestara Óscar Pisso, Consejero Regional del Pueblo Nassa del Putumayo: “No habrá paz si nuestros derechos realmente como sujetos de derechos no se nos garantizan”

El líder indígena también habló sobre las amenazas que ha sufrido su pueblo por diferentes actores armados y la falta de garantías del gobierno  hacia la defensa de sus derechos humanos. “Vemos que la justicia, realmente es injusticia, porque desde nuestra experiencia y desde nuestra práctica diaria, las tutelas que hemos instaurado por nuestros derechos, los tribunales simplemente nos los han negado”.

Para María Eugenia Chávez, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas y Presidenta de la Federación de Asociaciones de Desplazados del departamento del Putumayo, son varias las exigencias que hacen a las diferentes administraciones.

“Nosotros hemos sido manejados y manipulados por el gobierno tanto municipal como departamental y nacional. Nosotros hemos propuesto la implementación de muchas políticas públicas a favor de los niños, niñas, adolescente, mujeres y hombres, todo contemplado en un enfoque diferencial pero miramos que los proyectos no generan impactos, no hay un presupuesto específico para que nuestros mandatarios puedan garantizar nuestros derechos”.

“Nosotros deseamos que los recursos que las organizaciones internacionales dan, siempre hemos solicitado que lleguen directamente al departamento y a los municipios, que no hayan intermediarios, que no hayan los operadores que le llamamos nosotros porque ahí es que se está quedando la platica”. Resaltó Chávez.

Entre otras temáticas expuestas por los participantes se resaltó la defensa de los recursos naturales vulnerados por  empresas petroleras y la imposibilidad de realizar acciones que permitan una defensa íntegra, que no desemboque en represalias hacia las diferentes organizaciones que protegen y velan por estos derechos.

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