Semana – La Corte Constitucional sigue empeñada en hacerle entender al país que los derechos fundamentales no pueden ser sacrificados por los muchos dividendos que dejan las actividades extractivas. Primero tumbó las licencias a proyectosque funcionaban en zonas de páramo y luego restringió las operaciones en un sector de Quifa, una de las plataformas de obtención de hidrocarburos más prósperas del país.
Ahora hay una nueva decisión que, seguramente, levantará ampolla. Una ponencia del magistrado Alberto Rojas ordenaría suspender toda actividad en la concesión minera adjudicada al Consorcio Colombia Energy en Puerto Asís (Putumayo). El proyecto, que es operado por Vetra Exploración y Producción Colombia, genera el 40 % de las regalías en todo el departamento de Putumayo.
De aprobarse el proyecto de fallo, el consorcio y la operadora deberán cesar en el ejercicio de la explotación de petróleos mientras se adelanta un proceso de consulta previa con el cabildo indígena Awá La Cabaña.
Colombia Energy recibió de manos de Ecopetrol una concesión para la explotación de hidrocarburos en 36.529 hectáreas de Puerto Asís (Putumayo). Allí operan 27 pozos a lo largo de tres campos, que generan 14.000 barriles diarios. Según el Ministerio de Hacienda, la suspensión de actividades le costaría a la Nación una disminución en sus recaudos por 85.000 millones de pesos.
Juvencio Nastacuas Pai, gobernador del resguardo, interpuso una acción de tutela contra el Consorcio Colombia Energy. A su juicio, la explotación petrolera en las áreas de Quinde, Cohembí y Quillasinga, en Puerto Asís, no se ha debido iniciar sin adelantar un proceso de consulta previa. Según él, los terrenos donde funciona la concesión colindan con la zona donde habita el pueblo awá.
Además, el líder indígena denunció que las actividades de los operarios están amenazando la subsistencia del ecosistema, afectando la supervivencia de especies animales y vegetales que son la esencia del modus vivendi de los indígenas que habitan en el Resguardo Awá La Cabaña. Esos niveles de contaminación se han multiplicado por culpa de los ataques de grupos armados al margen de la Ley, que han ocasionado grandes derrames de crudo.
La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal Superior de Mocoa y luego por la Corte Suprema de Justicia. En ambas instancias las reclamaciones fueron desechadas, pues para los magistrados que examinaron el caso el proyecto no tenía injerencia alguna dentro de los límites del Cabildo.
El magistrado Rojas no opinó lo mismo. Concluyó que el hecho de que la concesión petrolera no opere exactamente dentro del territorio en el que habitan los indígenas no implica que la contaminación que provoca la operadora no repercuta directamente en su modo de vida. Por eso, el jurista le propuso a la Sala Plena suspender las actividades en los 27 pozos petroleros que allí funcionan.
De prosperar la ponencia, las labores extractivas se deben paralizar hasta que se adelante el proceso de consulta previa con la comunidad Awá La Cabaña. El proyecto del magistrado Rojas también sugiere que la compensación y la mitigación a la que está comprometida la petrolera -por el alto impacto ambiental de sus actividades- pueda ser sometida a discusión con los indígenas.
En la ponencia, y con el ánimo de no sacrificar a los trabajadores de los pozos, el magistrado advierte que de llegar a suspenderse las operaciones, los 800 operarios deben mantener sus contratos.
De esta manera, si prospera la tesis del togado, se deberá rediseñar el plan de manejo ambiental, para poner fin a la pérdida de los humedales, especies animales y reservas naturales que se vienen produciendo de forma intensiva en Puerto Vega y Teteyé (Puerto Asís) como consecuencia de la operaciones de la concesión a cargo de Colombia Energy que opera la empresa Vetra.
Finalmente, la ponencia propone que se le solicite a la Fiscalía que examine si grupos ilegales organizados con incidencia en el conflicto armado han venido cometiendo delitos que afecten la supervivencia de la comunidad awá.
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