Por : Guillermo Rivera Florez
Hace unas décadas, la narrativa de los derechos humanos sugería que estos eran solamente susceptibles de ser violados por los Estados. Hoy, con la ampliación progresiva del espectro de los derechos considerados como humanos, existe un consenso académico y político que reconoce que sus violaciones pueden provenir también de las actuaciones de las personas naturales y de las personas jurídicas, como las empresas. Frente a estas, es probable que las violaciones de derechos humanos ocurran como consecuencia de una decisión deliberada, que constituye la minoría de los casos, pero también porque con anterioridad al desarrollo de sus actividades económicas no se tuvo la debida diligencia en algunas decisiones.
Poco se ha hablado en nuestro país sobre la importancia de contar con un plan de acción del Gobierno que asegure que las empresas respeten los derechos humanos y que la sociedad civil cuente con mecanismos claros que le permitan proteger sus derechos o, en su defecto, acceder a la remediación de los daños causados.
En el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió unánimemente en su Resolución 17/4 los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Estos principios rectores son en la actualidad la referencia mundial para todos los actores que de forma directa o indirecta tienen obligaciones, responsabilidades y/o intereses legítimos en relación con la actividad comercial y empresarial. Estos son, principalmente, aunque no solamente, los Estados, las empresas y la sociedad civil.
Con el objetivo de afianzar los compromisos adquiridos y la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas, el Gobierno colombiano se dio, desde comienzos del año 2015, a la tarea de construir el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Como resultado de lo anterior, el pasado 9 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos lanzó el Plan Nacional de Acción en Empresa y Derechos Humanos. Este lanzamiento pone a Colombia como el primer país fuera de Europa en contar con una herramienta de esta naturaleza. El Plan es un documento vivo que contiene líneas de acción para que las entidades del Estado generen las condiciones mínimas que hagan que las empresas desarrollen su negocio con absoluto respeto por los derechos humanos.
Este Plan fue construido de manera participativa con empresas, organizaciones de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional. Tal como lo plantea el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, un plan de acción nacional se debe ajustar al contexto de cada país. Por eso, el documento, las líneas y las acciones tienen un claro enfoque de paz territorial.
Varios países, de Europa especialmente, vienen reclamando de las empresas con las que desarrollan intercambios comerciales una especie de acreditación de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, además de ser un deber ético y moral de las empresas, puede ser también un asunto de conservación y apertura de mercados.
El plan de acción, que puede ser consultado en la página web www.derechoshumanos.gov.co, es un instrumento susceptible de ser mejorado pero que en todo caso significa el punto de partida del nuevo rol que debe jugar el Estado como garante de los derechos de los ciudadanos en su interacción con la actividad empresarial, de una parte, y de la otra, un interesante desafío para las empresas colombianas que podrían encontrar nuevos mercados en el mundo desarrollado por cuenta de su vinculación a esta iniciativa.