LaNacion.com – Una de las decisiones más trascendentales para asegurar la preservación de los recursos hídricos del país, es la prohibición rotunda que hizo la Corte Constitucional de la minería en nuestros páramos al declarar inexequible la norma del Plan Nacional de Desarrollo que así lo permitía, como bien lo han informado los medios de comunicación. Por más que chillen los voceros y defensores de esta actividad destructora de la naturaleza, como lo viene hacienda el presidente de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), ya no habrá paso atrás en este empeño por proteger lo más sagrado como es el agua, origen y sostenimiento de la vida en el planeta.
La decisión de la Corte tiene un efecto directo sobre el Huila que compromete de inmediato la acción del Gobernador y de buena parte de los Alcaldes en la búsqueda de la pronta delimitación de los páramos existentes en las dos cordilleras de donde provienen nuestras fuentes hídricas. Está en primer lugar, el Macizo Colombiano sitio de origen del río Magdalena cuya gestión para su defensa y protección involucra también a los mandatarios del Cauca, Valle, Caquetá y Putumayo. Este Macizo ha venido sufriendo toda clase de atropellos ambientales en los últimos ochenta años, especialmente en lo que corresponde al territorio caucano. El páramo de Barbillas ya no existe debido a su invasión con la destrucción de sus bosques, el cultivo de la papa, la amapola y la ganadería. Incluso existen explotaciones de minería ilegal que destruyen el lecho y envenenan con mercurio los ríos Caquetá y Patía. Todo se ha convertido en un desastre ecológico amparado por la ineficiencia y la corrupción de entidades que, como la CRC (Corporación Regional del Cauca), omitiendo el cumplimiento de sus funciones motivadas por los intereses económicos predominentes.
En segundo lugar, están los páramos de Miraflores y el Nevado del Huila. El primero defendido por las comunidades de Garzón y Gigante a las cuales ahora les llega un instrumento constitucional que les da la razón y herramientas para preservarlo de la explotación petrolera. Creo que el Plan de Desarrollo del Gobernador Carlos Julio debe incorporar dentro de sus objetivos lo determinado por la sentencia de esa Corte.
Escrito por Gabriel Calderón Molina
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