ElPais – Dónde estarán ubicados, cómo funcionarán y quién vigilará los sitios de reclusión de los guerrilleros condenados son algunos de los interrogantes que se desprenden del acuerdo sobre justicia transicional dado a conocer el pasado martes en La Habana.
Precisamente, el miércoles el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, fue enfático en afirmar que “no es una zona de distensión, el Gobierno no está pensando en ningún momento en abrir un espacio en el territorio como ocurrió con el caso del Caguán o de Ralito”.
“Lo que ocurre aquí es que se necesitan unas zonas de concentración para conseguir la transición a la vida civil y esa zona tiene un objetivo específico que es donde uno se concentra para la dejación de armas y el paso a la vida civil”, explicó.
De igual forma, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, indicó que “nunca hemos pensado en zonas desmilitarizadas o figuras de esa naturaleza”.
“No hay una especie de una ruptura de soberanía, no habrá repúblicas independientes, la vigencia de la ley, la presencia de las autoridades, tendrá que ser plena en el territorio nacional”, reiteró durante una rueda de prensa conjunta.
Y aunque los funcionarios explicaron que las condiciones en las que operarán dichos sitios serán reglamentadas en enero, el tema ha generado inquietudes en algunos sectores.
Es así como el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar planteó que se deben diferenciar las zonas donde se concentrarán los integrantes de las Farc, una vez se firme el acuerdo con el Gobierno, durante la desmovilización y el desarme, y aquellas donde serán confinados quienes sean sentenciados por el Tribunal de Paz.
“No sería conveniente porque lo más probable es que aquellos que sean indultados terminen por hacer su nueva vida allí y ellos, teniendo derecho ya a una libertad plena, tendrían que convivir con aquellos que, tras ser condenados, recibirían penas privativas, lo cual crearía dificultades a la hora, por ejemplo, de ser abordados por la Fuerza Pública en sus labores propias de vigilancia”.
En esa medida, Bernal Cuéllar propone que los sitios de reclusión estén ubicados en lugares cercanos a los sitios de concentración.
Otra es la opinión del analista Fernando Giraldo, para quien es claro que ambos procesos se desarrollarán en los territorios geográficos donde tradicionalmente han hecho presencia las Farc.
“Estamos hablando de Cauca, Putumayo, Nariño y Caquetá, con respecto al sur del país, y de los santanderes, en el norte”, señala el experto, antes de agregar que más que el sitio, “lo importante son las características sociales y políticas que rodearán la reinserción de quienes dejen las armas”.
Los expertos coinciden en que seguramente serán ubicados en zonas campesinas o en las que hay presencia de organizaciones sociales afines al proceso de paz.
Quién vigilará
Otro de los interrogantes surgidos con respecto a los lugares en los que se reunirán los exguerrilleros tiene que ver con el sistema de vigilancia que se implementará en ellos y, sobre todo, con quién será el responsable de dicho sistema.
“Yo creo que la Fuerza Pública colombiana está en plena capacidad para custodiar esos sitios, lógicamente contando con una veeduría internacional, que podría estar a cargo de la ONU, pero hay que partir de que Colombia es un Estado de Derecho”, anotó el exfiscal General de la Nación Alfonso Valdivieso.
Por su parte, Giraldo planteó que no se puede pensar que el Ejército o la Policía vayan a tener zonas vedadas en el país, pero que también es claro que “será una presencia discreta, no provocadora”.
Sobre la verificación
Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, indicó que “se han dado pasos importantes en materia de verificación y creo que en enero vamos a tener ya en marcha mecanismos de verificación, que garanticen cuál es la situación en esa zona netamente temporal”.
“Nos parece que las Farc sin armas pertenecen a una comunidad, habrá programas del Gobierno en los que pondrán participar”, agregó.
De la Calle precisó que los llamados “territorios de paz”, propuestos por las Farc, nunca se han discutido en la mesa de conversaciones de La Habana.