La nueva propuesta de lo que será el Plan Integral sobre la Política de Drogas estará encaminada en tres ejes: reducción de consumo, desarrollo territorial y una reforma penal que signifique un refuerzo a la capacidad investigativa del delito de narcotráfico.
Una de las puntas de lanza será brindar un tratamiento diferencial para cada uno de los eslabones de la cadena en este delito del narcotráfico.
Fuentes en el Gobierno dijeron que el plan prevé una reforma al Código Penal, en el que se permita a la Fiscalía conceder, por ejemplo, el principio de oportunidad (cese del proceso penal) a pequeños cultivadores de matas de coca, sin que les signifique la obligación de entregar información para desmantelar una red mafiosa, pues la tesis de los investigadores es que el cultivador desconoce quién es, por ejemplo, el jefe de una red. La idea es que acceda al beneficio con el compromiso de no volver a sembrar, erradicar sus cultivos y entrar a programas de sustitución.
La forma como se va a determinar quién es un pequeño cultivador es de acuerdo con los estudios del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, que señala que una familia que siembra esa mata ilícita tienen en promedio una hectárea con coca. En sí, señala que mientras en el 2013 el promedio era de 0,6 hectáreas pasó a 0,8 el año pasado. El último informe del Simci, que arroja cifras del 2014, indica que en el país 64.500 familias se dedican a ese negocio, y que en promedio una persona gana cada año 1.160 dólares por la producción de hoja y pasta de coca.
De acuerdo con cifras oficiales, en las cárceles del país hay cerca de 200 cultivadores de coca, de los cuales unos 60 no tienen en los proceso otros delitos. El Código Penal fija hoy penas entre los 6 y 12 años de cárcel, y una multa de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes por ese delito.
Además en las cárceles hay un poco más de 24.300 personas, de acuerdo con el Inpec, detenidas por tráfico de estupefacientes. Aunque no aparece discriminado, la mayoría tiene que ver con las llamadas mulas o correos humanos, que ante la justicia enfrentan entre 4 y hasta 20 años de cárcel, según la cantidad de estupefaciente hallado.
Por eso, la propuesta en el Plan Integral también incluye revisar las penas para los pequeños traficantes, incluyendo los llamados correos humanos, para que sean proporcionales a la responsabilidad en la cadena del narcotráfico: que los máximos responsables tengan las mayores penas.
De otro lado, la iniciativa, trazada en un trabajo con varias entidades y organismos del Estado, dedica un capítulo de tratamiento a los consumidores de sustancias psicoactivas. En esos casos, también se propone el principio de oportunidad para aquellos expendedores con consumo problemático de sustancias psicoactivas a cambio de que se sometan a un tratamiento. Hoy, la norma lo establece así, pero con la condición de delatar o ayudar a desarticular redes mafiosas.
Lo que los investigadores han detectado es que estas mafias utilizan, a través de terceros, a adictos para expender a cambio de darles la droga para su propio consumo sin que en realidad conozcan cómo funciona la estructura criminal. Por eso, en esos casos en los que los capturados no tienen elementos para aportar información, el principio de oportunidad no tiene cabida.
La reforma propone que cuando se demuestra que el detenido padece esa adicción y no ha cometido delitos que incluyan violencia, podrán acceder a beneficios y un tratamiento.
De esta forma se descongestiona la justicia y las autoridades se concentran en las investigaciones de impacto contra las grandes organizaciones ilegales.
Mejorar los tratamientos, otro reto
El Plan Integral proyecta una revisión a los tratamientos que actualmente se ofrecen en el Plan Obligatorio de Salud de las EPS. Cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de que en el 2013 se prestó atención a 124.336 personas con consumo problemático de sustancias lícitas como ilícitas en 320 centros, tanto de EPS como privados.
Una cifra baja, dado que en la encuesta del consumo del 2013, 484.000 personas dijeron tener consumo problemático.
La idea, de acuerdo con fuentes oficiales, es fortalecer la ruta de acceso para garantizar que llegue a toda la población con consumo problemático. Pero también, que estos tratamientos no obliguen un proceso de abstinencia desde un principio, porque los expertos aseguran que eso conlleva a que buena parte los abandone.
Además, que su duración no sea de tres meses, sino de al menos seis. Las cifras recopiladas dan cuenta de que hoy un tratamiento vale 2,5 millones de pesos, y con las modificaciones podría vale 7 millones de pesos. Lo que implica un aumento en el presupuesto, que está siendo evaluado con el Minhacienda.
Otro de los ejes es el control de la expansión de los sembradíos, que en un año crecieron en un 44 por ciento: pasaron de 48.000 a 69.000. Esta semana, en el Congreso, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, adelantó parte de lo que será la estrategia que aplicará la Fuerza Pública. Una de ellas, que, según el Gobierno, aún está en estudio, es el aumento de los grupos de erradicación manual (que pasarán de 16 a 60). Y la otra es la creación de cuatro centros de operación estratégica, que estarán en San José del Guaviare (Guaviare), Tumaco (Nariño), Caucasia (Antioquia) y en Cúcuta (Norte de Santander).
No se trataría de comandos conjuntos de Fuerzas Militares y de Policía, sino de puntos de intervención en los que actuarán todas las instituciones para fortalecer la presencia del Estado (con educación, salud, desarrollo, entre otros) en esas regiones, que son las más sembradas y afectadas por el fenómeno del narcotráfico.
Anla aún no modifica licencia para suspender uso del glifosato
Cuatro meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó la suspensión del uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos, el uso de ese herbicida continúa hasta tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) revoque o modifique la licencia ambiental.
Por eso, la Policía Antinarcóticos, de la mano con la embajada de Estados Unidos, continúa asperjando los cultivos de coca en las áreas más sembradas, como Putumayo, Guaviare y Chocó. A finales de agosto pasado, la Policía sumaba unas 27.000 hectáreas de coca fumigadas.
Fuentes oficiales aseguran que ese tramité solo estará listo en octubre próximo, y que el resultado no será la revocatoria de licencia sino la modificación de la misma, en la que se señale que se suspende la aspersión con glifosato. Esto, acatando el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que esa sustancia puede causar cáncer en humanos; y el fallo de la Corte Constitucional que ordena suspender el uso de glifosato por precaución si no hay certeza de un posible daño.
Expertos que participan en las mesas de trabajo en el Gobierno explican que una de las razones para no revocar la licencia es porque la Policía, por orden del Ministerio de Defensa, trabaja en estudios para hallar una nueva molécula de herbicida. Así, si este u otro gobierno decide aplicarlo, podrá hacerlo.
Si el Anla termina ese trámite en octubre, la fecha coincidirá con el plazo que el Presidente dio para diseñar un plan de transición: una estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos sin el herbicida. Al respecto, el Ministerio de Defensa anunció que el objetivo es aumentar los grupos de erradicación manual y crear cuatro zonas de intervención, en las que será clave la intervención de la Policía de la mano con las Fuerzas Militares.
Una de las apuestas en la erradicación está concentrada en ‘limpiar’ los Parques Nacionales, donde, de acuerdo con la ONU, hay 5.477 hectáreas con coca.
La entidad Parques Nacionales Naturales propuso un “plan de restauración ecológica participativa” en el que el objetivo será convencer a los campesinos de erradicar voluntariamente las matas de coca y ayudar en la recuperación de esos bosques naturales. Esto, a cambio de programas de sustitución con proyectos alternativos sostenibles.
La estrategia también hará parte del Plan Integral contra las drogas.
JUSTICIA
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