Mano de obra en petroleras deberá ser local


El 30 por ciento de la mano de obra calificada, como mínimo, debe ser del municipio. Archivo ElTiempo
El 30 por ciento de la mano de obra calificada, como mínimo, debe ser del municipio. Archivo ElTiempo
El Gobierno anunciaría la medida este lunes. Las guerrillas buscan el control de esas rentas.

Por: ElTiempo

El Gobierno dará a conocer hoy un decreto, el 2089, con el que intenta poner fin a los conatos de paro en varios municipios petroleros del país, que vienen protestando por el manejo que terceros le están dando a la millonaria contratación de mano de obra y servicios en 28 de estas zonas.

Desde ahora, y durante los próximos dos años, la totalidad de la mano de obra no calificada que se requiera en los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, especialmente en Meta y Casanare, deberá, en principio, ser residente del municipio en el que se desarrolle el proyecto.

De igual forma, el 30 por ciento de la mano de obra calificada, como mínimo, debe ser del municipio.

En caso de que no se pueda cubrir la totalidad de la oferta con los lugareños, el empleador les debe dar la segunda opción a personas de municipios aledaños y, luego, a la oferta en el ámbito nacional.

Van dos crímenes

Y si bien los empleadores podrán enganchar el personal de manera directa, deben hacerlo guardando los lineamientos del Servicio Público de Empleo del Gobierno, que se encargará de hacerle seguimiento al cumplimiento de este decreto.

Tal como lo denunció EL TIEMPO hace 20 días, hay evidencia de que paramilitares y la guerrilla de las Farc y del Eln buscan el control de la mano de obra del sector (que suma más de 47.000 empleos) y de los contratos de servicios, como el transporte de equipos y el suministro de alimentación para los campamentos.

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, firmó este decreto horas antes del homicidio de Nelson Medina Ortega, presidente de la Asociación de Regiones del Área Circunvecina de Apiay (Arca), organización que forma parte de la mesa de empleo de esa ciudad.

Este es el segundo asesinato, en menos de 45 días, de un dirigente sindical vinculado a la implementación de políticas de empleo.

El 29 de agosto fue asesinada Edith Santos, presidenta de la Corporación de Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa de Campos Castilla-Chichimene (CJAID), en el Meta, quien iniciaba el proceso de incorporación a la red de operadores del Servicio Público de Empleo.

Informes de inteligencia publicados por este diario revelan que un viejo ‘para’ del Meta, preso, se alió con la banda ‘los Urabeños’ para obtener estos contratos.

En Putumayo, Casanare y el Catatumbo, gente cercana a la guerrilla es la que mueve algunos de los hilos de la contratación. De hecho, la semana pasada, Garzón estuvo en Casanare evaluando el asunto.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com


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