Putumayo: el fracaso en la lucha contra cultivos ilícitos

Pedro Arenas García fue alcalde de San José del Guaviare, es un reconocido líder comunitario y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, una organización internacional que monitorea, entre otras, la problemática de las erradicaciones forzosas manuales y aéreas, los modelos de desarrollo rural Integral y los procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos. En Costa Rica, durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, Arenas habló con El Espectador sobre el fracaso de las estrategias de lucha contra cultivos ilícitos, que implicó la llegada de proyectos extractivistas y las protestas sociales.

¿Cómo explica este paro desde la política estatal contra los cultivos de coca?

En el Putumayo hay un indicio cada vez más claro de una asociación entre la política de reducción de oferta, basada casi de forma exclusiva en métodos de erradicación forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas, con la llamada locomotora minero-energética. Las dos demandas principales de la población lo reflejan: no más erradicación forzada, paren las fumigaciones aéreas contra pequeños cultivadores de coca, no más expansión del extractivismo, en un ecosistema frágil como el del pie de monte amazónico, donde hay resguardos indígenas y gran variedad de recursos naturales asociados a la diversidad propia de nuestra amazonia.

Pareciera que las operaciones de erradicación de cultivos hubiesen tenido en muchas partes del país el propósito de sacar corriendo a las comunidades campesinas, que en efecto lo hacen y así lo muestran las cifras de desplazados internos. Ante la quiebra de su economía de subsistencia basada en la hoja de coca, se fueron y el territorio quedó libre para el ingreso de acaparadores de tierras y luego para la llegada de la extracción de recursos naturales a gran escala, sea petróleo o minería, como se ve en el Chocó, en el Meta, Cauca, Nariño, Norte de Santander. Lo manifiestan las comunidades campesinas cuando protestan.

¿Qué ofrece el Estado?

Putumayo ha sido uno de los escenarios más importantes del país en materia de la llamada ‘sustitución de cultivos’. El lenguaje sustitucionista, que a principios de los 90 nos vendieron a través de programas como el Plante, luego se manifestó en Familias en Acción o apoyos de la ONUDD, y después, más fuerte en el caso del Putumayo, a través de Usaid en medio del Plan Colombia. Putumayo es uno de los casos ejemplarizantes de la falta de éxitos en inversiones para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Hay un mundo de elefantes bancos: construcciones de plantas procesadoras de productos sutitutos que, se supone, las comunidades iban a emprender de manera masiva.

También se evidencia una contradicción entre el estímulo que se quiere dar a comunidades que están dejando atrás la coca, con los programas de erradicación forzada: cultivos alternativos de piña, pimienta, cacao, caucho, en muchas regiones de Colombia han sido fumigados. Hay varios casos en Cauca, Guaviare, Nariño y más recientemente en Putumayo, donde en una cooperativa de mujeres dedicadas a sembrar piña como alternativa económica, hubo fumigaciones.

Lo tercero, para entender el Putumayo, es que las meras inversiones en el fomento de cultivos sustitutos no bastan si no están asegurados mercados, si no hay infraestructuras carreteables, si no hay buenos precios, y eso se ata con la problemática en general del sector agrario colombiano. El tal paro agrario del año pasado hacía notar que hay desarreglos del mercado incluso para cultivos lícitos en los que se sustentan economías campesinas muy viejas, como la boyacense o cundinamarquense. Eso tiene una relación directa con la expansión de cultivos ilícitos y de alguna forma es desmotivante, cuando el lenguaje oficial invita a la gente a dejar atrás la coca para que siembre maíz, yuca o plátano.

El Putumayo muestra que no basta con que la estadística oficial presente que antes había 160 mil hectáreas de coca y ahora 50 mil, y que eso sea el grandioso éxito de la política colombiana, que incluso se ha querido exportar. No basta reducir el área sembrada si las condiciones objetivas que permiten la siembra persisten, en un ambiente de alta conflictividad no sólo armada sino social, como lo evidencian todos estos paros.

¿Qué traen a largo plazo esos resultados en la disminución de cultivos de coca?

Entramos en los éxitos de la política antidrogas colombiana, basados principalmente en reducción de la oferta, aunque no se puede negar que las autoridades han hecho a veces énfasis en interdicción en ríos y destrucción de laboratorios. Miremos desde la década de los 80, cuando Colombia no era un gran productor de coca, no tenía tanta extensión sembrada, sino que importaba pasta base de Perú y Bolivia y refinaba en Colombia, en sitios como Tranquilandia, y exportaba cocaína. La manipulación de los cultivos con fines comerciales fue muy fuerte en los 90, cuando los cultivos más se expandieron, así llegamos a la ‘capital mundial de la coca’ en Miraflores (Guaviare), y arrancan por ahí las fumigaciones sobre el 94. Para fines de los 90 los cultivos se trasladaron a Putumayo, luego a Nariño, y empieza toda esta migración de un sitio a otro: fumigación, resiembra.

Hemos sido campeones de reducción de hectáreas, pero también de resiembra. También hay que mirar en un periodo de tiempo más largo y hacia las especialidades de cada país de la región andina en términos globales. Sumados los tres países, seguimos satisfaciendo la demanda internacional de cocaína. Desde el punto de vista de la ONU, no se puede mirar sólo el caso colombiano, lo tendrán que ver más hemisférico y atender a cosas como la producción total o los volúmenes exportables. Ahí ya es distinto, es en dónde hemos puesto los énfasis y qué hemos facilitado desde las estrategias gubernamentales.

¿Cómo ha afectado la vida del campesino esa persecución a los cultivos?

Hay daños a cultivos y cultivadores, que han implicado violaciones a los derechos humanos y mayores áreas deforestadas de ecosistemas frágiles. La persecución de los cultivos ha llevado a que algunos de estos se instalen en zonas protegidas, desde páramos en el caso de la amapola hasta coca en parques naturales o resguardos indígenas, y ha llevado también a un debilitamiento de las institucionalidades locales y las autoridades territoriales. Esto último se pone de manifiesto en Putumayo en la reforma al sistema de regalías que dice: pasamos de producir 9 mil barriles de petróleo a 40 mil, pero eso no nos ha representado mayores ingresos como departamento. Tenemos más producción, pero los gobernantes no pueden hacer más inversiones porque el nuevo sistema centralizó esos recursos.

Esta estrategia nos ha llevado a una militarización de la vida local en las comunidades productoras. En el Putumayo, todo se ha concentrado en seguridad. La estrategia de fondo estaba enfocada en quitarle a las guerrillas la fuente de financiación que pueden obtener de los cultivos ilícitos, con sus impuestos y su participación en la cadena, asuntos que se aceptan más claramente al aparecer en la mesa de diálogo en La Habana, pero eso no ha llevado seguridad para esas poblaciones.

¿La estrategia de seguridad también se puede entender en función de los proyectos extractivos?

El alcalde de Puerto Asís, en una entrevista en El Espectador, acepta que ha habido un incremento del pie de fuerza militar, mayores instalaciones, pero para cuidar las inversiones de petróleo: un pozo petrolero, un batallón. Eso implica que la seguridad está en función de esa economía extractiva más no de la seguridad de la población. Hay otros daños como el desplazamiento forzado de población, en zonas donde se aplican programas antidrogas. Esa economía ilegal más las políticas interdictivas ocasionan aumento de homicidios y de otro tipo de violaciones graves.

También, desde el punto de vista jurídico, el encarcelamiento de campesinos cultivadores. Las cárceles de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, tienen a muchos capturados en operaciones en cultivo o pequeños laboratorios. Ese conjunto de daños causados a estas poblaciones invitaría en cualquier país civilizado a revisar lo que se ha estado haciendo, que es lo que de fondo reclaman las comunidades campesinas del Putumayo. No sólo es que les digan: aquí hay plata para ya no sembrar coca sino plátano, sino que hablen de los derechos de esas poblaciones y cómo podría haber cambios en ese sentido.

Recordemos que Colombia es el único país del mundo donde hay fumigaciones.

En Marruecos se quiso implementar un programa de fumigaciones y la monarquía no aceptó. En Afganistán, que años después de la invasión estadounidense sigue siendo el principal productor de amapola en el mundo, EE.UU. propuso un programa de fumigaciones, pero tampoco lo aceptaron. Perú quiso hacer un intento pero no lo puso en práctica. En muchas otras partes hay programas de erradicación, pero no con el método de envenenamiento aéreo de tierras.

El discurso que ha pretendido justificar esto ha sido la complejidad del conflicto interno, los riesgos de seguridad de los erradicadores manuales. Se argumenta que los campesinos con sus cultivos generan un daño ambiental cuando agregan insecticidas, herbicidas, y en los lugares donde transforman coca en pasta base. Pero uno no puede justificar un mal mayúsculo porque el otro está haciendo un mal. Este argumento, en muchos otros países, se ha empleado para negarse a la fumigación aérea. Colombia es el único que sigue practicando eso.

¿Cómo vulnera la fumigación aérea los derechos de los campesinos del Putumayo?

Le dije en un encuentro regional para la paz al alcalde de Puerto Asís, que ha sido alcalde tres veces, que comparara desde su primer periodo, hace 17 años, con el actual, cuántas veces ha crecido el área urbana de Puerto Asís. Dijo que casi cinco. No es porque haya mucha gente del centro de Colombia interesada por irse a Puerto Asís. Es porque población de veredas aledañas se ha visto obligada a desplazarse al casco urbano. Figuran en el sistema de población desplazada.

También se ha visto, en las áreas fumigadas, un cambio en el uso del suelo, que antes estuvo en tareas agrícolas y que debido a las fumigaciones se ha transformado en pastos. Por lo general ocurre en el norte amazónico, lo cual representa un nuevo foco de tensión porque está probado que, con coca, una familia campesina se puede sostener hoy con una hectárea y media sembrada. No ocurre lo mismo con ganadería: una familia para sostenerse con ganado tiene que tener una extensión en pradera mucho mayor para alimentar unas cuantas vacas, debido a la calidad de los suelos y los modelos de rendimiento ganadero. Esto implicará que revisemos cosas como el ordenamiento territorial.

Hay poblaciones que son fumigadas y que, al no tener más oportunidades, lo que hacen es migrar más adentro de los bosques y selvas, a tumbar y restablecer un cultivo de coca. A veces tratan de ir más lejos para escapar a las autoridades. Eso lleva a una ampliación de la frontera agrícola, puntas de colonización muy activas que no hemos logrado frenar. Hay en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada.

¿Cómo sería un modelo de desarrollo alternativo que funcione en el Putumayo?

Tengo esperanzas en lo acordado en el punto cuatro en La Habana. Las partes generaron unos considerandos que implican reconocer que este problema tiene variables como pobreza, falta de acceso a tierras, desempleo, situación de marginalidad, poca presencia institucional en territorios donde se produce, vulneración de derechos de las poblaciones.

El acuerdo plantea dar un tratamiento diferente a poblaciones mas vulnerables, llámese campesinos cultivadores, indígenas y usuarios de drogas. El negocio está en los que la procesan con fines comerciales de gran escala, los que la transforman en clorhidrato de cocaína o los que la exportan o están ligados al trafico nacional o internacional. Para las poblaciones más vulnerables hay que establecer un tratamiento que implica consideraciones sociales y económicas. Para los que se lucran hay que establecer una política criminal.

Este acuerdo del punto cuatro implica un enfoque territorial con altísimas dosis de participación comunitaria. Lo que me parecen novedoso es que se harían asambleas comunitarias y municipales para establecer planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Obviamente también plantean la creación de una institucionalidad para atender esos programas, un programa nacional de desarrollo integral alternativo.

¿Cómo ven esto las comunidades?

Con algo de desconfianza y expectativa. Desconfianza porque en departamentos como el Putumayo las guerrillas siguen muy beligerantes. Eso socava la confianza de la gente en el proceso y a algunos los lleva a pensar que no hay voluntad de poner fin al conflicto. Pero también la desconfianza de hasta qué punto nuestro Estado va a cumplir los compromisos y la implementación de los acuerdos. Muchos líderes campesinos de las zonas productoras dicen que lo que pasa es que el gobierno no cumple acuerdos que se hicieron hace años.

Hay que revisar cuántos paros hubo en el Putumayo en los últimos 20 años y cuántos acuerdos ha firmado el gobierno con las comunidades que han hecho paros, y cuántos de esos compromisos se han cumplido. Como es posible que, por ejemplo, en una región como el Catatumbo, en el paro del año pasado, uno de los reclamos era que el gobierno cumpliera los acuerdos hechos en 1996. O que el paro del Cauca de principios de 2000 exigiera compromisos del año 99. O los indígenas, que cuando bloquean la Panamericana le dicen al gobierno que hace dos, cuatro, seis años se comprometió a hacer cosas que no cumplió. Eso socava la confianza de la comunidad, no solo por la conflictividad sino por las acciones institucionales.

¿Cómo cambiará las cosas una posible firma del fin del conflicto?

Lo de La Habana es una novedad porque siempre se ha argumentado: no podemos cumplir con las inversiones porque allá está la guerrilla, el conflicto no permite entrada de funcionarios, las institucionalidades no alcanzan. Ahora, si se firma el fin del conflicto, ya no existiría esa excusa. Luego vendrán cosas como la coordinación interinstitucional, la bolsa de recursos que se tendría que juntar para inversiones que demanden estas comunidades. Esos principios deben estar adelante a la hora de pensar en un plan de desarrollo alternativo en el Putumayo. El principio del dialogo, la inclusión de todos, de gremios económicos y producción, una serie de voluntades políticas desde el nivel territorial hasta nacional, la coordinación institucional, la concurrencia de recursos.

¿Y luego las discusiones particulares sobre las alternativas para cada comunidad?

Sí, las discusiones más propias de los agrónomos y demás. Esto se ha querido hacer al revés: se dice que el suelo de tal vereda es apto para que siembren pimienta, entonces siembren pimienta, sin considerar el resto de factores, por eso muchas veces se ha caído en fracasos. Hay que poner unos principios antes, de hecho la ONU lo aceptó en una cumbre realizada el año pasado en Lima, en la que se establecieron los principios rectores del desarrollo alternativo, que ya son una especie de ley en el sistema de Naciones Unidas. Unos principios que incluyen democracia, dialogo, concertación y demás. En el caso colombiano, en las puntas de colonización, es lo que le va a agregar un condimento a toda esta discusión.

Pero hay zonas donde definitivamente ningún otro renglón económico puede implementarse. Hay zonas del país donde lo único es la coca. La hoja de coca para pasta base. Eso puede sonar a sacrilegio, pero hay partes donde habrá que pensar en sistemas de gradualidad, donde no obliguemos a las comunidades a la ‘coca cero’, sino que las ayudemos a buscar salidas lícitas pero manteniendo una parte de su predio con coca. Ayudar a que vayan saliendo de la coca con la misma coca. Parece raro, pero en la mayoría de zonas la gente ha empleado los recursos que le ofrece el cultivo de coca bien para su sostenimiento familiar, como la compra de los alimentos, vestuario, salud, transporte, y en algunas oportunidades como un recurso que inmediatamente se traslada a un ahorro directo, no por medio de bancos, sino que el ahorro son vacas. Es decir, la gente traslada lo que le ofrece la coca al ganado, y el ganado se constituye en el ahorro. Muchos han logrado trasladarse de coca a ganadería sin ningún apoyo gubernamental, con apoyo de la misma coca.

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