La crisis que vive esta región del sur país.
Putumayo sufre de ironía. Ubicado en un sitio estratégico de desarrollo por sus riquezas extractivas y en un lugar privilegiado por su exuberancia medioambiental, enfrenta altos niveles de pobreza, conflictividad social, crisis ambiental y agudización del conflicto armado.
Constituido por 13 municipios distribuidos en alto, medio y bajo Putumayo; con una población indígena agrupada en 14 grupos étnicos y 120 cabildos, Putumayo ha sido un laboratorio en el que las categorías de desarrollo sostenible, calidad de vida y bienestar, impulsadas por empresas y gobiernos locales, regional y nacional han significado cosas diferentes para las comunidades campesinas e indígenas.
Las comunidades han visto como en lugar de desarrollo, calidad de vida y bienestar, lo que ha aumentado es la crisis social y ambiental reflejada en una fuerte descomposición y conflictividad social; daños y catástrofes ambientales; agudización del conflicto armado, militarización, paramilitarización y violación de derechos humanos. Todo a pesar de la fuerte inversión de empresas nacionales y multinacionales y la declaración del departamento en 2011 como Distrito Especial Minero.
El departamento del Putumayo, uno de los más ricos y diversos del país, se encuentra en crisis hace mucho tiempo. Ha sido laboratorio de políticas que no han resultado bien.
Desde la política de fumigaciones masivas a cultivos de hoja de coca que incentivaron las marchas cocaleras en el 96, y que generaron la retaliación paramilitar por casi diez años en el departamento; el inicio del Plan Colombia en el año 2000; la implementación de la política de Seguridad Democrática en el 2002; la segunda fase del Plan Colombia en el 2003; el inicio del Plan Patriota en el 2004; el comienzo del Plan Consolidación en el 2010; la declaración del departamento como Distrito Especial Minero en 2011; hasta la ampliación, en mayo de este año, de licencias globales ambientales otorgadas al consorcio Colombia Energy por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la expansión y explotación de 100 pozos más en los Campos Quinde, Cohembi y Quillacinga, Jurisdicción del Corredor Puerto Vega – Teteye, se podría decir que el departamento no ha tenido paz.
Acuerdos sin cumplimiento
En el departamento del Putumayo las protestas son comunes y los resultados siempre los mismos. Según líderes sociales, cada protesta realizada tiene el carácter de denunciar no solo nuevos hechos, sino el incumplimiento de acuerdos pactados en anteriores protestas. “Cada manifestación concluye en actas y compromisos firmados por el Gobierno Nacional, Departamental y Local con sus respectivas Dependencias e Instituciones competentes. Actas y compromisos que nunca se cumplen y que nos obliga a volver a levantarnos” señaló uno de los lideres de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo (ACSOMAYO).
Y es precisamente por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde 2006, y por la decisión de la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) licencia 0551 del 30 de mayo de 2014, de permitirle al Consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en más de 12.000 hectáreas en el corredor Puerto Vega-Teteye (zona rural de Puerto Asís), que campesinos e indígenas se encuentran desde el 10 de julio sobre las vías impidiendo las labores de la operadora del consorcio Colombia Energy: la compañía Vetra, la misma que ha sido blanco de los ataques de las Farc donde obligan a derramar el crudo transportado en carrotanques.
Yuri Quintero, representante de la mesa regional de organizaciones sociales y coordinadora de la red de DDHH del departamento del Putumayo, manifestó que las protestas se realizan como denuncia de la violación a la consulta previa y las consultas populares, derechos que tienen las comunidades cuando serán afectadas por proyectos de desarrollo en sus territorios.
“Hasta el 2006 se habían hecho algunos compromisos en el que la explotación petrolera iba a ser limitada a 39 pozos. Se hicieron compromisos para inversión social limitando el impacto social y medioambiental de las excavaciones, pero esos compromisos fueron violados y por el contrario, desconociendo la consulta previa, se amplió a la explotación a 100 pozos más en el corredor, afectando a las comunidades en una extensión de más de 12.000 hectáreas de tierra, ya que la ley de licencias es clara en que alrededor de 5 kilómetros a la redonda del pozo no debe haber población”, aseguró Quintero.
“Los campesinos e indígenas del corredor Puerto Vega-Teteye no están dispuestos a perder su territorio, no están dispuestos a seguir soportando el aumento del conflicto armado y la destrucción de los ecosistemas como consecuencia de la explotación petrolera” indicó Quintero, y sostuvo que “por eso toman la decisión de pararse sobre las vías exigiéndole al gobierno la derogatoria de la licencia ambiental otorgada por el ANLA en mayo de 2014 que violo la consulta previa y la consulta popular, y ha agudizado el conflicto armado y la catástrofe ambiental producto del mismo”.
En la zona los enfrentamientos entre manifestantes y agestes de la Policía son constantes
Yule Anzueta, integrante de la mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo, denunció que hasta el momento son más de 30 los heridos por acción de agentes de la policía. “El Esmad utiliza bombas aturdidoras armadas por ellos mismos con grapas, puntillas, tachuelas y vidrio picado que al explotar hace mucho daño a lo que se encuentre a su alrededor (…) el gas que se lanza es un gas pimienta que afecta gravemente las vías respiratorias de los manifestantes” Dijo.
Para Yuri Quintero una manifestación de la grave situación en la región es que los heridos prefieren trasladarse a Ecuador que llegar al hospital del centro urbano de Puerto Asís. “Las fuerza publica le grita a los campesinos e indígenas cosas tan fuertes como ‘si vas a ir al hospital de Puerto Asís te vamos a picar’ cosa que aterroriza y llena de temor a cualquier persona”, aseveró Quintero.
La situación en el corredor Puerto Vega-Teteye es grave, una licencia ambiental que desplaza alrededor de 27 comunidades en un margen de más de 12.000 hectáreas; más de un mes en protestas; heridos que prefieren trasladarse al hermano país del Ecuador por temor a retaliaciones; reuniones con representantes del gobierno sin capacidad de decisión y catástrofe ambiental por vertimiento de crudo sobre vías y afluentes son ingredientes de una aguda crisis social en el departamento.
Alrededor de unas 400 personas se mantienen bloqueando las entradas de acceso a la empresa Vetra, operadora del consorcio Colombia Energy. “Nos vamos a mantener en la vía hasta tanto el gobierno no muestre real voluntad de buscar soluciones. Somos nosotros los que debemos beber el agua contaminada, somos nosotros los que debemos andar por los caminos y potreros destruidos, somos nosotros quienes vemos morir ganado, peces, gallinas y demás animales como consecuencia de la contaminación. No vamos a permitir la ampliación de la licencia ambiental; permitir eso es aceptar que la contaminación, el desplazamiento y el conflicto crezcan cada día más” manifestó uno de los habitantes de la zona.
“Es necesario abrir espacios de dialogo y debate donde se revisen las propuestas y se lleguen a las mejores soluciones. Hasta el momento se han dado tres espacios, pero lamentablemente no se ha llegado a ningún fin porque siempre asisten delegados sin capacidad de decisión. Tenemos propuestas y estamos esperando que el gobierno se siente con seriedad y ánimo de llegar a acuerdos. Nosotros que somos los más afectados estamos preparados” dijo Yuri Quintero.
Por lo pronto, las comunidades se mantienen en las vías expectantes a las decisiones del gobierno y los movimientos del Esmad, la policía, los agentes de civil, que se escudan entre ellos, y los militares de brigada de selva #27 que se mantienen en la zona.
@ignotolegris