ElTiempo – EDITORIAL
Algo no anda bien en las márgenes del país. Mientras en buena parte del territorio se respira optimismo, la economía muestra cifras alentadoras, el desempleo cede terreno y cada vez es mayor el poder adquisitivo de la gente y menores las necesidades básicas insatisfechas, hay otra Colombia, para la que esta ola de bienaventuranza es solo una noticia de lugares lejanos.
Apenas la semana pasada llamábamos la atención sobre el drama del Chocó, solo comparable con el deterioro de las condiciones de vida en La Guajira. En esta lista hay que incluir hoy al Putumayo, departamento que en los últimos días ha vivido momentos extremadamente difíciles por las demenciales acciones de dos frentes de las Farc, que sus gentes deben enfrentar en medio de no pocas dificultades, como las que acarrea ser el departamento con mayor índice de riesgo de victimización del país.
Ahora, además, a los habitantes de varios municipios y veredas del Putumayo les toca sufrir las consecuencias en su salud y en sus bienes de los derrames masivos de crudo que ha llevado a cabo aquella organización, el primero a comienzos de mes, y el más reciente ayer, cuando 4.400 galones –cantidad similar a la del primer vertimiento– fueron arrojados a la vía entre Puerto Asís y Orito.
Esta nueva estrategia criminal ha desencadenado una tragedia social y ecológica que la nación todavía no dimensiona. Tendrán que pasar meses, incluso años, para que desaparezca el rastro del hidrocarburo y para entonces ya habrán muerto miles de animales, tantos como los árboles que se habrán secado. En este caso hay un agravante y es que se está afectando un patrimonio de la humanidad: la selva amazónica.
Muchas inquietudes deja esta arremetida cruel e insensata. Por supuesto, hay que preguntarse por qué en vías por las que transitan los vehículos que transportan el crudo los guerrilleros desfilan a sus anchas; por qué, tanto tiempo después, todavía no hay condiciones de seguridad para el ingreso de los encargados de las labores de limpieza.
Es verdad que en los últimos años la valerosa acción de la Fuerza Pública ha logrado que las Farc se replieguen, lo que ha significado mejoras sustanciales en el orden público de muchas regiones, pero esta realidad no puede acarrear un descuido de esas retaguardias, lugares donde sus habitantes padecen el rigor de quienes quieren construir una dudosa legitimidad sembrando el terror a punta de atropellos, como el reclutamiento forzoso de sus hijos, práctica muy común en el Putumayo.
La azotada población de esta región tampoco entiende por qué las ayudas estatales ante tan crítica contingencia solo llegarán más de veinte días después; por qué, en lugar de un aumento de las cifras que miden la calidad de vida, el contar con recursos naturales más bien dispara los homicidios, cuyo número creció 45 por ciento entre el 2012 y el 2013. En últimas, hay que recordarle al Estado su deber de ejercer el monopolio constitucional de la fuerza y de la justicia, para que los putumayenses no tengan que someterse al arbitrario ‘Manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades’, que hoy les impone la guerrilla.
A las Farc hay que decirles que estas acciones son propias de auténticos sociópatas. Que si faltaban pruebas sobre el extravío del norte de su causa, el envenenar ríos de los que la gente bebe y destruir inmisericordemente el medioambiente es evidencia concluyente de sus mortales palos de ciego.
EDITORIAL
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