La fatal omisión detrás del derrame en Putumayo

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Afectados por el derrame en la vereda Maravélez, del municipio Valle del Guamuéz. Foto: Cortesía Alba Mery Cuarán
Afectados por el derrame en la vereda Maravélez, del municipio Valle del Guamuéz. Foto: Cortesía Alba Mery Cuarán

La empresa que transportaba el crudo el día del desastre no tenía permiso para transitar por la vía.

ElTiempo

Poco se ha hablado de que el derrame de petróleo del primero de julio en Putumayo ocurrió en la Amazonia, en un rincón del bosque tropical más extenso del planeta, en un minúsculo punto del llamado Pulmón del mundo.

Según Carlos Rodríguez, director de Tropenbos, fundación orientada a la conservación y el manejo sostenible del bosque amazónico, si un derrame de petróleo tiene un sinnúmero de consecuencias para cualquier ecosistema, en la Amazonia los impactos se multiplican.

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Las condiciones tan particulares de esta región –como el hecho de que alberga un asombroso 10 % de la biodiversidad conocida– hacen que se afecte toda la dinámica del bosque.

Por un lado, dice el experto, la presencia del crudo, incluso en una pequeña quebrada, genera alta toxicidad para los peces que allí habitan. Dependiendo de la concentración de las sustancias, primero se altera el pH del agua, al que las especies acuáticas son muy vulnerables. Después, varía la composición del oxígeno disuelto y por último se inhibe el paso de la luz solar, con lo que la vida de los peces y demás organismos corre peligro.

Los efectos se van reproduciendo para los focos grandes de agua, y los árboles también reciben secuelas. De acuerdo con Rodríguez, los componentes del crudo se quedan sobre el suelo, penetran en las raíces y llegan hasta las hojas mediante el transporte de nutrientes. En el futuro, advierte, es posible que muchos de estos árboles mueran.

William Rengifo, director de Corpoamazonia (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia) confirma que, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la región amazónica, la gravedad del derrame aún no se ha dimensionado.

Al funcionario le preocupa que entre más se dilate la limpieza del crudo, mayores serán las afectaciones, y teniendo en cuenta que la ejecución de los planes de contingencia depende de “la capacidad de la empresa y las alcaldías, de las condiciones atmosféricas y de las de seguridad”, todavía no hay un estimado de cuánto tiempo tardará la recuperación.

Por lo pronto Rengifo denuncia una fatal omisión que, tal vez, pudo evitar el desastre.

Resulta que la empresa de transporte Cootranskililí, contratista de Vetra Group –la compañía que explota el petróleo en la zona– no tenía permiso para mover el crudo por la vía Campo Alegre-El Tigre, y aun así 23 tractomulas cargadas de crudo transitaban campantes hace 18 días.

Según el director de Corpoamazonia, en resolución de junio del 2013, por la cual él mismo aprobó el plan de contingencia propuesto por Cootranskililí para transportar hidrocarburos a través de nueve rutas, desde el municipio de Puerto Asís hacia el departamento del Huila, no estaba contemplado el tramo en cuestión. Tampoco lo estuvo en las modificaciones posteriores a la resolución que solicitó la empresa.

Hugo Parra, gerente de la compañía a cargo del transporte, explica que, por lo general, para mover el crudo, sus vehículos deben pasar por la vía Cuambí-Puerto Asís y posteriormente cruzar el río Putumayo en ferry hasta el corregimiento de Santa Ana; de ahí a Mocoa, luego a Pitalito, más tarde a Neiva y el destino final es Barranquilla.

Pero, aclara, en abril de este año, Vetra terminó las obras del corredor Campo Alegre-El Tigre, que evitaría tener que utilizar el río Putumayo como carretera y prevendría más de un derrame ocasionado por las inundaciones –bastante frecuentes– en ese cuerpo de agua.

Con la vía lista, le sugirieron a Cootranskililí utilizar el nuevo tramo que ellos mismos habían construido. Estos últimos hicieron caso, pero –en palabras de Parra– fue solo hasta el 7 de mayo que presentaron a Corpoamazonia la solicitud de que se incluyera la ruta en su plan de contingencia y hasta ahora no han recibido respuesta.

Sin muchos detalles, la versión de Rengifo es que nunca hubo tal solicitud y, por ello, la corporación está a punto de abrir un proceso administrativo sancionatorio contra la empresa transportadora y contra la que explota el petróleo.

El director de Corpoamazonia desconoce si, de haberse solicitado el permiso, le hubieran concedido o no la petición a la empresa, ya que los resultados de una serie de estudios técnicos y sociales pueden variar dependiendo de las características de la zona.

Sin embargo, Alba Mery Cuarán, rectora de la Institución Educativa de Maravélez, una de las veredas más afectadas por el derrame del primero de julio, da luces sobre lo que significa el transporte de crudo por la vía.

Según cuenta, si bien la carretera que construyó Vetra les cambió la vida –el camino a Puerto Asís desde su vereda ya no dura tres horas, sino 45 minutos– el polvo y la presencia de actores armados son sus nuevos enemigos.

La rectora dice que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde transitan casi 200 mulas cargadas de crudo y agua industrial a solo 20 metros del colegio. “Ese polvero es horrible. Estamos asfixiados. No importa si limpias y limpias el piso, las ventanas, los pupitres; al día siguiente todo está sucio de nuevo”.

Con la vía también aumentó la presencia militar en la zona, a tal punto que las directivas del colegio llegaron a un acuerdo con los padres de sus estudiantes: “Si ven la situación muy crítica, por favor no envíen a sus niños a la escuela”, fue el pacto.

Víctimas sin justicia

Más allá de la irresponsabilidad, lo cierto es que los derrames de crudo en Putumayo son cada vez más frecuentes y más graves. El primero en esta cadena reciente de desastres ocurrió en enero de este año, cuando miembros del frente 48 de las Farc abrieron las cisternas de 14 camiones cargados con petróleo y agua industrial. Con el hecho, se afectó por un mes el abastecimiento del líquido potable para 25.000 habitantes del municipio de Puerto Asís.

Al respecto, preocupa que mientras el principal renglón de la economía de Putumayo sea la explotación de hidrocarburos –según la Fundación Paz y Reconciliación, en 2009 se produjeron 27.874 barriles y en 2013 la cifra alcanzó los 44.882– el año pasado, el departamento concentró el 47 % del total de atentados contra la infraestructura petrolera del país al presentar 269 ataques sobre 568 a nivel nacional.

De acuerdo con los resultados de un trabajo de campo realizado por Ideas para la Paz en abril de este año en Puerto Asís, los derrames de crudo impiden el acceso de la población al agua, su consumo y su utilización para el riego de cultivos. A lo anterior se suma el hecho de que algunas empresas petroleras o autoridades locales no asumen la responsabilidad de descontaminar los ríos y suelos afectados por los atentados, en muchos casos argumentando que la contaminación fue causada por actores armados ilegales.

En este sentido, dice el informe de la organización, la institucionalidad no cuenta en la actualidad con una ruta específica para hacer frente al impacto humanitario derivado de estos ataques.

Para Armando Dulce, enlace de Víctimas de la alcaldía de Puerto Asís, los derrames “se convierten en una táctica de guerra que viola derechos, como el acceso a agua potable, a educación y a formas de subsistencia como la ganadería y la agricultura en las poblaciones”.

Al funcionario le preocupa que estos casos no sean vistos como hechos victimizantes sencillamente porque no se contemplan en la Ley 1448. La consecuencia, enfatiza, es que estas personas se están quedando sin la atención humanitaria urgente que necesitan.

Durante varios comités de Justicia Transicional que se han llevado a cabo en Putumayo, Dulce ha insistido en la necesidad de considerar a los afectados por derrames como víctimas del conflicto armado, mas la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se ciñe a la letra de la norma y evita generar polémica al respecto.

Lo cierto, según relata el funcionario, es que todavía hay afectados por derrames del año pasado con quienes no se ha hecho justicia y nuevamente sufren por el mismo problema.

Resulta irónico que en el 2014 el problema de las veredas que lindan con El Tigre sea el petróleo sobre el río Guamuéz, cuando hace exactamente 15 años su drama eran los 14 amigos, vecinos y familiares que fueron lanzados por paramilitares del Bloque Sur Putumayo a las mismas aguas. Hoy, nada se sabe sobre los desaparecidos de la masacre de El Tigre y nada se sabe sobre qué va a pasar con las víctimas del derrame.

MARIANA ESCOBAR ROLDÁN
marrol@eltiempo.com
@marianaesrol

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/empresa-afectada-por-derrame-en-putumayo-no-tenia-licencia/14266960

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