Proyecto para identificar conductas de corrupción en manejo de recursos públicos comienza

140619 corruptoPor: actualicese.com

Inicialmente serán 21 municipios de Colombia los beneficiados por esta medida. Se busca, entre otros objetivos, identificar amenazas y vulnerabilidades en la implementación de la Ley de Víctimas; facilitar la gestión de la Contraloría General de la República como órgano de control, para identificar conductas de corrupción en las zonas de consolidación, entre otras.

La Contraloría General de la República pondrá en marcha en 21 municipios de Colombia, afectados por el conflicto armado y con problemas de débil presencia institucional, un proyecto destinado a identificar conductas de corrupción en el manejo de recursos públicos y mejorar la gobernabilidad y los procesos administrativos y financieros. Esta iniciativa impulsada por el organismo tuvo un aporte de $2.000 millones de parte de la Embajada de los Estados Unidos.

El “Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación” tiene por objeto identificar en los municipios seleccionados los factores de riesgo y conductas de corrupción asociadas con la gestión de los siguientes recursos públicos:

Regalías por explotación de minerales, utilizados en proyectos de infraestructura; recursos destinados a la Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011); y Transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) destinadas a Salud y Educación.

Los municipios en consolidación donde se desarrollará este proyecto son: Arauca (Arauca), Barbacoas (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca), Caloto (Cauca), Cartagena del Chairá (Caquetá), Caucasia (Antioquia), Chaparral (Tolima), Maguí Payán (Nariño), Mapiripán (Meta), Ovejas (Sucre), Puerto Asís (Putumayo), Puerto Leguízamo (Putumayo), Puerto Rico (Meta), Quibdó (Chocó), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Santander de Quilichao (Cauca), Tarazá (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Tierra Alta (Córdoba), Toribio (Cauca) y Tumaco (Nariño).

Metas específicas

Con el desarrollo del Proyecto para el control fiscal municipal a recursos públicos en zonas de consolidación, se prevé alcanzar las siguientes metas específicas

1. Fortalecer el Estado de Derecho y la capacidad institucional en zonas de consolidación.

2. Facilitar la gestión de la Contraloría General de la República como órgano de control, para identificar las conductas de corrupción en las zonas de consolidación, y contribuir a la generación de un sistema de alertas tempranas.

3. Establecer planes gubernamentales de desempeño-mejoramiento en la ejecución de recursos públicos y acompañar su seguimiento.

4. Identificar amenazas y vulnerabilidades en la implementación de la Ley de Víctimas.

5. Acompañar a las autoridades municipales en el mejoramiento de sus procesos administrativos y financieros, con el fin de fortalecer la gobernabilidad local.

Equipo y financiación

La parte operativa de este convenio por parte de la Contraloría General de la República está a cargo del Equipo de Monitoreo y Seguimiento a la Política Pública dirigida a la Población Víctima, que hace parte de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

Los recursos destinados al convenio por parte de la Embajada de Estados Unidos en Colombia no ingresarán al presupuesto de la Contraloría General de la República. Serán ejecutados directamente por la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo del Proyecto.

Durante la firma del Acuerdo, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, dijo que la presencia de este organismo de control en los municipios, vigilando los recursos de regalías y del SGP, ha permitido recuperar la credibilidad y confianza en la institución por parte de la ciudadanía, y el proyecto que se pondrá en marcha va a reafirmar esta situación.

Por su parte, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Jorgan K. Andrews, dijo que espera que este modelo sirva de ejemplo para replicarlo en otros municipios.

Burocracia atenta contra el control fiscal

Indalecio Dangond escribe en kienyke.com que mientras en Colombia no exista una total independencia entre quien ejerce el control fiscal y quienes son fiscalizados, no podremos erradicar estos niveles tan altos de corrupción.“Las contralorías del orden nacional, departamental, distrital y municipal, se han constituido en una carga burocrática con altos costos de funcionamiento y pocos resultados a la hora de vigilar, controlar y recuperar los bienes públicos”, afirma.

“Una solución para acabar con este maridaje ilícito, es desligar a los auditores de los contralores. La vigilancia de la gestión fiscal se debería hacer por medio de entidades privadas constituidas por profesionales de la contaduría, expertos en auditorias y revisoría fiscal, para que ejerzan auditorias financieras y de desempeño que permitan establecer el grado de eficiencia y eficacia de las entidades publicas. Todo ello, bajo la inspección y vigilancia de la Contraloría General de la República”.

En conclusión, la contraloría debería enfocar sus objetivos en mejorar las normas de control interno, así como los principios de contabilidad que deben aplicarse en el manejo de los recursos de la administración pública. Por su parte, las contralorías departamentales, distritales y municipales, deberían convertirse en organismo de inspección y vigilancia de las firmas privadas de auditores y revisores que presten al sector publico los servicios de control fiscal. Como una especie de superintendente de fiscalización.

Proyecto para identificar conductas de corrupción en manejo de recursos públicos comienza


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