El corregimiento San Juan de Villalobos, Santa Rosa, es paso obligado de cientos de camiones con petróleo crudo desde Putumayo hacia el interior del país. Y hoy está pagando un alto precio ambiental y social debido al índice de accidentalidad de tales vehículos y a la inoperatividad del Estado.
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A mediados del año 2011 empezaron a transitar por San Juan de Villalobos, corregimiento ubicado a unas 8 horas en carro desde Popayán, alrededor de 100 camiones cisterna con petróleo crudo extraído en el departamento del Putumayo, con destino a diversas industrias y a los puertos de Buenaventura y Barranquilla.
El paso de mencionados vehículos por el corregimiento caucano fue inevitable desde un principio, puesto que está ubicado en plena ruta entre Mocoa, capital del Putumayo, y Pitalito, en el Huila, salida hacia el resto del país. Sin embargo lo que parecía en sus inicios la llegada del desarrollo a esta apartada región sur caucana, poco a poco se fue convirtiendo en un dolor de cabeza para los habitantes de las 24 veredas que conforman ese sector.
Gladys Calvache, presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Juan de Villalobos ha sido fiel testigo de lo que ha pasado en los últimos tres años respecto al tráfico de los tracto camiones petroleros por la estrecha carretera que surca su poblado.
«Antes se desplazaban unos 100 o 150 vehículos, pero hoy se movilizan en promedio 300 camiones cisterna que transportan crudo desde la zona del Putumayo todos los días, de lunes a domingo incluyendo festivos en todos los horarios: pero lo que ha pasado es que se maneja a altas velocidades, que no se respeta el peatón, no hay responsabilidad en la vía», narró la líder comunitaria.
Ruta mortal
Más de 30 personas lesionadas y 5 muertos es la triste cifra que arroja la accidentalidad que generan las ‘mulas’, como llaman en la región a los pesados y largos vehículos de 22 llantas que a diario mueven miles de barriles de petróleo crudo desde las entrañas del Putumayo hacia el resto de Colombia.
Para citar casos recientes, en diciembre de 2013 un campesino fue arrollado por una ‘mula fantasma’. Aun se recupera de sus fracturas, mientras nunca se supo del autor del incidente. En ese mismo mes, tres motociclistas murieron, y ya para comienzos del 2014, el 8 de enero, en el kilómetro 79 del tramo San Juan de Villalobos, perdieron la vida dos menores de edad, y 4 personas más resultaron heridas.
Pero la tragedia no se quedó allí; Albeiro Piso Camayo, líder comunitario de la zona indicó que «estamos muy preocupados con la situación del transporte de hidrocarburos que pasa por nuestra región por la cantidad de derrames de crudo que ha habido desde que empezó la operación de transporte del combustible ya va a hacer 4 años».
Lo que indica el vocero de los labriegos, y que se suma a la pérdida de vidas humanas se refleja en un inmenso daño al medio ambiente. Un camión cisterna tiene una capacidad para transportar entre 210 y 270 barriles dependiendo la densidad del petróleo crudo, o sea que en 12 accidentes, todos con derrame incluido, más de 2 mil 500 barriles del hidrocarburo han ido a parar a las aguas de quebradas como El Limón, La Escalera, Rodríguez; y a los ríos Los Cauchos y Villalobos, cuya desembocadura es en el río Caquetá.
«Ha habido 12 accidentes de tracto camiones y miramos con preocupación que solo se han abierto tres procesos sancionatorios para todos estos casos, y entonces quedan como en la impunidad 9 más que no sabemos dónde están, toda la cuenca media del rio Caquetá está siendo afectada», sentenció Piso Camayo.
De acuerdo con el ambientalista Wilmer Gutiérrez, luego del derrame de crudo en un ecosistema los daños son incalculables; la flora y la fauna son las que sufren las mayores pérdidas. «En el caso de las aves el crudo se les impregna en sus plumas, pierden la capacidad de protección al perder su aceite natural y terminan muriendo de hipotermia», indicó el experto.
En lo referente al suelo deben pasar muchos años para que recupere de nuevo sus propiedades. Gutiérrez dijo que en zonas como la de San Juan de Villalobos, dados los ecosistemas ahí presentes en algunos casos la recuperación puede llegar a demorar hasta un siglo. Sin embargo indicó que si los derrames no son tan enormes un ecosistema puede ‘revivir’ entre 15 y 20 años. (Ver aquí: La comunidad está desesperada).
En búsqueda del diálogo
El pasado 20 de enero la comunidad citó a los entes ambientales y a los transportadores para exponer la problemática por la que pasan, sin embargo aunque asistieron representantes de 14 de las 35 empresas transportadoras de petróleo, no estuvo presente ningún operador, que en palabras de Gladys Calvache, es en últimas con quienes se pueden llegar a acuerdos dado que son los que contratan y deben referirse a los planes de contingencia.
Aunque no se lograron acuerdos, se programó una reunión / audiencia para el próximo 24 de febrero, fecha en la cual se espera que todos los actores de la situación definan una agenda de trabajo, de lo contrario «lo otro es levantar unas acciones ya judiciales, como ya pueden ser unas acciones de grupo, una acción de tutela para obligar a estas empresas a que paguen por los daños que causaron con la contaminación colectiva. Y como la Corporación se quedó corta en las acciones, entonces eso lo vamos a tratar en una audiencia pública», concluyó la líder comunal.
Hicieron presencia en la reunión las empresas transportadoras: Cootransamazonica, Trasportes Caribe, Cootranskilili, Teca transportes, Transservices Ltda.,y representantes de Petroservices, Cootranscopetrol, Coltanques, Otransa Invertrac S.A. , Transdepet, Tres Fronteras, Trans Quintal, y Transportes Hong Kong.
¿Maniatados para actuar?
Sobre la delicada temática, Zully Martínez Molano, de la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, expresó que dado que las licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos las otorga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por lo tanto la Corporación no está en la facultad de determinar quién hace el seguimiento de mencionadas licencias.
En lo que corresponde al transporte de hidrocarburos indicó que teniendo en cuenta la Resolución 1401 del 16 de Agosto del 2012, el Ministerio del Medio Ambiente establece que es necesario que las empresas transportadoras presenten unos planes de contingencia.
«Esos planes de contingencia para los eventos de derrame por accidentes deben presentarlos ante las autoridades ambientales en donde están los puntos de cargue de los hidrocarburos, y en el caso del departamento del Cauca no tiene puntos de cargue y entonces desde ese punto de vista nosotros no tendríamos competencia para aprobar los planes de contingencia», indicó la funcionaria. Aseveró además que «cuando no se expide la licencia ambiental tampoco nosotros podemos hacer el seguimiento así este en nuestro territorio».
Así la situación, como los puntos de cargue del petróleo están ubicados en jurisdicción del Putumayo, entonces sería la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA el ente encargado de aprobar dichos planes. Pero lo confuso del asunto es que de acuerdo con la verificación de registros de acciones efectivas frente a los 12 accidentes, por ese lado tampoco se está cumpliendo con el principio legal que indica que quien otorga los permisos debe hacer un seguimiento y tomar acciones del caso cuando se presenten irregularidades.
¿Entonces para qué está la CRC?
Es la pregunta que se hacen los miles de habitantes de toda la jurisdicción de San Juan de Villalobos, puesto que como caucanos lo más natural es que un ente del Departamento actué frente a lo que viene sucediendo desde hace tres años y medio, y defienda los intereses de la región.
Al respecto, el ingeniero Jorge Palechor, subdirector de la Defensa del Patrimonio de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, reconoció que en lo único que puede actuar el ente ambiental es mediante un procedimiento que tiene que ver con Protección y Vigilancia en Recurso Natural. «Podemos entrar ya a hacer unos procesos pero por ese sistema más no por el seguimiento ni por la competencia a planes de manejo», añadió.
Así las cosas, teniendo esa posibilidad de maniobra, tal como lo manifestaron los habitantes de San Juan de Villalobos solo se han atendido tres casos de 12 que se han presentado. Sobre esos reportes el ingeniero manifestó que de los dos últimos se han realizado análisis de agua, y que ya en este momento están los resultados y «podemos determinar con certeza de que hay contaminación en el agua; con eso ya nosotros iniciamos el proceso sancionatorio porque es la prueba para nosotros».
Además del sancionatorio por la afectación ambiental de uno de los casos que estaría generándose, hay dos resultados de análisis con los que se espera se inicien otros dos procesos de ese tipo. Estos corresponden a los tres accidentes más recientes.
Luego de hacerse los respectivos análisis para verificar si hubo afectación del recurso «tendríamos inicialmente vincular a la empresa transportadora, y ya en el desarrollo del proceso se observa si son los únicos responsables o si hay otras personas que aparezcan como responsables y se vinculan al proceso sancionatorio», afirmó Zully Martínez Molano.
(Ver aquí: La culpa es del vació jurídico).
Por: Ferney Meneses Gutiérrez
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