Por : John Harold Agudelo Calderón
El proceso de marginación en la sub-regiónAmazónica colombiana ha causado muchos problemas de tipo social, económico y medio-ambiental. En este ensayo se da también una breve descripción de la región y su importancia para el país y el mundo. Luego, el proceso de marginación es resaltado, seguido por una breve descripción de la historia de su desarrollo. En particular la cultura de la ilegalidad, uno de los resultados de la marginación en Colombia es discutido en más detalle. Más adelante, los efectos de los cultivos ilícitos sobre las condiciones sociales y medio-ambientales en la región serán destacados. Al final se redactan unas conclusiones basadas en las discusiones y recomendaciones hechas para superar la crisis; recomendaciones que podrían guiar hacia una alternativa de desarrollo en la región.
La Amazonia entera se extiende sobre territorios de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam y las Guayanas francesa y holandesa. El 35% de Colombia, (336.583 kilómetros cuadrados) es ocupado por la Amazonia, repartida en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare y Guainía; que corresponde al 7% de toda la Amazonia. La que Colombia llamamos sub-región Amazonia, o amazónica (de ahora en adelante la Región) comprende únicamente los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, que abarca un 66% de la Amazonia colombiana; los demás departamentos amazónicos son agrupados en la sub-región Orinoquia. La Región es también el hogar de 59 comunidades indígenas, la mayoría de ellas aun preservan sus costumbres culturales y viven en armonía con su medio ambiente, tal como lo han hecho por siglos. Aparte de las comunidades indígenas, la mayor riqueza que la Región posee radica en su importancia ambiental global.. Su bosque húmedo tropical posee la mayor biodiversidad del planeta y hasta es considerada ser los pulmones del planeta por su enorme capacidad para secuestrar dióxido de carbono. Su vastos recursos hídricos y topografía hacen la Región viable para múltiples desarrollos hidroeléctricos (CORPES, 1996). Todos estos hechos deben ser tenidos en cuenta para imaginar el impacto de la marginación sobre la Región, en el contexto de Colombia y el mundo.
El proceso de marginación de la región se puede remontar a la época de la república. El rol de la Región a nivel nacional empieza con un proceso extractivista desde el siglo 18 hasta el presente con la explotación irracional de los recursos naturales como con la quina y el caucho con la concomitante esclavitud de las comunidades indígenas hasta principios del siglo XX. La colonización de Colombia fue liderada por los Monjes Capuchinos a comienzos del siglo XIX, seguido por las compañías petroleras de los USA a finales de 1950 luego de que se encontró petróleo en el Putumayo y de aventureros en búsqueda de las bondades del petróleo y de otros exhortados por las políticas del gobierno central contenidas en la Alianza por el Progreso (Romero, 1999). La Región depende inmensamente de la explotación de petróleo y de los recursos naturales. El petróleo fue el principal catalizador de la colonización, cuando las multinacionales compañías petroleras descubrieron el mineral en Putumayo y construyeron la básica infraestructura necesaria para su explotación en 1957 atrayendo ejércitos de colonizadores (Domínguez, 1984). Esa actividad tuvo impactos negativos sobre el desarrollo de la Región, puesto que ha contribuido a la degradación del medio ambiente y al deterioro de la calidad de vida de las comunidades locales, debilitando sus valores y medios de subsistencia. Los estudios de impacto ambiental realizados antes de la ejecución de los proyectos petroleros no tuvieron en cuenta el daño causado a las comunidades locales. Luego, cuando los efectos negativos fueron evidentes, las compañías trataron de menguarlos y contentar las comunidades invirtiendo unos pocos recursos en pequeños y aislados proyectos infraestructura tales como la reparación de la escuelita veredal o el mantenimiento de la carretera veredal, dispersando los recursos que se podrían haber invertido articuladamente con un plan de desarrollo regional que hubieran traído un gran impacto positivo (CORPOAMAZONIA, 1996). La explotación de petróleo y de los recursos naturales aún se llevan a cabo en la Región y todavía despiertan muchas dudasen las comunidades locales toda vez que ello ocurre sin que sean consultadas con ellas. (Romero, 1999). Simultáneamente con los procesos de colonización creció un conflicto político interno que alcanzó su pico durante la sangrienta era de violencia entre 1948 y 1957, llamada la época de La Violencia.
La región se convirtió en refugio de gente desplazado huyendo a la violencia. En 1973, el gobierno Colombiano desarrolló una política llamada El Pacto Chicoral, especialmente diseñada para promover la colonización de la selva amazónica por los campesinos internamente desplazados para amainar la tensión social producida por la alta población de las mejores tierras del interior del país. La clase dominante en el poder se quedó con las mejores tierras del país creando una situación de frontera, dividiendo el país en regiones desarrolladas y no desarrolladas, desplazando a la gente pobre hacia aquellas regiones donde la clase dominante no veía útil para el desarrollo de la nación. La sub-región Amazónica fue una de esas. El fruto de ese proceso fue el surgimiento de varias provincias desorganizadas por toda la Región, sin los más básicos servicios públicos como la infraestructura vial, eléctrica y agua potable, creando una crisis social y medio-ambiental de pobreza y abandono (Romero, 1999). Luego surgieron disputas sobre el control del poder político y los campesinos fueron nuevamente excluidos de participar en el desarrollo de esas áreas que fueron forzados a ocupar.
El incoherente proceso de colonización ha dejado unos desbalances económicos, sociales y políticos en la Región. Esto produjo una atmósfera de desorden y caos donde el centralismo, la ineficiencia y la burocracia y hasta la corrupción contribuyeron a la descomposición social. El tratamiento marginal de la Región y su población ha causado una profunda inestabilidad que inevitablemente condujo a una cultura de ilegalidad. Esta atmósfera facilitó que grupos particulares dominantes explotaran los recursos y las gentes de la Región para sus propios intereses, llegando así al surgimiento de organizaciones armadas ilegales, narcotráfico y siembra de cultivos ilícitos. Este proceso ilegal ha destruido el tejido social y a la comunidad, desarrollando un extremo individualismo y formas más avanzadas de ilegalidad que destruyeron los valores morales e infundieron una urgencia de enriquecimiento rápido; en otras palabras, se desarrolló una narco-mentalidad (Restrepo y Reyes, 1996).
Comerciantes, como también empleados del gobierno establecieron nexos económicos con organizaciones criminales asociadas con el narcotráfico, el lavado de dineros y el tráfico de armas. A su vez, este ambiente de inestabilidad y corrupción ayudaron la expansión de los cultivos de coca. Esta economía ilegal oscureció la dimensión de la marginalidad de la Región y la respuesta del gobierno fue la de lanzar una doctrina sistemática de conflicto de baja intensidad. Esta se volvió la dinámica de integración de la Región al mercado internacional y la estrategia del conflicto de baja intensidad creo buenas condiciones para su proliferación en la región, poniendo sus comunidades como blanco del conflicto. La marginación junto con la ilegalidad ha generado un empobrecimiento severo de los recursos regionales y así a una marginación social, cultural y económica aún más profunda que a su vez amplía más la brecha para su integración al desarrollo del resto del país (CORPOAMAZONIA, 1996).
El desarrollo fue también obstaculizado por el uso de prácticas agropecuarias inadecuadas para la Región. La ausencia de estado en la Región, la colonización acelerada y desorganizada, además de la ausencia de unas tecnologías agropecuarias claras y especiales para las condiciones amazónicas han causado un acelerado deterioro del medio ambiente y sus invaluables recursos. Derrames de petróleo contaminando cuerpos de agua, suelos y el ambiente en general, producto de actos de sabotaje de las guerrillas como parte de su torpe campaña contra la economía extractivista del gobierno, junto con la deforestación para la producción agropecuaria y la extracción de madera son los mayores agresores del medio ambiente en la Región. Según un estudio realizado por CORPOAMAZONIA (1996), se calcula que cada año se pierden 25.043 hectáreas de bosque de maderas duras, solo en el Putumayo. Parte del proceso ha sido la deforestación de grandes extensiones de selva para el establecimiento de sistemas ganaderos, como enclaves importantes de la colonización. Por ejemplo, entre 1939 y 1960 el latifundio de la familia Lara taló 35.000 hectáreas dentro de su explotación agropecuaria (Domínguez, 1984). La práctica de tumba y quema de bosque para el establecimiento de cultivos de pan-coger es muy común en la Región, pero más frecuente para la siembra de coca. De esta manera, la falla de la implementación de la tradicional economía agropecuaria campesina en el ambiente amazónico fue la causa directa de larápida aceptación del nuevo producto (Romero, 1999).
Las plantas de coca fueron declaradas como material ilegal por la Convención de Viena en 1961 y propuso su erradicación total para el año 1986 como solución al problema. Las comunidades indígenas de Perú, Bolivia y Colombia protestaron enfáticamente ante la resolución de las Naciones Unidas de 1961, 1971 y 1988 y confirmaron el uso de la hoja de coca como parte sagrada de sus culturas. A principios de los 90s, algunas comunidades indígenas admitieron producir coca para usos comerciales además de su uso tradicional, debido a su difícil situación económica y social. Los campesinos también lo admitieron aunque enfáticamente negaron tener algún vínculo con el tráfico de cocaína y vehementemente expresaron su desacuerdo con la criminalización de su cultivo por el estado la sociedad quienes los han marginado por décadas. De todas maneras, el gobierno reafirmo que es imposible desligar la producción de la hoja de coca del narcotráfico, estigmatizando juntos a los capos de la droga y campesinos e indígenas que siembran matas de coca. La siembra de coca a pequeña escala se volvió entonces ilegal, lo que convenientemente ocultó el verdadero origen social del problema y fue usado para justificar el tratamiento represivo a campesinos y comunidades indígenas (Restrepo y Reyes, 1996). La represión e interdicción de coca empezaron en Bolivia y Perú y de ahí paso a Colombia en los 70, quien para 1994 fue el tercer productor de hoja de coca en el mundo, volviéndose el primero, solo unos pocos años después (Restrepo y Reyes, 1996).
El proceso del cultivo de coca para la producción de cocaína es un factor muy importante en la destrucción del medio ambiente de la Región. En el año 200 la Región tuvo unas 90.000 hectáreas plantadas en coca, lo que es una situación muy preocupante si se tiene en cuenta que para su establecimiento, los cultivadores deforestan una área de bosque, queman, siembran y comienzan a usar químicos muy agresivos como el paraquat y elendosulfan, para la protegerlo de otras especies vegetales y todo un ejército de trabajadores foráneos especialmente traídos para su cosecha. El alcaloide es entonces extraído de las hojas con muy fuertes químicos líquidos y sólidos – extremadamente ácidos y extremadamente alcalinos – los cuales terminan siendo vertidos a los suelos y los ríos al final del proceso (Vargas, 2004).
A la expansión del cultivo de coca le siguió la presión de los grupos guerrilleros a los cultivadores para obligarlos a pagarles impuesto por la producción de la hoja, como también a los productores de cocaína, dado que a la final eran la reconocida autoridad. La corrupción a altos niveles del gobierno también hizo más fáciles las prácticas ilegales. La narco industria se desarrolló perfectamente en la Región, puesto que un gran mercado había asegurado enormes ganancias para los traficantes y empleo para la gente en la Región (Romero, 1999).
El consumo de cocaína en los EU es enorme y este ha declarado la guerra contra las drogas, siendo Colombia uno de las principales frentes del combate. Esto ha contado con la cooperación del gobierno colombiano, quien ha aceptado la fumigación aérea de los cultivos de coca como la principal herramienta para su erradicación. El programa de erradicación se ha desarrollado por más de dos décadas, principalmente auspiciada por los EU; y su mayor empuje ha sido en el 2000 a través del denominado Plan Colombia, que consiste en US$1.300.000.000 (con la renovación anual a través de la agencia estadounidense USAID, condicionado a la certificación por continua cooperación en la guerra contra las drogas y otras condiciones) en armas, helicópteros, entrenamiento de tropas y dotación de químicos para las fumigaciones. Uno de los componentes más agresivos de la fumigación de cultivos ilegales es el herbicida Roundup o Glifosato, producido por la multinacional estadounidense Monsanto.
Una larga lista de interesados a nivel internacional ha alzado su voz de protesta contra esas prácticas alrededor del mundo. Sin embargo, el Departamento de Estado de los USA sigue firme en sus intenciones y acciones, a pesar de varios estudios científicos y económicos mostrando la ineficiencia e inconveniencia de su política antidrogas, especialmente la fumigaciones con químicos. Uno de los puntos más candentes del debate es la fórmula usada para la fumigación química de las fumigaciones, la cual es quinientas veces la concentración recomendada por la compañía que la fabrica. Las fumigaciones exactas son raras, debido a imprecisiones satelitales, micro aerología del área y limitaciones del vuelo. Ha habido una creciente evidencia médica que las fumigaciones causan afecciones oculares y dermatológicas que dura semanas, a la gente de la región y en algunos casos ha llegado ha matar animales pequeños. Un grupo de líderes indígenas y colonos de la Región fueron a Washington a protestar contra las fumigaciones aéreas por estar poniendo en peligro los habitantes de la selva amazónica y el equilibrio ecológico de la selva amazónica. Además, los hechos son claros: las fumigaciones no están arrojando los resultados esperados. Estudios satelitales de diferentes fuentes mostraron un incremento en las plantaciones de coca en Colombia de 122.500 Ha en 1999 a más de 137.000 en el 2000. (Montañés et al, 2001)
Los resultados de las políticas de erradicación forzosa son desastrosos para el medio ambiente; toda vez que las áreas fumigadas son abandonadas por los cultivadores, quienes entonces empujan la frontera agrícola deforestando más profundo en la selva para establecer nuevos cultivos, especialmente en áreas de parques naturales, los que eventualmente también serán fumigadas, creando así un círculo vicioso de destrucción (Montañés et al, 2001). En Tailandia, la erradicación también probó ser un desastre ecológico y social Restrepo y Reyes, 1996). También se ha dicho que las fumigaciones aéreas y sus efectos negativos hacen escalar el conflicto armado (Montañés et al, 2001). La pérdida de la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales ha dado origen a violentas reacciones, haciendo que estos grupos involucren a los cultivadores en violentas protestas contra el gobierno legítimo, haciéndolos formar parte de la guerra (Vargas, 2004).
En conclusión, la dimensión de la crisis es tan grande que se expande a otras regiones de Colombia. Incluso tiene efectos en la estabilidad de los gobiernos de países vecinos, como es reconocido por el Departamento de estado de los EU (Vargas, 2004). De todas maneras, el producto de décadas de marginación no puede ser corregido con un tratamiento represivo por parte del estado a la Región y sus pobladores. Es crucial que todos los actores que causan la crisis social y ambiental en la Región sean neutralizados. Para ser realistas, el cambio de las fuerzas de la globalización afectando la Región será lento, pero es mucho lo que puede hacerse rápidamente al nivel regional. El gobierno central junto con la cooperación internacional puede desarrollar políticas nacidas en la concertación con la población y sus organizaciones. El primer y más importante rol del estado sería el de hacerle cambios a la política de represión, deteniendo las fumigaciones e implementando alternativas de desarrollo para detener la producción de cultivos ilícitos. También debería dar más participación y autonomía a la Región, invirtiendo recursos en diseñar y desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, regulando el modelo económico e implementando una seria y equitativa reforma agraria que además detenga los frentes activos de colonización que están destruyendo los recursos naturales. Reforzando el sistema judicial, dando transparencia en el gobierno, fortaleciendo la democracia, ‘los poderes regionales y locales deben integrarse en una estructura de manejo racional’ (Vargas, 2004). Todas estas medidas encaminadas a atacar las causas de la crisis ayudaran a establecer las condiciones sociales, económicas y ambientales necesarias para un desarrollo sostenible en la Región.
Ensayo por John Harold Agudelo Calderón en Recursos y Desarrollo Regional – Resources and Regional Development ENVI5802- / Master of Applied Science, Molecular Biotechnology – The University of Sydney, 2004 jacoloz@gmail.com Bibliografía:Corpoamazonia, “Sostenibilidad e Ilicitos. Conclusiones y propuestas de las mesas de trabajo conjunta Petroleo, Ambiente y Paz”. Documento presentado por el Congreso Nacional Ambiental, realizado en Guaduas, Cundinamarca, Julio, 1998.
Dominguez, Camilo. “National Expansions and Development Policies in the Colombian Amazon”, en Schmith& Wood (eds) Frontier Expansion in Amazonia (Gainesville: University of Florida, 1984) pp 405-418.
Montanes Virginia, Jelsma Martin, Vargas Ricardo and Armenta Amira (Eds). “Fumigation and Conflict in Colombia-In the Heat of the Debate”. Debate Papers, September 2001 no. 2, for the Transnational Institute Fumigation and Conflict in Colombia
(http://www.tni.org/reports/drugs/debate2.pdf)
Restrepo Luis Alberto & Reyes Alejandro. Notas de Primer Taller sobre Cultivos Ilicitos, Junio 13, 14 y 15, 1996.
Romero Amanda. “Putumayo – theStrategic South”, SpecialReportforActualidad Colombiana, Diciembre 15, 1999.
(http://www.actcol.ibiblio.org/engdoc/putumayo99.html)
Vargas Ricardo, Strategy for Controlling the Drugs Supply Illicit crops and Alternative Development Policy Recommendations”. Paper presented at the seminar “Cultivation of Illicit Crops and Alternative Development, The Case of Colombia as Compared to Laos and Afganistan, Marzo 17, 2004.
(http://www.mamacoca.org/Ed%20Especial4/libro_cultivosAgenda_salgado_narcoagricultores.html)