Por : Carlos Jimenez.
Durante décadas, la firma de compromisos es el festejo final de los logros sociales que generalmente se alcanzan por vías de hecho. Al no existir la ley o norma que haga cumplir estos compromisos, estos quedan soportados en la buena fe de las partes. Esta situación tiene a las instituciones y organizaciones del país, y especialmente a las regiones apartadas, que por cierto son las que asumen el costo de la desigualdad regional, en un pulso de fuerzas que en muchas ocasiones no llega a feliz término.
Nuestra democracia tiene debilidades estructurales que se ven reflejadas en el desbalance del poder en favor del ejecutivo y la supremacía del nivel central. Esto profundiza más la importancia de la voluntad política que el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en nuestra Constitución Política.
El paro cívico que se desarrolló en Mocoa durante 4 días es un claro ejemplo de los logros de la ciudadanía de una región marginada del desarrollo pero proveedora de recursos que exporta el país. La reacción de los Mocoenses justificada en la injusticia de la dinámica de la explotación de hidrocarburos presionó al Gobierno Nacional para sentarse a la mesa, hacer visible el problema y buscar mecanismos de diálogo y concertación.
El Comité por la Dignidad de los Mocoenses firmó el acta de compromisos y se declaró en sesión permanente para hacer el seguimiento a lo pactado en cuatro temas importantes y urgentes: (1) infraestructura centrado en la construcción de la variante y la reconstrucción de la malla vial, (2) combustibles, (3) inversión social y (4) ambiental. El comité cuenta con una hoja de ruta para coordinar programas nacionales, departamentales y locales con fechas y tareas específicas para su materialización. Sin embargo, el cumplimiento está supeditado a la voluntad política del gobierno nacional, a la capacidad de gestión de los gobiernos locales y al empeño de los Mocoenses en hacer valer sus derechos.
Gracias a las personas que tomaron la iniciativa y a quienes se sumaron a este propósito, se ha puesto en la agenda pública nacional el tema y con ello, mediante la firma del acta, se generaron acuerdos sobre cómo avanzar hacia los objetivos. El agradecimiento se hace extensivo al Padre Tarquino, quien inició y terminó el proceso con los mensajes de la Palabra de Dios.
Para finalizar, este importante esfuerzo de la ciudadanía, nos hace reflexionar sobre la necesidad de contar una Ley que obligue a los gobiernos nacionales, regionales y locales a cumplir los compromisos que se adquieren con el pueblo soberano en el marco de las negociaciones de este tipo. Como participante de este proceso y de muchos más en el Departamento del Putumayo, pienso que desde el Congreso se debe impulsar un proyecto de Ley para que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales y sociedad civil desde la Constitución de 1991; este sin duda es un gran paso para reducir la desigualdad regional y desarrollar políticas públicas desde las bases sociales y por tanto más efectivas.