Los campesinos involucrados en programas estatales de desarrollo alternativo, que incluso que contaron con ayuda internacional, están a la “vuelta de la esquina” de volver a sembrar coca para poder subsistir, ante el oscuro panorama que se cierne sobre sus cultivos “salvadores”.
Es decir, abandonarían el fríjol y el cacao y se irían, de nuevo, hacia las siembras ilícitas.
Y es que el panorama que afrontan esos campesinos, desde hace varios años es bien opaco: empezaron con fríjol; pero hace cinco años trabajan a pérdida por malos precios; entonces les propusieron plantar cacao, el “boom de ese momento” y estimado como la panacea de salvación; sin embargo, desde hace un año las cotizaciones de ese grano se han caído por encima del 35%. Es decir, pérdidas sobre pérdidas.
La grave denuncia fue hecha por José Isauro Román, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Pecuarios de Santa Rosa del Sur, Asocalima, quién a su vez dijo que “esta problemática la conoce el Ministerio de Agricultura, se la hemos hecho manifiesta de mil formas, pero nada ha pasado mientras que en las regiones, la situación es muy dramática y se acentúa con el pasar de los días”.
Para el directivo, cuando aparecieron los programas alternativos, igual lo hicieron un sinnúmero de funcionarios del Estado, de la Usaid, del Programa Midas y del Programa Adam; “hoy que estamos en esta delicada situación no se asoma ni uno”, aseveró.
Para José Isauro Román, quien a su vez hace parte de la Mesa Nacional Cacaotera, hay presiones muy fuertes para volver a la siembra de coca en las regiones.
“Les proponen a los campesinos muy buenos precios e incluso, la compra del producto en el mismo cultivo. Es todo lo contrario a lo que el Estado nos propuso. Ni el fríjol ni el cacao hoy valen nada y las comunidades están aguantando hambre. ¿Dígame que opción tiene un hombre para poder subsistir con su mujer e hijos?…Ellos están en una verdadera sin salida”, agregó.
El directivo dijo que esa situación se está viviendo en todas las zonas donde el Gobierno Nacional propuso programas alternativos para la sustitución de siembras ilícitas como por ejemplo Catatumbo, Cauca, Putumayo, Sierra Nevada de Santa Marta, Sur de Bolívar y Magdalena Medio.
“Las comunidades colocaron todo de sí, porque ellos quieren trabajar legalmente; sin embargo, en esta crisis el Gobierno nos dejo solos y a la deriva”, enfatizó.
No era tal
Y para terminar de completar la situación, según José Isauro Román, esa salvación que se llamó cacao, no fue tal en cuanto a las producciones proyectadas y de calidad del grano.
“Acá llegaron los técnicos y nos dijeron que esos clones de cacao tendrían producciones de entre 1.500 y 2.000 kilos por hectárea; sin embargo, la realidad es otra, pues máximo acá cuando los cultivos tienen las mejores atenciones se llega a los 600 kilos, es un desfase total que atenta de manera directa contra el bolsillo de los productores”, agregó.
Y respecto a la calidad, el represente de Asocalima, expresó que ésta se paga en los centros de compra igual a cómo se cancela cualquier grano comercial.
“Ya no tenemos programas de asistencia técnica y dinero con qué atender los cultivos; incluso, muchos campesinos ya han abandonado esas siembras. Lo peor está por venir”, dijo.
Vienen las deudas
Para completar la crisis, los campesinos tienen deudas atrasadas con el Banco Agrario de Colombia.
Según José Isauro Román, muchas personas de estos programas accedieron a créditos asociativos, los cuales no podrán cancelar.
“Hay casos en que perderán hasta su tierra, pues no tienen como pagar nada. Los cultivos no han dado ni siquiera para subsistir, mucho menos, para cancelar los créditos”, aseveró.
Igualmente, denunció el programa de créditos asociativos, el cual se ha vuelto un factor que pesa sustancialmente en la crisis que padecen.
“Si bien el crédito asociativo es muy económico, éste se encarece con la fiducia, el operador y el asumir créditos de campesinos que han fracasado. Hay varias cooperativas y asociaciones que esta modalidad crediticia los asfixió, de ahí, que ese programa merezca una revisión total por parte del Estado”, aseveró.