Catorce 6 visitó el departamento del Putumayo, uno de los más afectados por las fumigaciones, para conocer en terreno lo que sucede con los afectados por la aspersión del tóxico. Nos encontramos con la degradación de la tierra, el silencio de las autoridades, deforestación, falta de alternativas y productos fumigados que los campesinos comercializan para sobrevivir.
En Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, a 600 kilómetros de Bogotá, el panorama verde parece infinito. A lo lejos, el paisaje está enmarcado por la Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, el punto de encuentro entre las cordilleras Central, Oriental, la Amazonía y el valle del Magdalena, y uno de los corredores de selva más importantes del país. Los cerros más cercanos están recubiertos por millones de árboles; desde el aire asemejan un tejido esponjoso que se extiende hacia el sur y el occidente para formar parte de la gran Amazonía, un territorio que se debate entre seguir siendo el pulmón del mundo o convertirse en distrito minero.
Pero la multitudinaria apertura de pozos petroleros y los proyectos mineros sin adecuados manejos ambientales no son los únicos dilemas del Putumayo. Las fumigaciones, que obedecen a la guerra antidrogas, no dan tregua a los campesinos.
Lo dice Felinto Chaux, un agricultor de la vereda El Comino, en Puerto Guzmán, quien narra con angustia cómo una semana atrás sus plantas de yuca y plátano fueron arrasadas por una fumigación con avioneta. “Plátanos ennegrecidos, yucas secas, hojas envenenadas, pastos marchitos; eso es lo que queda en medio de la tierra fumigada. Contemplar ese panorama da tristeza y produce desesperanza”, dice, mientras señala sus plantaciones marchitas.
Catorce 6 se desplazó hasta las veredas afectadas, en plena zona de fumigaciones, y comprobó el estado de desolación en la que quedan los campos sometidos al glifosato. Un hecho llamó la atención: no se divisan cultivos de coca en los alrededores, ni mezclas de plantas de coca entre las plantaciones. Ello se debe a que la zona visitada fue acogida en el 2006 por el programa Presidencial de Familias Guardabosques, que buscaba que los cultivadores de coca abandonaran voluntariamente sus cultivos ilícitos y permanecieran en la legalidad con cultivos alternativos que le apostaran a su seguridad alimentaria.
La comunidad se dedicó por meses a la erradicación y “no quedó una sola mata de coca en la vereda”, asegura Felinto quién fue coordinador del programa. En su lugar sembraron cacao, caucho, pimienta y se realizaron incluso proyectos piscícolas y silvopastoriles. Lo que no entienden los campesinos es cómo, después de que una delegación de Acción Social comprobara la sustitución de cultivos e impulsara los proyectos productivos, las avionetas de Antinarcóticos no renovaran sus coordenadas de fumigación y volcaran glifosato en sus cultivos de pancoger.
Putumayo fue el primer departamento en el cual se inició el programa Familias Guardabosque de Acción Social, del que se beneficiaron, según un informe de 2010 de esta entidad, un total de 8.095 personas, y que permitió la conservación de 94.845 hectáreas de bosque; pero también fue uno de los primeros territorios en los que se inició la fumigación aérea con glifosato en noviembre del año 2000.
Lo irónico es que tras doce años de fumigaciones, las hectáreas sembradas con coca han aumentado, pero la producción de cocaína disminuyó por sexto año consecutivo. En otras palabras, la situación se ha estabilizado, según lo señala el informe anual que produce el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), aunque sin conseguirse aún una inversión social en las comunidades afectadas.
Este descuido puede traer consecuencias: los costos sociales son un punto neurálgico en esta problemática, si se tiene en cuenta que hay un gran riesgo para el desarrollo de esta zona del país. Los “territorios libres de coca” necesitan hacer un proceso de reconversión de cultivos de la mano del Estado colombiano, del que no sólo esperan una respuesta en forma de químicos. Este testimonio se repite decenas de veces bajo el agravante de la pobreza o de créditos que no se pueden pagar ante la pérdida de las cosechas. “Imagínese que a usted le cayera veneno cada mes en la despensa de su cocina o de su nevera: eso es lo mismo que nos pasa a nosotros”, dice Flor Caipe, una líder afrocolombiana de Puerto Guzmán.
Por eso, ella misma enumera que las necesidades más apremiantes de los habitantes de Putumayo afectados por las fumigaciones se dan en términos de salud, educación, fuentes de empleo y canales de distribución de los productos agropecuarios. Eso incluye el desarrollo de vías de comunicación y sobre todo, de un clima de respeto por el trabajo del campesino.
Agustín Rosero, otro de los agricultores afectados de Puerto Guzmán, afirma que una planta de plátano tarda de diez a once meses en dar su primera cosecha y basta una aspersión de pocos minutos de glifosfato para acabar con jornadas enteras de cuidado de sus cultivos. “Fumigar la agricultura no es el camino hacia la legalidad. ¿Qué jóvenes se comprometerán con el campo en estas condiciones? Sin duda, ellos no tendrán la paciencia de los viejos y las ciudades empezaran a pasar hambre”.
Durmiendo con el enemigo
La ONG Manos por la Paz, a través de su representante internacional Liduine Zumpolle, quien trabaja con varias asociaciones de campesinos a través de la promoción de cultivos lícitos alternativos, señala que Putumayo vive un drama ecológico y humano de gran escala. “La contaminación de suelo y fuentes de agua traen graves consecuencias a la salud humana, como enfermedades de la piel, intoxicaciones, abortos y deformaciones en humanos y en animales”, dice.
Catorce 6 habló con Flor Ángela García, secretaria de salud de Puerto Guzmán. Ella coincide en señalar que sí se presentan enfermedades con síntomas similares en las zonas donde se realizan las fumigaciones. Los médicos del hospital reconocen los casos, pero generalmente los pobladores no hacen denuncias formales y no se le dado seguimiento al tema a través de estudios y muestreos.
Jimmy Chaux, narró la historia de cómo en el 2010 su esposa, que estaba en estado de embrazo, después de comer unas naranjas que habían sido fumigadas cayo enferma y abortó. En el hospital le notificaron que el feto tenía varías deformaciones.
¿Casualidad o realidad? Varios artículos publicados en medios de comunicación como El Tiempo y Semana entre 2001 y 2005 dan cuenta, en entrevistas a científicos y estudiosos del tema, acerca de la peligrosidad del glifosato. En ellos se especifica que al herbicida fumigado por aspersión aérea que se utiliza en Colombia se le agregaban complementos como el Cosmo-Flux 411F, que podían hasta cuadruplicar la acción biológica del agrotóxico. En una reciente investigación del diario El Espectador se advierte incluso de una amenaza aún más crítica: “El glifosato que se venía utilizando desde que iniciaron las fumigaciones aéreas tiene componentes más tóxicos, inflamables, es de consistencia irregular y, para completar, de manera inexplicable, se alteraron las etiquetas del producto para hacer creer que el herbicida cumplía todos los requisitos”.
“El herbicida que hoy tiene en bodega la Policía Antinarcóticos no cumple esos estándares, como se evidencia en un oficio que le envió el pasado 10 de junio el propio James Story, director de la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada Norteamericana, al viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, en el que se señalan los problemas del glifosato que compró Colombia y las razones por las que EE.UU. dice que no se puede usar. A pesar de esto, en respuesta a un derecho de petición que envió este diario al comandante de la Policía Antinarcóticos, el general Luis Alberto Pérez señaló que “el herbicida que compró la institución tiene todos los permisos y sí lo usarán”, concluyó el diario.
No es casualidad entonces, que la ingeniera agrónoma Elsa Nivia, licenciada en biología y química, y experta en el tema, afirme que si la misma sintomatología como fiebres, vómitos, graves afecciones oculares y dérmicas, problemas respiratorios y gastrointestinales, daños generalizados en los cultivos y muertes de animales domésticos, se disparan en las zonas y épocas de fumigaciones, “¿Nada le insinúa eso a las autoridades de salud? ¿Cómo manejan el concepto de epidemia las autoridades de salud, agricultura y ambiente? ¿Tantas coincidencias y ninguna correlación causa-efecto? ¿Cuántos experimentos más con humanos y cultivos alimenticios se requieren?”.
La gravedad de la situación que afecta al Putumayo viene sucediendo repetidamente en otros lugares del país. El caso más reciente sobre el que se ha pronunciado la justicia es del pasado 24 de marzo, en el que el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizar a varias familias del Caquetá que no tenían cultivos ilícitos y que resultaron afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato que hizo la Policía Antinarcóticos. Varios predios resultaron afectados y se ocasionaron graves daños en la fauna y la flora de la localidad.
En Putumayo, el silencio de las autoridades prevalece y la gente se concentra en sobrevivir: varios campesinos de Puerto Asís y Puerto Guzmán opinaron acerca de qué destino tenían los productos agrícolas que lograban salvarse tras una fumigación. Todos afirmaron que se comercializaban. Es un hecho: el plátano, la yuca, el arroz y las frutas que son fumigados en los campos, llegan a las ciudades. Y el país come gran parte de estos productos sin saberlo.
Golpe al medio ambiente
A medida que recorremos el corazón del Putumayo, se hace evidente el impacto ambiental que ha causado tanto el cultivo de la coca como la producción de la cocaína, evidenciada en laboratorios abandonados y en los desechos tóxicos que estos han vertidos a las aguas, y que han borrado la fauna de la zona.
Los bosques primarios y secundarios, por ejemplo, son eliminados para establecer cultivos con métodos de tala y quema. Se ha calculado que por cada hectárea de cultivo de coca se eliminan cuatro de selva, lo que hace que el 30 por ciento de la deforestación colombiana se deba a esta actividad ilícita, según un estudio de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
A eso se le suma el nuevo ciclo de deforestación que surge cuando el campesino huye de la zona objeto de fumigación, para iniciar un nuevo cultivo selva adentro. Según la investigación titulada ‘La política de erradicación de fumigaciones con glifosato y el Efecto globo’, “las fumigaciones son difíciles de ejecutar en esta región del país porque la geografía de alta densidad selvática no permite sobrevolar muy bajo, ya que los pilotos pueden ser blanco de acciones subversivas. Si se realizan demasiado alto, no caen con efectividad sobre los cultivos de coca y afectan otros cultivos lícitos e incluso asentamientos humanos”.
Esa misma investigación señala que el Efecto globo hace que las fumigaciones, lejos de cortar de tajo con la oferta, las desplacen a otros lugares. O sea que desde el inicio aclaran su inefectividad. Así, ante la intensificación de las fumigaciones en Putumayo, los cultivos se han desplazado a departamentos como Nariño, Guaviare y Cauca.
Por distintos medios, Catorce 6 intentó contactar a la oficina de erradicación de cultivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes pero no recibió respuesta. Según lo que describe en su sitio web, “el Gobierno nacional estimó necesario recurrir a la aspersión aérea controlada con el herbicida glifosato, como mecanismo efectivo para la erradicación de cultivos ilícitos en razón a la topografía nacional y a la intención de los cultivadores”.
Putumayo es, claro está, uno de esos lugares. Allí y a pesar de varios llamados internacionales, como el de Ecuador, que en abril de 2008 demandó a Colombia ante la Corte Penal Internacional por las fumigaciones aéreas en la zona de frontera, el Gobierno dista de parar con estas y de escuchar el clamor de las organizaciones campesinas e indígenas, ONG y entidades internacionales que le piden acabar con las fumigaciones y equiparar la guerra contra las drogas con inversión social.
Es lo que pide Marco Ribadeneira Presidente de ACSOMAYO, una organización campesina que ha realizado varias protestas ante la problemática de la región y que nos acompañó en el recorrido que realizamos por distintas veredas de los Municipios de San Miguel y Teteyé cerca de la frontera con Ecuador. Allí Catorce 6 pudo constatar la creciente explotación petrolera, el mal estado de las vías que ocasiona con frecuencia el volteo de los carrotanques de crudo y la fuerza aún latente del conflicto armado en medio de las fumigaciones que tiene a varias familias al borde del desespero. “El incremento de las fumigaciones y de la erradicación manual hace que la guerrilla siembre minas antipersonales y los campesinos sean prisioneros en sus propias fincas.” En esta zona que aún no está libre de coca en su totalidad, si se puede ver un proceso de transición hacia la legalidad y la necesidad urgente de un acompañamiento del estado en términos de protección y de inversión social para las comunidades.
La voz de los campesinos no ha tenido eco en tantos años de fumigación, pero tal vez la degradación en la calidad de los estándares del glifosato de la que hoy se habla, posibilite el frene de las fumigaciones. Ante esta posibilidad, el país necesita estar preparado con planes de restauración desde distintos frentes, que incluyan aspectos sociales y ambientales.
Recuperar de la mano de la selva
En medio de este grave panorama, que ha obligado a caminar al país en un círculo vicioso durante décadas, surgen alternativas sustentables para revertir el proceso de degradación al que ha sido sometido ecosistemas ricos en biodiversidad como el del Putumayo. Los expertos de la zona aclaran que los planes de recuperación deben darse de manera que satisfagan las necesidades humanas mientras conservan y mejoran los suelos, el agua y los recursos biológicos.
Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), señala que Colombia cuenta con un plan de restauración de suelos y que se puede revertir este tipo de deterioros a través de procesos que tienen que ver con el desarrollo de proyectos de agroforestería y de ganadería sostenible. Una de las claves para avanzar está en la investigación científica. “Pero no hay que ignorar las particularidades de cada zona. Los programas deben estar totalmente adaptados a territorios de tanta significancia en términos ambientales como la Amazonía, de la que hace parte el Putumayo”.
Una tierra que primero se ve afectada por la tala y luego por la acumulación de sustancias provenientes de los herbicidas para el cultivo, procesamiento y posterior erradicación, es difícil de recuperar. Igualmente, “los ecosistemas sufren una afectación del hábitat de especies faunísticas por la disminución del alimento, que conlleva la reducción de poblaciones de árboles por la creciente erosión. Sin embargo, un suelo después de labores extractivas como la minería, es incluso más difícil de restaurar”, aclara Luz Marina, para quien es necesario recuperar el suelo degradado de una manera dinámica que incluya nutrientes naturales. “Esto a corto plazo brinda seguridad alimentaria para las poblaciones y a mediano y largo plazo se traduce en reforestación”.
Sinchi, junto a varias organizaciones ha desarrollado distintos estudios centrados en mercados y pequeños sistemas de producción agrícola, administración y conservación de bosques, administración del paisaje e impacto del comercio sostenible, que son hoy alternativas serias con sustento científico que aportan al mejoramiento de la situación.
El Instituto Humboldt y el Herbario de la Universidad Javeriana por ejemplo se han dedicado a estudiar los medicamentos tradicionales, que concluyen que en Colombia existen 2.404 especies con usos terapéuticos. De estas, sólo 127 están incluidas en el vademécum.
Darle fuerza a los productos de la región y al conocimiento tradicional es urgente. La idea es implementar acciones que favorezcan el comercio sostenible y las inversiones en productos y servicios de la biodiversidad en la región amazónica, con énfasis en mercado justo, para así dejar verdaderos beneficios a las comunidades locales.
En este aspecto, la ONG Manos por la Paz cree que el apoyo a cultivos endémicos como el “Sacha Inchi o maní de monte, una semilla que pertenece a las oleaginosas, de la cual se extrae uno de los aceites vegetales más ricos del mundo en Omega 3. 6 y 9, es fundamental para la recuperación de las comunidades”.
El Sinchi también apoya este tipo de ideas. Productos como el camú camú, una de las plantas más ricas en vitamina C, o la cría sostenible del pez arahuana, tienen un gran potencial a nivel de seguridad alimentaria y de generación de ingresos para esta región del país.
Se requiere emprender un fuerte ejercicio de articulación entre distintas entidades como el Invima, Minambiente, Ministerio de Comercio Exterior y la empresa privada, entre otros, que permitan no sólo la utilización de todos estos productos, sino su cultivo y conservación sostenible. Y apostarle a un ejercicio de educación ciudadana que lleve al país a descubrir que no es solo un país andino. “La tercera parte de nuestro país es la Amazonía y no podemos seguir en el desconocimiento de nuestra realidad territorial”, dice La Directora del Sinchi.
El Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi, seguirá siendo testigo de las adversidades que rodean al Putumayo pero conserva la esperanza de que se encuentra en el camino de la recuperación para que esta tierra vuelva a ser lo que la expresión Auka Wasi significa en lengua quechua: “la casa de los cuidadores de la naturaleza”.