Por: SALUD HERNáNDEZ-MORA – ELTIEMPO
Se le atraviesa ganado y tubos de Ecopetrol, entre otras. Crónica de Salud Hernández-Mora.
Cuando no es un pedazo de corral, son los tubos de Ecopetrol, unos postes de luz o una casita ruinosa. Cualquier obstáculo puede entorpecer la construcción de una vía que pretende modernizar el Putumayo y dejar atrás los cultivos de coca y la violencia.
Pero superar las incontables barreras que se atraviesan en el proyecto que realiza la compañía Solarte consume más tiempo y energías que pavimentar los 101 kilómetros de trayecto entre el puente Internacional, que une Ecuador con Colombia, y el municipio de Santana, un punto neurálgico del departamento selvático.
A pocos kilómetros de cruzar la frontera viniendo del lado ecuatoriano, después de disfrutar de una carretera ancha, perfectamente asfaltada -un lujo para una región azotada por los grupos armados y el abandono estatal-, hay que frenar en seco. El pavimento ha desaparecido, aunque solo por cien metros.
Enseguida vuelve el asfalto, pero en menos de un suspiro se evapora de nuevo. Otros cien metros de tierra. «Es que la comunidad indígena no deja que terminen la obra», explica el conductor.
Es domingo y la sede San Cristóbal del resguardo San Marcelino celebra, en un centro comunitario junto a la vía, una fiesta para recoger fondos. Entramos para preguntar qué pretenden. «El tubo pasa junto a nosotros, sufrimos bombardeos, minas, derrames de petróleo (por los frecuentes atentados de las Farc contra el oleoducto), contaminación y ahora la carretera», indica Juan Toribio Chiguango, exgobernador del resguardo. «No nos han consultado, la hicieron violando todos los derechos indígenas».
Se queja de que no hay un solo ‘policía acostado’, pese a la excesiva velocidad de los carros, y de no tener las entradas a su pueblo asfaltadas. «Vamos a negociar todo lo que favorezca a nuestra comunidad quichua».
Reanudamos la marcha por el pavimento, pero cada vez que atravesamos un caño, y son varios, continúan intactos los viejos puentes angostos y sus accesos destapados. Y en cuanto nos acercamos a la batería Colón de Ecopetrol, donde extraen y almacenan crudo, a veinte kilómetros de la frontera, recorremos otro tramo de tierra. Esta vez es de tres kilómetros.
«Las tractomulas de Ecopetrol son las que utilizan esta carretera, y no hacen nada por mover los tubos», explica enfadado un mototaxista. La manzana de la discordia son dos hileras de tubos que se meten en la vía y que la compañía estatal debe desplazar. «Vivo acá, pero la propietaria es mi mamá», explica Flor Ramos. Por el frontal de la casa familiar pasa el oleoducto. «Si Ecopetrol mueve los tubos y tienen que tumbar la casa o los palos que tenemos, mi mamá va a pedir algo, no sé qué. Nadie habló nunca con nosotros».
Por tanto, el día que la petrolera decida colaborar con la región -de la que obtiene ingentes recursos- y mueva el oleoducto para que puedan pavimentar la carretera (ver recuadro), tendrá que vérselas con la madre de la señora Ramos.
Unos kilómetros más adelante, llegamos a un puente junto al cual hay una grúa enorme estacionada. «La obra estuvo parada meses, porque se murió ahogado un trabajador que cayó a un hueco lleno de agua», comenta un conductor.
Poco después es un pedazo de un corral donde hay un hermoso ganado, el que invade la vía. «El propietario pide ochenta millones, y ese trocito no vale tanta plata», cuenta un lugareño cansado de las intermitencias.
El mismo caso se repite a lo largo de todo el recorrido, pero al poco de dejar atrás El Tigre, uno de los cinco centros urbanos del valle del Gamuez, a 32 kilómetros del puente Internacional, se acaba por completo el pavimento para dejar paso a una vía destapada en mal estado. A partir de ese punto, los conflictos entre la constructora y quienes reclaman algún derecho son menos visibles.
Una de las disputas la protagoniza la comunidad afrodescendiente de Tesalia, inspección del municipio de Orito, limítrofe con el valle del Guamuez. No han decidido aún cuáles serán sus reivindicaciones, porque son muchas las carencias de todo orden y ven en la construcción de la carretera la oportunidad de superar algunas. También la Empresa de Energía del Bajo Putumayo, la cual tiene en Tesalia varios postes, ha sido otro gigantesco obstáculo que costó remover. «Pedían a la constructora entre seis y cinco millones por cada poste que tenían que mover para hacer la pavimentada, pero es una cantidad abusiva», explica un ganadero. Solo recientemente rebajó sus pretensiones económicas y accedió a trasladarlos ella misma, tras una ardua pelea con la constructora. Luego de acordar que será la compañía eléctrica la que se encargue de realizar el trabajo, más de uno duda de que lo ejecute a tiempo.
Para pavimentar los 101 kilómetros, es necesario intervenir 341 predios, y hasta la fecha Invías solo ha aprobado dieciséis, y eso que la obra arrancó el 21 de septiembre del 2009. Aunque la empresa constructora cumpla con el plazo previsto para la entrega -marzo del 2014-, será difícil que la vía no quede salpicada de unos retazos de trocha.
No obstante ahora hay personal de sobra para contratar porque antes de la caída de las pirámides, en el 2008, en la que miles de familias del valle del Gamuez enterraron todo, o buena parte de su patrimonio, no habrían avanzado por falta de obreros. Nadie quería emplearse en una labor que implica trabajar duro bajo un sol ardiente.
La gente vivía de duplicar en DMG y DRFE tanto el dinero ahorrado como el que conseguían malvendiendo sus casas, fincas o carros. Ni siquiera los cultivos de coca encontraban raspachines. Muchos de los que nadaban entonces en la abundancia anhelan un contrato en la carretera que les permita llevar a su casa algo más del salario mínimo.
«Lo que necesitaremos cuando tengamos la carretera son subsidios al crédito para que los campesinos del Putumayo desarrollen proyectos productivos de cacao, caña, piscicultura, y así aprovecharla. Si no, solo veremos pasar carros y nada de progreso», señala un comerciante.
La respuesta de Ecopetrol
Buscan concretar la reubicación de la infraestructura
Redacción de Economía y Negocios
Ante los inconvenientes en la pavimentación de la carretera puente Internacional-Santana, Ecopetrol aseguró que busca agilizar el acuerdo al que se llegó el año pasado con el Instituto Nacional de Vías (Invías), para reubicar la infraestructura petrolera. Según la compañía, cuando se planeó la ejecución del proyecto vial no se tuvo en cuenta que se debía reubicar dicha infraestructura, situada desde tiempo atrás en la zona. Para subsanar la situación y facilitar el desarrollo de los trabajos, en el 2011 Ecopetrol acordó con Invías que los costos de la reubicación se distribuyeran a partes iguales.
«Para tal fin, se estructuró un convenio que se puso a consideración de la nueva administración del Invías, la cual no le ha dado su visto bueno», señaló Ecopetrol.
La semana pasada esa empresa solicitó la mediación del gobernador del Putumayo, para programar una nueva reunión con el Invías, y así cerrar el tema y aplicar el acuerdo.
Salud Hernández-MoraEspecial para EL TIEMPO