De acuerdo con el registro oficial del Instituto de Medicina Legal, hay 50.891 personas con paradero desconocido.
La creación del Grupo de Trabajo Técnico de Policía Judicial para la búsqueda de personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada, es parte central de un proyecto de ley que espera primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
Dicho grupo tendrá a su cargo planificar, agilizar y coordinar las diligencias de rastreo y búsqueda de víctimas de personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada no halladas vivas ni muertas.
Se trata del proyecto de ley número 9 de 2012 Cámara, “por el cual se crea un sistema de búsqueda de desaparecidos y se adoptan medidas de satisfacción y garantías de no repetición”, radicado el 20 de julio por los representantes Guillermo Rivera, del Partido Liberal, e Iván Cepeda, del Polo Democrático.
De acuerdo con lo plasmado por Rivera y Cepeda en la exposición de motivos, con la expedición de la Ley de Víctimas el país avanzó enormemente en el proceso de reconciliación. “Sin embargo, las familias de las victimas del delito de desaparición forzada, no encuentran que sus derechos se hayan reconocido de manera expresa, o que los mecanismos existentes en la actualidad hayan logrado articularse de manera perfecta”.
Según cifras del Registro Nacional de Desaparecidos, del Instituto de Medicina Legal, hay 50.891 personas con paradero desconocido en Colombia, de las cuales se calcula que al menos 16.907 son víctimas de desaparición forzada, en tanto que hay miles de personas no identificadas en cementerios y fosas.
«Esa es una cifra terrorífica. Pero también un pálido reflejo de lo que deja el conflicto armado en Colombia», señaló Cepeda, quien subrayó que frente al diálogo de paz iniciado entre el Gobierno y la guerrilla, este debe contener, «sin lugar a dudas, el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos y debe ser una verdad que tendrá que figurar dentro de un proceso de justicia transicional».
En el proyecto Rivera y Cepeda mencionan como “la Ley de Víctimas consagra un mandato específico sobre el derecho a la verdad y lo coloca en cabeza de la Fiscalía”, así como de “los organismos de policía judicial”.
“En concreto”, dicen, “la Ley de Víctimas ordena buscar a los desaparecidos y devolverles la identidad a las personas no identificadas inhumadas como NN (sin nombre). Sin embargo, hasta la fecha ni el Plan Nacional de Atención y Reparación aprobado, ni los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas expedidos, han abordado la materialización de estos derechos enmarcados en las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición, y el derecho a la restitución de la identidad de las personas no identificadas conocidas como NN”.
Pero, precisamente, consideraron Rivera y Cepeda, “la naturaleza de las labores que exige la materialización de estos derechos, requiere el amparo de normas específicas que aborden su complejidad y la garantía de los derechos a las víctimas y a sus familiares”.
El articulado puesto en consideración de la Cámara, “pretende garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares”, a través del establecimiento de “medidas de satisfacción para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada necesarias en este delito”, como es el caso específico de la creación del ya mencionado Grupo de Trabajo.
Además, propende por “medidas de restitución del derecho a la identidad”, como por ejemplo “un programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación” y por “garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada”, que se materializaría con “la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada”.