Porqué y hasta cuando nos ayudan a administrar desde otras regiones del país

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Agustín Ordoñez G. – Presidente de la ASEP

Que al Putumayo hayan tenido que enviarle personas desde otras regiones del país a administrar a dos de sus entidades más importantes, SELVASALUD y la Secretaría de Educación, así como el haber sometido al departamento a los términos de la Ley 550, es quizá la más vergonzosa y triste experiencia político administrativa que hemos sufrido los putumayenses y una de las páginas más oscuras de nuestra historia.

Por obra y gracia de unos pocos que hicieron y deshicieron con la salud y la educación y por todo lo que ocurrió durante más de diez años, a nivel nacional tenemos la imagen de región menor de edad y de departamento incapaz y corrupto, al que había que intervenirle y administrarle algunas entidades para evitar que las continúen saqueando y acabando.

Nos parece lógica la aspiración y oportuna la gestión del Gobierno Departamental, que hemos podido apreciar en los últimos meses, tendiente a lograr la terminación de las intervenciones y la recuperación de la administración autónoma de estas entidades, pero por lo visto eso está todavía lejos de ocurrir, a pesar de que al menos uno de los casos tiene fecha establecida. Vamos acercándonos a los tres años de la intervención y administración temporal de dichas entidades y a estas alturas no hay ninguna certeza ni del cumplimiento de su misión ni de la fecha de su conclusión.

Se supone que a SELVASALUD se la intervino para salvarla de la inminente quiebra y liquidación y a la Educación para resolver todos los problemas que tenía, principalmente el de la insuficiencia financiera. Hoy SELVASALUD está más quebrada y más cerca de la liquidación que antes de ser intervenida y los problemas de la Educación han empeorado hasta el punto que la situación es más crítica que antes de que se asumiera la administración temporal.

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El Ministerio de Hacienda, que ordenó la intervención de la Educación en Diciembre de 2009 y se la entregó al Ministerio de Educación, sostiene que la Administración Temporal debe resolver el problema de la insuficiencia financiera que tiene este sector, que asciende a alrededor de los Cien Mil Millones de Pesos anuales ($100.000.000.000). Pero el Ministerio de Educación no suelta un peso y se limita a descargarle la responsabilidad al Departamento, que ya no tiene con qué ni de dónde. Entre tanto su Administración Temporal se la pasa reorganizando la planta y persiguiendo a los maestros y administrativos, porque ya no tiene nada más que hacer.

La Super Intendencia de Salud le encomendó a la actual administración de SELVASALUD la misión de resolver el déficit que tenía en ese momento la empresa, al igual que recuperar a los afiliados. Pero el déficit en lugar de disminuir se incrementa. El peligro de que la empresa se liquide y desaparezca es cada vez más inminente y la posibilidad que la intervención termine cada vez más difícil.

Sobre este riesgo de liquidación que ronda a SELVASALUD no hay que olvidar que en Colombia la Salud es un negocio, donde todo es mercancía y objeto de compra venta, incluidos los afiliados. Es necesario hacer una advertencia: De SELVASALUD lo único que falta por entregarle a otra región (o a otra empresa) son los afiliados, lo demás ya todo está entregado: medicamentos, suministros, cargos, etc. No vaya a ser cosa que detrás de la posibilidad de liquidar y desaparecer a SELVASALUD se esconda otro negocio.

La Supersalud y el Ministerio de Hacienda que ordenaron las intervenciones, argumentan que están esperando que las administraciones temporales corrijan las situaciones que hicieron necesaria la intervención, especialmente la parte financiera, para poder devolvérselas nuevamente al departamento, pero las soluciones no aparecen por ninguna parte. Hasta que esto no ocurra es seguro que no se permitirá la devolución.

Por más curioso, increíble y contradictorio que parezca, entre más mal les va a estas intervenciones más lejana esta la posibilidad de que terminen. Parece que hubiera una intención malévola en todo esto, que consiste en no resolver los problemas e incluso agravarlos para prolongar su duración. También es increíble el hecho de que, aunque las intervenciones se dieron como resultado de investigaciones en las que se pudo comprobar que existían malos manejos y corrupción en varias administraciones, hasta la fecha no se conoce un solo responsable de todo eso. Los y las culpables están muy tranquilos disfrutando de toda la plata que consiguieron a costa de la salud y la educación del Putumayo.

La comunidad ha permanecido un tanto impávida ante esto. En parte porque creyó que con la intervención se resolverían los problemas de estas entidades y también porque tiene miedo de que se repita lo de años y administraciones pasadas.

Después de estos “laaaaaarrrrrgos” y amargos tres años de intervención y administración temporal, esperamos que de la memoria de los putumayenses no se borre este triste recuerdo, para que tratemos de evitar que se repita la historia.

Esperamos también que la gestión sea más fuerte para que se defina hasta cuándo y hasta donde van estas intervenciones y para recuperar nuestras entidades.

AGUSTIN ORDOÑEZ GONZALEZ

 

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