¿Consolidación o construcción del Estado de derecho?

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ElTiempo.com

Mientras más se tarde el Estado social de derecho en instalarse en la Colombia profunda, más remota será la anhelada paz.

Bajo el entendido de que la Fuerza Pública les había arrebatado a las organizaciones armadas ilegales el control sobre vastas zonas periféricas del país, al final del gobierno anterior se diseñó una política que se denominó de «consolidación», cuyo propósito era, y es, coordinar acciones entre los gobiernos central y los territoriales para asegurar una efectiva presencia del Estado de derecho.

No obstante el loable objetivo que inspiró la política de consolidación, lo que está ocurriendo en el Cauca y en otros departamentos indica que ella requiere una nueva concepción, músculo institucional y, quizás, una mayor audacia y eficacia para lograr que la población civil en las zonas de presencia de organizaciones armadas ilegales se ponga del lado de las instituciones del Estado.

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La mirada sobre las instituciones y sobre los actores del conflicto armado es una si surge de personas sentadas en un cómodo salón del club El Nogal, de Bogotá, y otra si corresponde a personas sentadas en un andén de Jambaló o Toribío; por lo tanto, no es sorprendente que los primeros prediquen regresar a la doctrina de la lucha contra el terrorismo, y que los segundos se declaren neutrales frente a los combates que libran la Fuerza Pública y las Farc.

Los habitantes de varios municipios del Cauca y el Putumayo, para citar solo dos ejemplos, aún no perciben el Estado social de derecho porque este no ha llegado, y en tanto este no llegue, resultará muy difícil que sus gentes tomen partido del lado de las instituciones. Mientras más se tarde el Estado social de derecho en instalarse en la Colombia profunda, más remota será la anhelada paz.

Este diagnóstico no es nuevo, existe desde los años 80, y distintas fórmulas se ensayaron, algunas con más improvisación que rigor; sin embargo, en la última década la mayoría de la clase política y empresarial se convenció y entusiasmó con la idea de que la vía militar, de forma exclusiva, podía terminar con el conflicto armado. Este enfoque bloqueó la posibilidad de discutir y desarrollar políticas para garantizar la presencia institucional, además de la militar, en las regiones de periferia.

Así las cosas, vale la pena diseñar una política para esos territorios, dirigida no a consolidar sino a establecer el Estado social de derecho. Este reto es mayúsculo y difícilmente se puede alcanzar con la estructura estatal ordinaria, lo cual implica apelar a un régimen transitorio que incluya una institucionalidad ad hoc, civil y civilista, que acompañe a las autoridades locales, que reconozca la autonomía de las minorías étnicas y que ayude a construir, de la mano de la población, una legitimidad estatal mínima.

El conflicto se terminará cuando los violentos se convenzan de que por las armas no conseguirán su objetivo, porque, además de un ejército que los supera, existe un Estado políticamente respaldado por los ciudadanos de las regiones donde aquellos han posado de redentores.

Guillermo Rivera
Representante a la Cámara
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