En el Departamento del Putumayo, la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato obedece a una política de Estado que produce graves e irreparables consecuencias en el medio natural y en el ser humano que vive en los lugares afectados. En verdad, es una desgracia que trae consigo dolor, desolación, desplazamiento, miseria, descomposición familiar y social. Recuperarse de sus funestas consecuencias demanda de tiempo, tenacidad y sacrificio. La fumigación indiscriminada de cultivos pone en entredicho los fines del Estado consagrados en la Constitución Política de Colombia y viola derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y al trabajo.
El porqué de las fumigaciones
La fumigación de cultivos ilícitos es una de las estrategias de la guerra que se libra contra el narcotráfico y su impacto negativo en las economías de los países productores y consumidores, pero especialmente en los países consumidores, a quienes preocupa la fuga de inmensos capitales provenientes de una actividad económica que esta por fuera del control de los estados y que desata corrupción y la violencia cruel propia de la ilegalidad.
Los costos de las fumigaciones
Se ha pensado que la erradicación de los cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea es una de las maneras más eficaces para atacar el narcotráfico puesto que elimina la materia prima para la producción de sustancias psicoactivas y posterior distribución y comercialización, pero, como en todo conflicto, el costo ambiental, económico, político administrativo y social es supremamente elevado para el país, el departamento y los municipios.
Los más afectados
Los más afectados son los campesinos que por obvias razones de supervivencia y por la escasez de oportunidades que les permitiría obtener ingresos suficientes para garantizar la atención de sus necesidades y las de sus familias se han visto forzados a recurrir al cultivo de hoja de coca en medio de los cultivos lícitos. Son ellos los que en términos de pocos días ven destruido el fruto del trabajo esforzado sacrificio durante tantos años. Causa impacto ver el estado de desolación en la que quedan los campos fumigados, parece que se hubiera lanzado sobre ellos una bomba atómica o caído un meteorito de gran poder destructivo como el que cayó en la taiga siberiana, contemplar ese panorama da tristeza y produce desesperanza e intenso dolor a pérdida.
Otras consecuencias de la fumigación
La pobreza y marginación que no se dejan esperar ante la imposibilidad de obtener recursos económicos suficientes para acceder con holgura a bienes y servicios. La delincuencia que azota a los campos y los asentamientos urbanos, entre ellos: sicariato, secuestros, extorciones, robos, asaltos a mano armada. La disminución significativa del comercio y la dinámica de la vida económica y social, son usuales las quiebras y el cierre de múltiples negocios. La prostitución adquiere un auge inusitado y campea la corrupción.
Por otro lado, el Estado se ve desbordado en su capacidad para contener y atender las demandas del desplazamiento masivo de campesinos hacia las cabeceras municipales. Los recursos con que cuentan los municipios y el departamento son escasos, de ahí que los alcaldes, en la mayoría de las veces no pasen de los pronunciamientos verbales y las buenas intenciones. Finalmente, aparecen los que no desaprovechan oportunidad para sacar provecho de la situación
El juego de la pelota caliente
Lo curioso es que la pelota caliente de la trágica situación se la pasan entre los funcionarios municipales, departamentales y nacionales: que la policía antinarcóticos, que los alcaldes, que el gobernador, que la corporación, etc., etc. Lo cierto es que la fumigación o aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato es el resultado de una política de Estado y de acuerdos internacionales, por lo tanto, las decisiones se toman en las más altas esferas del gobierno central, presidente de la república y sus ministros quienes a la vez se ven impelidos a cumplir lo pactado, incluso, por gobiernos anteriores. Ante esto, ¿qué puede hacer una institución o un funcionario de menor rango?
Que se puede hacer
Primero, empezar por entender que la política antinarcóticos, como la de orden público, es de los resortes de señor presidente de la Nación, no depende ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni de los comandantes de la policía, ni de los gerentes de las corporaciones.
Segundo, apelar a los canales y las herramientas que facilita la ley para interponer recursos o reclamaciones en favor de la defensa de los derechos individuales y colectivos.
Tercero, recurrir a la unidad y solidaridad de todo un pueblo para respaldar activamente las acciones que en derecho se adelanten para exigir y reclamar, a nivel nacional e internacional, el respeto por los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y al ambiente sostenible. Si a esto no se le mete pueblo todo esfuerzo, toda acción individual esta perdida.
Cuarto, solicitar el respaldo de organizaciones internacionales con la suficiente autoridad y prestigio ante el gobierno nacional y los gobiernos internacionales para que contribuyan con la realización exitosa de campañas que defiendan y protejan el ambiente natural y social.
Mocoa, 26 de mayo de 2012