En primer lugar mi profundo respeto a los preceptos religiosos de la fe Católica.
En recientes declaraciones a un medio radial de Mocoa, que se escucharon en casi todo el departamento, el Padre Omar Parra, quien, según sus propias palabras, dirige la contratación que ha venido realizando la Diócesis, manifestó que las críticas y señalamientos que se le han hecho a dichos contratos, así como la oposición de la comunidad de Mocoa a su pretensión de apropiarse de la planta física del Goretti, los han puesto en peligro y responsabiliza de esta situación a la ASEP y al diputado Euler Guerrero.
Tamaña desproporción de la realidad. Todo el mundo sabe, aquí y en todas partes, que las personas que denuncian lo injusto y lo ilegal y reclaman sus derechos son quienes reciben las amenazas y corren peligro. Nosotros también lo sabemos por experiencia propia. En todo el tiempo de lucha social, de defensa de los derechos y de denuncia, que llevamos junto con el Diputado, nos han dicho de todo y hemos recibido todo tipo de amenazas, algunas de las cuales se han cumplido, pero jamás habíamos escuchado que denunciar malas acciones pone en peligro a quienes las hacen. Según esto, a partir de ahora se invirtieron los papeles y a quienes denuncian se los quiere catalogar como amenazantes, someterlos al escarnio público y colocarles una mordaza para que no hablen.
Cuando vemos que una comunidad, una organización social o un dirigente, denuncian las malas acciones que los afectan, sabemos que lo hacen porque han resultado perjudicados con ello y en ese proceso de denuncia siempre hay amenazas. Pero ahora, además de dicho perjuicio, también se pretende responsabilizarlos por la seguridad de los denunciados, a quienes jamás les ha pasado nada y los vemos muy campantes por todas partes, disfrutado de sus ganancias sin ningún problema. Dicho de otra manera, de hoy en adelante, pase lo que pase con la contratación pública y con los contratos, hay que quedarse callados para no afectar a los contratistas. Visto así, también los organismos de control del estado deberán guardar silencio, para no “ponerlos en riesgo”.
Siempre se coloca una cortina religiosa a la contratación que realiza la Diócesis, para que nadie se atreva a mirar hacia adentro y una aureola de divinidad a los dos personajes que dirigen dicha contratación, para que nadie los juzgue y nadie diga nada, como si los contratos no fueran con el Estado y con el Gobierno. A quienes se atreven a criticarlos y a denunciar algunas anomalías en la ejecución de los contratos y algunas acciones que perjudican a la comunidad, muy hábilmente se los rotula como enemigos del obispo y de la Diócesis.
Hemos respetado y apreciado desde niños la labor social y de pastoral que antes realizaban quienes dirigían la Diócesis o el Vicariato, la cual si creemos tenía un carácter de divinidad, pero la labor de contratación que se hace hoy es puramente terrenal y la forma como se buscan y se consiguen los contratos bastante mundana, porque no es ajena a los métodos tradicionales que se dan en el contexto de la relación administración – politiquería.
Siempre hemos hecho y seguiremos haciendo veeduría sobre todo a lo que tiene que ver con la inversión de los recursos para la educación, que es nuestro campo, los cuales sí que son sagrados, porque se trata del bienestar de nuestros niños y jóvenes, que son también nuestros hijos y nuestros estudiantes. Dado que los contratos con la Diócesis casi siempre tienen relación con la plata de la educación, es obvio que tendrán nuestros ojos fijamente puestos en ellos. Esa es nuestra función, no somos enemigos gratuitos de nadie. Si les incomoda que la comunidad se oponga a sus intenciones y si se han acostumbrado a que nadie los vigila ni los supervisa es otra cosa y no es culpa nuestra.
La contratación de la Diócesis Mocoa Sibundoy, solo en el año 2011 y solo en el Putumayo (porque sabemos que al menos han buscado contratos en otros departamentos) estuvo alrededor de los Diez Mil Millones de Pesos y todo hace suponer que este año podría ser mayor, si además del contrato de Hogares Comunitarios que ya tiene (más de mil millones) le entregan también el del Programa de Alimentación Escolar – PAE (Ocho mil trescientos millones), que es lo más probable y el de atención a Población Dispersa (alrededor de Seis mil millones) lo que daría más de Quince Mil Millones de Pesos. Recursos que son bastante considerables y de una delicada importancia para la comunidad, que debe abrir los ojos a su ejecución.
Esta contratación debe analizarse y debatirse pero en el campo que le corresponde, o sea el de la contratación pública, no en el de la religión, como algunos pretenden. Sea quien sea el contratista, la contratación con el estado es ante todo pública, lo que significa que es vigilada, supervisada y controlada, no solo por los organismos del estado, sino también por la comunidad. Sea quien sea el que contrata con el estado es un Contratista y está sujeto a la vigilancia, el control y la crítica.
Como algunos quieren creer y hacerle creer a la gente que criticamos por criticar, entonces es necesario mencionar, entre otras, solo dos acciones que generan desconfianza en la comunidad. Por ejemplo, el afán de obtener la propiedad del Goretti, se debe a que la necesitan para hacer efectivo el cobro de los 22 millones de pesos mensuales que se exigió como arrendamiento, léase bien, Arrendamiento del Goretti. Imaginémonos lo que significaría para la educación del Putumayo, si se tuviera que pagar dicho valor por cada una de las Instituciones que dicen que les pertenecen. Imaginémonos solo diez propiedades. A 22 millones mensuales serían 220 millones por mes, lo que anualmente serían Dos Mil Seiscientos Millones de Pesos. Será que debemos quedarnos quietos y callados? Segunda, nadie puede estar tranquilo ocurriendo lo que ocurrió en la misa del día 29 de Octubre de 2011, víspera de las Elecciones de Gobernador y Alcaldes del 30 de Octubre, en la iglesia La Inmaculada de Mocoa. Hecho que nos lleva 70 años atrás y que no entendemos porque aquí pasa tan desapercibido. Será que en el Putumayo los putumayenses definitivamente nos acostumbramos a que pase cualquier cosa?
Sería bueno que la comunidad al menos supiera en que se invierten las ganancias de dichos contratos.
Si hemos dicho algo falso, calumnioso o insultante, entonces que nos denuncien ante quien corresponda.
AGUSTIN ORDOÑEZ GONZALEZ Presidente de la ASEP