El desgaste regional

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Redacción PODER –

A poco menos de nueve meses de dejar sus cargos, es normal que gobernadores y alcaldes de todo el país aceleren su gestión para culminar obras en proceso y ejecutar los recursos presupuestales, quieran mejorar su calificación para dejar una buena imagen o sencillamente busquen demostrar a sus electores que no se equivocaron al favorecerlos con su voto.

Las elecciones para escoger nuevos gobernantes locales están programadas para el último domingo de octubre próximo, por lo que las campañas están arrancando, en unos casos con mayor intensidad que otros. Sin duda, las realizaciones de los mandatarios que se van han sido y son una referencia obligada de los aspirantes.

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PODER presenta la segunda encuesta sobre la favorabilidad de los gobernadores y las 32 alcaldías capitales de departamento, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, siendo el único trabajo que alcanza esa cobertura. Los datos son comparables con los obtenidos en la encuesta de agosto del 2010. Los gobernadores de Antioquia, Atlántico y Santander alcanzan los mejores índices y mantienen un alto grado de aceptación, mientras que los de Risaralda, Norte de Santander y Cundinamarca presentan las mayores caídas. Los de Nariño, Tolima y San Andrés muestran un significativo repunte.

En el caso de los alcaldes, el mejor calificado es el de Montería, quien desplaza al de Barranquilla. Pereira, Bucaramanga, Cartagena y Cali sufren un deterioro grande, en tanto que Ibagué, San Andrés y Yopal suben considerablemente. El alcalde de Bogotá sigue para abajo.

GOBERNADORES

Importantes, cercanos y efectivos

Los tres gobernadores mejor calificados del país tienen proyección nacional y en su haber está el paso por la Administración Pública central y el manejo de asuntos de Estado, lo cual les da “cancha y ventaja” para atender con eficiencia los asuntos regionales: Luis Alfredo Ramos fue ministro de Comercio y presidente del Congreso de la República; Eduardo Verano de la Rosa estuvo en el Ministerio del Medio Ambiente y Horacio Serpa Uribe tiene un amplio recorrido por la política y el Gobierno. En los tres casos se pensó incluso que llegaban a manejar sus regiones como una “escampadero”, pero no ha sido así, sino que se han entregado a la defensa de los intereses locales.

En Antioquia, el gobernador Ramos es una de las figuras más cotizadas no solo desde el punto de vista político, sino como representante de los intereses regionales. Ha dado demostraciones de buena gestión, así haya sido cuestionado por sus contrincantes políticos.

“Antioquia no es solo Medellín. Ramos ha trabajado por todo el departamento, en particular por las regiones más apartadas”, es un comentario generalizado entre los paisas. Sus realizaciones más importantes se concentran el infraestructura, reducción de la pobreza y equilibrio en el desarrollo entre la capital y los municipios.

Verano de la Rosa ha debido enfrentar la emergencia del invierno en su región y la evaluación ha sido favorable, en buena parte por la coordinación que ha hecho frente a los entes nacionales para la consecución de recursos. Verano es también líder en la defensa de los intereses regionales.

Los santandereanos creen que con Horacio Serpa Uribe en la gobernación la región ha recuperado un espacio en el país, que el centro atiende los requerimientos gracias a su gestión y que hay efectividad en la acción oficial. El otrora jefe liberal y precandidato es considerado cercano a las comunidades locales, a las que escucha y busca solucionar sus necesidades.

Ramos es el gobernador mejor calificado, pero desciende cinco puntos en su favorabilidad. Verano y Serpa son segundo y tercero, respectivamente, y conservan su registro de la evaluación anterior. De cualquier forma se mantienen arriba a solo nueve meses de terminar su gestión.

Los que pierden imagen

Parece que el invierno tuvo mucho que ver en la descolgada de los gobernadores de Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca, La Guajira, Arauca y Huila. La demora en la atención de los damnificados influyó en la opinión de la comunidad frente a la gestión de sus gobernantes. Este hecho, sumado a la imposibilidad de terminar los proyectos prometidos, que a estas alturas ya se evidencian como fracasos en algunas situaciones, han influido en la baja de percepción de las comunidades locales.

En el caso de Risaralda es claro. Víctor Manuel Tamayo pasó de tener un 85% en imagen favorable a un 72%. La comunidad lo culpa de manera directa de esta situación. Dicen que pese a que ha gestionado las ayudas a nivel nacional, estás no han llegado para atender a más de 25.700 damnificados. El tema es tan crítico que 20 colegios deberán ser reubicados y todavía no se ha hecho nada para mejorar las condiciones de los alumnos.

Dicen que otro aspecto que lo afectó bastante fue la ruptura del pacto de Matecaña, que funcionó muy bien los dos primeros años de su administración y consistía en que el Partido de la U ponía el alcalde y los conservadores, el Gobernador. Al romperse, los concejales y líderes comunales le han hecho una gran oposición, dado que en Risaralda la campaña que definiría a los mandatarios locales para octubre de 2011 arrancó hace más de ocho meses.

Al gobernador de Norte de Santander le está ocurriendo lo mismo. Luego de quedar en un tercer lugar, al finalizar el mes de agosto de 2010, con el 83% de favorabilidad, bajó al 71% y según los conocedores de la situación del departamento, la atención a los problemas generados por el invierno, en este caso la atención prioritaria, como es la reubicación del municipio de Gramalote, ha estado lenta, si se tiene en cuenta que los damnificados están viviendo en albergues provisionales y las demoras rompen la cohesión social de la comunidad gramaloteña. Aún no se ha definido el lugar definitivo para la reubicación.

También se dice que no ha tenido la visión para el desarrollo energético de Norte de Santander, con gran riqueza carbonera y de gas, y que las vías son un desastre, en particular la que comunica a Cúcuta con Pamplona, que está a punto de dejar incomunicada a la capital con el resto del país.

La descolgada también alcanzó al gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, quien perdió 12 puntos de favorabilidad. Aunque su discurso convence en temas como la movilidad y el modelo de relación con la capital del país, existe ya la idea de que se ha quedado en anuncios y de que sus realizaciones han estado por debajo de las expectativas. También se advierte una propensión del mandatario a buscar protagonismo en conversaciones con el Gobierno central nacional y perder contacto con las comunidades. Ha sido muy criticada su posición con relación a la descontaminación del río Bogotá. Los expertos dicen que no existen los recursos para adelantar este megaproyecto.

En La Guajira, al gobernador Jorge Eduardo Pérez tampoco le ha ido bien. Del 57% bajó al 44% y dicen los conocedores de la región que no solo ha sido afectado por la desatención en el tema invernal, sino por la disminución de las regalías en $75.000 millones, que han imposibilitado la terminación de algunos programas. También pudo haber influido en esta baja de percepción el hecho de que el Plan Departamental de Aguas, que se desarrolla con recursos del Banco Mundial que ascienden a US$150 millones, no se ha ejecutado de acuerdo al cronograma previsto.

Luego de un año de ser nombrado gobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya, bajó del 53% al 44% en la percepción de los araucanos. En estos cuatro años, este departamento ha visto cambiar a sus últimos cuatro gobernadores, por esta razón, la expectativa era alta y su gestión no ha resultado destacada. Se recuerda la denuncia realizada en febrero del año pasado según la cual alias “Grannobles”, guerrillero de las Farc, se encontraba en territorio venezolano, hecho que fue negado por el canciller Nicolás Maduro y que afectó las maltrechas relaciones de ese entonces con el país vecino.

El caso del gobernador del departamento de Huila, Luis Jorge “Pajarito” Sánchez, quien pasó de contar con un 52% de favorabilidad a un 37%, es crítico. Dicen que una de sus mayores falencias se encuentra en el tema de la comunicación con los ciudadanos, que tiene una personalidad hermética y que no ha sabido contar los avances de su administración. Afirman que tiene buenos proyectos, como el de las megaobras viales que buscan la salida al puerto marítimo del Océano Pacífico, los distritos de riego, la zona franca Surcolombiana y las seis obras del Plan Vial Regional, aunque reconocen que para estas últimas el periodo no le alcanzará.

Los que ganan opinión

Un grupo de gobernadores se destacó porque registró una mejor imagen de su gestión. Se trata de los mandatarios del Tolima, Nariño, San Andrés y Providencia y Cauca.

El gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, ha mantenido una obsesiva campaña contra las organizaciones subversivas en el sur del departamento, que le han valido varios atentados contra su vida. Las comunidades le reconocen su entrega y valentía, así como su capacidad de trabajo en la atención de los problemas de pobreza y marginalidad.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro, se ha propuesto atacar la corrupción y tratar de blindar los procesos de contratación para que estos se realicen de manera transparente, más cuando se avecina un proceso electoral. Hace unas semanas instaló la urna anticorrupción para que los ciudadanos depositen las denuncias sobre actuaciones irregulares de funcionarios. Su labor no ha sido fácil, pues el departamento se ha visto afectado por la violencia de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El control de la violencia es el principal reto de Navarro y de quien lo suceda.

Uno de los que más repuntó frente al ranking anterior fue el gobernador de San Andrés y Providencia, Pedro Clavel Gallardo, que pasó de un respaldo del 46% al 61%, pese a que uno de los graves problemas que afronta el archipiélago está relacionado con la violencia de las bandas criminales y de narcotraficantes. Gallardo ha puesto en marcha planes para mejorar la educación de los niños más pobres y está impulsando programas para promover el turismo.

En el caso del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal, a pesar de que ha tenido una gestión que ha sido objeto de críticas por varios sectores, está con una percepción positiva del 51%, aunque sobre el filo de la navaja.

En etapa de transición

La suspensión de los gobernadores de Magdalena, Casanare y Putumayo y la muerte del gobernador del Guaviare a causa de un accidente automovilístico, así como las elecciones atípicas realizadas en el departamento de Bolívar, pone hoy a cinco gobernadores como figuras sustitutas y en transición, con tiempos en el cargo menores a un año en su mayoría. Algunos de estos todavía están por encargo, situación que tiene muy molestos a los políticos de estas regiones.

En el caso del departamento del Magdalena, se encuentra el general (r) Manuel José Bonnet, quien se posesionó en dos oportunidades, la primera durante una pomposa ceremonia, que contó con más de 700 invitados, para luego tener que dejar el cargo, hasta que un juez de segunda instancia falló a su favor como gobernador (e). El reto de Bonnet es manejar el desastre invernal que afectó el departamento.

En el departamento de Bolívar, luego de la destitución de Joaco Berrío, asumió Jorge Mendoza Diago, quien le entregó su cargo a Alberto Bernal, perteneciente al Partido de la U, ganador de las elecciones realizadas el 24 de octubre pasado.

Como gobernador encargado del Casanare fue nombrado el viceministro del Interior Aurelio Iragorri, en reemplazo de Óscar Raúl Iván Flórez, quien fue destituido. Iragorri continuará ejerciendo las funciones del Viceministerio.

Luego de que el gobernador del Guaviare, Dagoberto Suárez, muriera en un accidente automovilístico el pasado 4 de diciembre, asumió el cargo Saúl Galeano, militante del Partido de Integración Nacional (PIN), como gobernador encargado.

También en octubre de 2010 fue nombrado como gobernador (e) del Putumayo, Julio Byron Viveros, en reemplazo de Felipe Alfonso Guzmán, quien fue inhabilitado por la Procuraduría durante un periodo de doce años.

Mejoraron por lo bajo

El gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, quien pasó de una percepción favorable del 38% al 41%, ha tenido que sortear una difícil situación de orden público en un departamento que se ha visto afectado por las acciones de las Farc, que se han ensañado con municipios como Caldono. El invierno también incidió en la impresión negativa de su gestión porque debió hacer replanteamientos en su programa de gobierno. Frente a los cuestionamientos a su administración, González sostiene que su mayor satisfacción es haber dejado organizadas las finanzas y haber pagado los compromisos adquiridos en la Ley 550.

El gobernador del Meta, Darío Sánchez, pasó de una percepción positiva del 39% al 45%, gracias a los proyectos que está llevando a cabo relacionados con planes de vivienda de interés social y a la defensa que ha hecho por las regalías petroleras de su departamento.

En el caso del gobernador de Quindío, Julio César López, aunque mejoró un poco su percepción (45%), sigue estando en saldo en rojo su gestión, que se vio afectada en los últimos meses por la fuerte ola invernal. El funcionario tiene una investigación de la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en un convenio con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero. Un aspecto favorable son los avances en competitividad y fomento al turismo.

El gobernador de Boyacá, José Rozo Millán, sigue con una favorabilidad baja debido a que varios sectores consideran que no ha cumplido con el programa de gobierno con el que se comprometió como representante del Partido Verde. Incluso hay quienes piden desligarlo de esa colectividad, como es el caso de los estudiantes universitarios que realizaron fuertes protestas por el nombramiento del rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja por considerar que fue una decisión política y no técnica.

Las peores gestiones

El gobernador de Casanare, Óscar Iván Flórez, suspendido durante tres meses por la Procuraduría General de la Nación (ver nota “Los emproblemados”) es quien más mala imagen tiene entre los 32 mandatarios departamentales, con una favorabilidad de apenas el 16%, un descenso de tres puntos frente a la encuesta del año anterior. En varias ocasiones ha sido objeto de sanciones por el manejo de convenios y contratos de un departamento que es el que más regalías recibe por petróleo.

El segundo mandatario con la percepción más negativa es el del Vichada, Juan Carlos Ávila, un departamento que recientemente se vio acosado por las Farc, que secuestraron a 23 trabajadores de una compañía petrolera. El departamento afronta desde hace años una crisis financiera que ha frenado la puesta en marcha de programas para atender a los más pobres de la región.

Varios de los que salen mal calificados por la opinión pública pertenecen a los antiguos territorios nacionales, como es el caso del Amazonas, cuyo gobernador es Ólbar Andrade, y Guainía, Iván Vargas, quienes siguieron cayendo en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, lo que es un aviso para la Administración central de que debe prestar una mayor atención a estas zonas. Vargas le solicitó al Gobierno mayores recursos para su región, pues aduce que es muy difícil cubrir todas las necesidades de la gente que vive dispensa en la selva.

Chocó es otro de los departamentos que sale mal librado en las encuestas, por la inadecuada gestión de sus gobernantes. El gobernador encargado, Jesús Antonio Gómez, duró en el cargo apenas ocho meses y acaba de ser reemplazado por el politólogo, de 28 años, Malcom Alí Córdoba, quien se convirtió en el tercer mandatario encargado del departamento en este periodo administrativo. El primer gobernador electo en el 2007, Patrocinio Sánchez, fue condenado a 18 meses de prisión por peculado culposo.

Están en problemas

Ha sido desafortunado y un mal ejemplo para el país la destitución de tres gobernadores desde agosto pasado, mes en que se hizo la primera medición de percepción entre los alcaldes y gobernadores de 32 regiones del país. Estos son: Ómar Díazgranados, Óscar Raúl Iván Flórez y Felipe Alfonso Guzmán, mandatarios de los departamentos de Magdalena, Casanare y Putumayo, respectivamente.

Diazgranados fue desvinculado a raíz de una investigación realizada por la Contraloría General, relacionada con los sobrecostos en la contratación de materiales escolares. Esta destitución generó una serie de sucesos jurídicos que mantuvieron al departamento en ausencia de gobernabilidad hasta que un juez de segunda instancia determinó su remoción definitiva del cargo.

Diazgranados fue destituido inicialmente por la Contraloría General, hecho que dio paso a la posesión del general (r) Manuel José Bonnet como gobernador encargado, por orden del presidente Juan Manuel Santos. El burgomaestre interpuso dos acciones judiciales, la primera ante el Tribunal Administrativo de Bolívar y una segunda ante un juez penal. Fue este último quien determinó que debía volver a sus funciones. Sin embargo, este primer fallo fue revocado por el juez de segunda instancia, y el general Bonnet regresó como gobernador encargado.

Por el lado del Casanare, se produjo por supuestos actos de corrupción en un contrato para brindar el servicio educativo. La Procuraduría lo suspendió por un periodo de tres meses. Pero lo que agrava más la situación es que sobre él pesan 22 investigaciones más. El caso lleva un largo tiempo en litigio, porque Flórez presentó una tutela en la que alega la violación a los derechos fundamentales argumentando que la suspensión se realizó cuando se encontraba incapacitado por razones de salud. Dentro del proceso, un juez le dio la razón a Flórez, pues adujo que se estaban violando sus derechos, pero el Consejo Seccional de la Judicatura de Yopal removió al juez, en razón a que se extralimitó en sus funciones.

Si por el Magdalena y Casanare llueve, por el lado del Putumayo no escampa. Felipe Alfonso Guzmán no solo fue destituido por la Procuraduría, sino que quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante doce años. La decisión se tomó con base en las irregularidades presentadas en un contrato adelantado por la Gobernación durante el 2008 para la adjudicación de un proyecto de desarrollo integral para la infancia. La Contraloría encontró que bajo ese contrato se compraron juguetes y adornos navideños por $470 millones a través de la celebración de dos convenios para adquirir esos elementos, uno por $253 millones y otro por $216 millones, con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Ambiental.

ALCALDES

Pineda y Char, a la cabeza

Herederos de políticos tradicionales se han ganado el favor de los habitantes de Montería y Barranquilla. Cercanía a la gente y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, dos de sus atributos.

Para quienes saben del manejo de la política local, no les es extraño que el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, sea el mejor calificado del país, pues durante su gestión la transformación de la ciudad ha sido muy significativa, sin que ello implique solución a todos los problemas. El reconocimiento es mayor si se tiene en cuenta que ha desplazado de la cabeza del ranking al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien desde que comenzó su ejercicio en La Arenosa había ocupado el primer puesto.

Pineda tiene 34 años y Char, 45, pero hacen gala de representar una nueva clase política, que no tiene intereses distintos a los de servir a su comunidad y una obsesión porque los recursos públicos sean manejados con transparencia y honestidad. La gente les ha creído, ya que ven las obras, sobre las cuales tienen control casi personal. Cada uno por su lado, cuando se posesionaron, su nómina de colaboradores sorprendió porque no tenían recorrido político, sino eran jóvenes promesas, con aire más académico que burocrático.

Pineda se la ha jugado por su ciudad, Montería, y ha tomado decisiones de coraje. Uno de sus primeros actos de gobierno fue revisar las concesiones de servicios públicos, parques y tránsito, que no solo eran ineficientes, sino implicaban pagos injustos de la comunidad. Sus críticos lo calificaron de populista, pero luego quedaron sin argumentos cuando logró que el Concejo le aprobara una contribución de valorización para pagar obras de desarrollo. En el terreno social, el alcalde arrancó la construcción de tres megacolegios en las áreas subnormales de Montería.

Pineda ha dicho que el éxito está ligado a tres apuestas: educación, transformación urbana y contacto con la comunidad.

Char no se queda atrás y sigue manteniendo una alta popularidad en su ciudad, así haya descendido al segundo lugar y haya perdido cinco puntos en los últimos ocho meses: hoy tiene un registro del 84% y cuando arrancó el segundo semestre del año pasado era del 89%. Hoy solo es superado por Pineda.

Barranquilla se ha convertido hoy en la verdadera “puerta de oro” del país. Su avance en infraestructura vial, mucha en proceso, la instalación de nuevas empresas, que creen que es el mejor sitio para competir con el exterior, y su avance urbanístico son evidentes. Y buena parte de ese ánimo lo ha infundido el alcalde Char. La tasa de desempleo, 9,5% una de las más bajas del país, demuestra que el modelo ha funcionado.

Alejando Char forma parte de una tradicional familia política de la región, pero que también ha estado vinculada a otras actividades, como el comercio y el deporte. Los Char son dueños de la cadena de supermercados Olímpica y accionistas mayoritarios del equipo Junior. Esto, sin duda, favorece al alcalde, pero no le resta méritos.

Los que pierden espacio

A Israel Londoño, alcalde de Pereira, no lo han favorecido los problemas de desempleo e inseguridad de la ciudad, ya que bajó del 85% al 69%. Y es que la ciudad, ubicada en medio del triángulo del café, sigue en el segundo lugar en desocupación, con un 19%, aspecto que incide de manera directa en los indicadores de seguridad. Pese a ello, los gremios locales le reconocen el esfuerzo por atraer inversión privada.

A la buena gestión adelantada por el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, le han aparecido algunos lunares. Del 79% pasó al 60%, caída que posiblemente se deba al escándalo de corrupción ocurrido por la millonaria contratación entregada a uno de los hermanos de su secretaria, Sonia Colmenares. Aunque el mandatario la destituyó alegando que desconocía el parentesco, las críticas hicieron mella en su imagen.

Aunque su elección despertó un gran entusiasmo en una población que se había acostumbrado a los malos manejos de los recursos públicos, con el paso de su gestión se ha ido desvaneciendo la buena opinión de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, entre muchos habitantes de La Heroica, que le dan un 48%, ocho puntos por debajo de la encuesta del año pasado. Mientras hay quienes dicen que se ha quedado corta en atacar la corrupción y la pobreza, otros opinan que su descenso se debe a la oposición que le están haciendo los grupos políticos que ya no están manejando el poder.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también registra un descenso de ocho puntos en su favorabilidad, al pasar del 66% al 58%. Una de sus principales tareas de Gobierno es terminar parte de los 21 megaproyectos, que han tenido varios tropiezos. La ciudadanía espera que al finalizar su mandato queden entregadas en su totalidad obras como el estadio, el puente Alfonso López, la troncal de Aguablanca, entre otras. A Ospina se le cuestiona por firmar convenios para realizar toda clase de proyectos sin hacer licitaciones.

Mejoraron su imagen

Hay un grupo de alcaldes que subió algunos puntos en el ranking general, debido a que en los últimos meses pusieron en marcha varios proyectos en beneficio de sus comunidades. Se trata de los mandatarios de Ibagué, Providencia y Santa Catalina y Yopal.

En el caso de Ibagué, pese al desempleo estructural que enfrenta la ciudad, el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad y la atención de la red vial le da a la administración de Jesús María Botero una buena reputación entre los ciudadanos. El mandatario quiere convertir a Ibagué en un polo de desarrollo económico de esta región del país, aprovechando su buena ubicación geográfica y sus vías de comunicación. El gobierno local no ha estado sometido a denuncias sobre malos manejos de los recursos, lo que le da transparencia. La buena percepción de la gestión de Botero pasó del 58% al 63%.

La alcaldesa de Providencia y Santa Catalina, Janeth Antonia Archbold, escaló tres puestos por las obras que está realizando, entre las que se encuentran un peatonal nuevo con un parque y un segundo peatonal en el sector de Punta Rocosa, que servirá para que los isleños y turistas puedan apreciar la regata de veleros típicos. Además, está culminando la construcción de 12 aulas para el Colegio Junín, 22 viviendas nuevas, la remodelación de otras 55 y la construcción de varios pozos sépticos.

Sin embargo, tiene problemas por resolver, como un tramo de dos kilómetros de vía que no se ha podido ejecutar por el incumplimiento del contratista, y las afectaciones por la falta de dragado en la bahía y en los embalses de agua dulce.

La alcaldesa de Yopal, Lilian Fernanda Salcedo, también salió bien librada en la encuesta, en la que ascendió tres puestos. En los primeros dos años de su gestión no le fue bien por la fuerte oposición del Concejo, que le negó facultades para que pudiera ejecutar el presupuesto de la capital, lo que llevó a que se presentaran retrasos en algunas obras. Para la Alcaldía, la pelea con el Consejo se ha convertido en un verdadero desgaste.

Pese a ello, ya están entregando algunas de las diez obras estratégicas que se fijó durante su administración, como los dos jardines para niños menores de cinco años, el primer puente peatonal en una zona estudiantil de más de 3.800 alumnos, el parque de deportes extremos y el Centro de Recursos Educativos (Triada). Está adelantando un centro de atención para personas de la tercera edad y un convenio para la construcción de un megacolegio, y ya se entregaron en funcionamiento siete acueductos para igual número de municipios.

El drama de Bogotá

¿Qué le pasó a Samuel Moreno Rojas en la alcaldía de Bogotá, si tenía todo para hacer una gran administración? La realidad parece no engañar: la opinión pública de la capital coloca su administración como una de las más deficientes de la historia moderna, a tal punto que su futuro político parece poco prometedor luego de su paso por el primer puesto de la ciudad.

Aunque al nieto del general Rojas Pinilla le quedan nueve meses de gobierno, período en el cual puede mostrar realizaciones, la imagen negativa será muy difícil revertirla. A lo sumo podrá detener el deterioro. Para algunos, hay una dosis de injusticia en la evaluación, que con el paso del tiempo se irá corrigiendo, en particular cuando se conozcan los logros.

Varios factores se conjugan para explicar la evaluación a Moreno, comenzando con que Bogotá es la capital del país con una independencia grande de sus habitantes, por lo que sus gobernantes deben tener claridad sobre sus programas y propósitos si quieren tener respeto y aceptación. Al alcalde le faltó esa claridad desde el mismo arranque.

¿Le hizo daño Álvaro Uribe desde la presidencia de la República? Todo parece mostrar que así fue, pues durante el primer año de administración, Moreno no pudo desmarcarse del bloqueo al que fue sometido, independientemente de las razones que motivaron ese alejamiento. Uno de sus programas bandera, el Metro de Bogotá, necesita obligatoriamente el respaldo del Gobierno nacional como condición para su realización.

Y en esa polarización con Uribe se perdió mucho tiempo.

Moreno quiso hacer muchas obras al mismo tiempo creyendo que de esa manera mostraba eficiencia y gestión. No ocurrió así: la ejecución de los proyectos superó la capacidad de la Administración y el resultado fue el caos en muchos frentes. El mejor ejemplo fue la movilidad, verdadero martirio para los bogotanos.

Después llegaron las denuncias de corrupción en la contratación pública, en la que la construcción del Transmilenio por la calle 26 fue el premio mayor. Buena parte del escándalo corrió a cargo de los contratistas privados, el Grupo Nule, pero también de miembros de su Administración, la Contraloría local y su familia, en particular su hermano, el senador Iván Moreno Rojas.

Finalmente, el alcalde Moreno tuvo en su partido, el Polo, a uno de sus principales obstáculos. Las pugnas internas, el bajo liderazgo de sus cuadros directivos y su incapacidad para desarrollar coherencia política y programática golpearon al alcalde. Complementariamente, la coalición política que montó con los distintos grupos se basó en aspectos burocráticos, no en programas.

La pobre administración de Moreno contribuye a que el principal partido de izquierda no tenga posibilidad alguna de quedarse con el gobierno de la ciudad, luego de dos administraciones consecutivas.

Siguieron bajando

Cinco alcaldes continúan en caída libre en cuanto a la percepción de su ciudadanía desde la medición del CNC realizada en octubre pasado. Son los representantes de Quibdó, Santa Marta, Manizales, Neiva y Cúcuta.

La esperanza que los jóvenes magdalenenses tenían en Juan Pablo Díazgranados como alcalde de Santa Marta se ha visto frustrada debido a una administración muy cuestionada. Los samarios siguen castigando su gestión a través de las encuestas. Hoy tiene un nivel de aceptación de solo el 27%. Los factores que influyeron en este puntaje van desde la utilización del 50% de la playa de la bahía para darle lugar a la Marina que hoy se construye en este lugar hasta el rebosamiento de las aguas negras, la acumulación de basuras y los malos olores en las calles de esta capital turística.

Por el lado de la alcaldía de Manizales, el índice de favorabilidad bajó del 46% al 37%. Los problemas que afectan a Juan Manuel Llano tienen que ver con la demora en la ejecución de algunas obras proyectadas, como es el caso del proyecto de renovación urbana de San José. También fueron suspendidos los recursos del Gobierno nacional para la construcción del aeropuerto del Café, debido a que las obras se están desarrollando sobre cenizas volcánicas. Pero quizá lo que tiene más ofendidos a los manizaleños son las alzas hasta del 150% en el impuesto predial.

En Cúcuta, la alcaldesa María Eugenia Riascos presenta un índice del 31%, por lo que baja 6 puntos. Las razones que exponen los cucuteños es que Riascos no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales de la ciudad, como el suministro de agua, el transporte masivo, la malla vial que está destruida y las bajas coberturas de educación y salud. Aducen que su política es de corte asistencialista y la desarrolla a través del programa Familias en Acción.

El alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramirez, bajó del 41% al 37%. Su nombre ha estado en el ojo del huracán, pues fue suspendido temporalmente por orden de la Contraloría mientras se le adelantaban investigaciones por presunto peculado relacionado con el desvío de recursos municipales por $7.000 millones, provenientes de excedentes de regalías petroleras. La Contraloría decidió restituirlo luego de que el total del dinero regresara a las arcas municipales.

Por el lado de Quibdó, el alcalde Francis Ceballos bajó del 47% al 38%. Los habitantes, que han permanecido asilados geográficamente, no vieron con buenos ojos la suspensión de las obras del aeropuerto debido a la falta de licencia ambiental, pues aunque estas se reanudaron quedó un mal sabor. El eterno tema de suministro de agua potable tampoco se ha resuelto en su totalidad.

Administrando la rutina

Dentro del grupo de alcaldes que se mantuvieron con una alta y mediana favorabilidad se encuentran los mandatarios de Medellín, Sincelejo, Valledupar, Puerto Inírida y Florencia. En el caso de la capital de Antioquia, su mandatario, Alonso Salazar, ha tenido que hacerle frente a una violencia que no da tregua y que se sigue tomando algunas comunas.

A pesar de que hace presencia permanente en las zonas de conflicto y de que pidió la colaboración del propio director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, la situación de orden público no cede. Su trabajo, a decir de algunos, se ha vuelto rutinario y no se esperan grandes cambios en lo que resta de su administración. Sin embargo, a Salazar se le reconoce su seriedad en el manejo de los temas relacionados con la ciudad y el hecho de que quiera impulsar a Medellín como un importante centro industrial y turístico.

El alcalde de Sincelejo, Jesús Antonio Paternita Samur, bajó sólo un punto, del 65% al 64%, desde el sondeo practicado en octubre del año pasado y el actual. Dicen en su ciudad que va cumpliendo con los objetivos propuestos y los sabe comunicar a la comunidad. Las quejas más sensibles tienen que ver con la inseguridad de la capital de Sucre y los problemas de movilidad.

Por su parte, el mandatario de Valledupar, Luis Fabián Fernández, bajó tres puntos, pasando del 60% al 57%. En esta ciudad se replican los problemas de Sincelejo relacionados con seguridad y movilidad, temas que afectan directamente a la ciudadanía. El alcalde fue víctima de un rumor que pudo afectar su calificación, relacionado con una supuesta oposición a la realización del festival de la Leyenda Vallenata, el evento más importante que se lleva a cabo en la capital de Valledupar. Fernández tuvo que desmentir públicamente el rumor, pero el daño quedó hecho.

La alcaldesa de Puerto Inírida, Martha Sulay Parra, se mantuvo invariable en la percepción que tiene entre los habitantes de su región, con un 53%, mientras que la de Florencia, Gloria Patricia Farfán, quedó con un 52% de favorabilidad. Farfán anunció recientemente una campaña ambiental para la recuperación de los humedales y las zonas verdes y jornadas de aseo en playas y balnearios.

No salen de abajo

El indebido uso del sistema general de participaciones generó la destitución de la alcaldesa de la ciudad de Armenia, Ana María Arango, y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante quince años. Arango tuvo una gestión muy pobre al frente de la Alcaldía y actuó bajo la inercia dejada por su marido fallecido, el exgobernador Mario Londoño Arcila.

En octubre, los “cuyabros” la calificaron con un 33% de favorabilidad y antes de su destitución alcanzó a llegar al 30%. La alcaldesa apeló la decisión y hoy en la ciudad de Armenia existen varias vallas publicitarias en las que le aclara a la ciudadanía que continúa en su cargo. Su hijo Juan Camilo es el poder en la sombra de Ana María Arango.

Por su parte, el alcalde de Riohacha, Jaider Antonio Curiel, quien fue calificado en octubre con un 33% y en el presente sondeo bajó al 32%, es definido por los riohacheros como un hombre de bajo perfil y muy lento en la ejecución de los programas. Se dice que no aplica estrategias de planificación y que, por lo tanto, los resultados de su gestión son tan pobres. Como un hecho destacable hay que mencionar que está sacando al municipio de la Ley 550.

El caso del alcalde de Leticia, José Ricaurte Rojas, es muy similar al de Riohacha. El puntaje obtenido es exactamente el mismo. Sus programas bandera, como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y el mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad, no han tenido los resultados esperados.

La ciudadanía de Mitú no califica bien la gestión de Javier Miguel Vargas, quien fue suspendido por la Contraloría Departamental del Vaupés, y luego de una tutela continúa en su cargo. El Alcalde asegura que contra él existe una persecución política orquestada entre el Gobernador y el Contralor municipal.

Los peores calificados

Un grupo de alcaldes, los de Pasto, Mocoa, Tunja y Villavicencio, repiten en esta segunda encuesta como los que tienen las más bajas calificaciones. A estos gobernantes se suman el mandatario de Bogotá, Samuel Moreno, que sigue en franco descenso, y la alcaldesa de Armenia, Ana María Arango.

La peor percepción de su gestión es para el alcalde de Tunja, Arturo Montejo, con apenas un 23% de favorabilidad, quien se comprometió públicamente con el desarrollo de varias obras, que no ha podido llevar a cabo por los traspiés que se le han presentado, relacionados con acciones legales y falta de planificación y de socialización. Entre las iniciativas que no se han terminado están cuatro megaparques, una megavía y una biblioteca. El mandatario se ha comprometido a que las tendrá listas antes del 7 de agosto próximo, cuando la capital de Boyacá está de cumpleaños. Una de los proyectos que sí está avanzando es la peatonalización del centro de Tunja.

El alcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, con una imagen positiva de tan solo el 25%, no ha podido desarrollar una adecuada gestión, lo que ha llevado a que la capital del Putumayo siga sumida en los problemas de siempre: inadecuado manejo de recursos, falta de vías e inadecuados servicios de salud.

En el caso de Pasto, su alcalde, Eduardo Alvarado, tampoco ha podido despegar en la imagen que de él tiene la opinión pública por el incumplimiento de varias de las metas propuestas al comienzo de su gestión, mientras que al mandatario de Villavicencio, Héctor Raúl Franco, se le critica que no haya sacado adelante a la capital del abandono en que la dejaron sus anteriores administradores. Hay que reconocer que Franco encontró una situación muy compleja debido a la inestabilidad política en la capital del Meta, que se ha visto afectada por un deterioro en la situación de orden público.

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