A manera de propuesta inicial
En observancia del derecho a la información[1] que establece la Constitución Política de 1991, en toda explotación minera deberían colocar vallas que adviertan sobre los peligros que conlleva esa explotación.
Tal vez lo anterior suene a propuesta excesiva, descabellada, pero si tenemos en cuenta que la explotación del oro produce consecuencias altamente nocivas para la salud de las personas y el medio ambiente en realidad no lo es.
¿Qué está pasando con la explotación del oro en el Putumayo?
Las explotaciones de oro existentes en nuestro territorio están generando serios daños al suelo, a las aguas, a la flora, a la fauna y con ellos al hombre de las comunidades que viven en su área de influencia, todo a nombre del desarrollo. Esta situación ha generado reacciones a favor o en contra, conflicto de intereses que debe resolverse pensando más en el hombre y su bienestar que en el ingreso o las ganancias que se puedan obtener.
Cómo abordar el tema
El tema se debe abordar desde diferentes ángulos o perspectivas, de manera tal que permita superar cualquier mirada parcializada o centrada en el aspecto económico y para ello se deben tocar aspectos ambientales, sociales y políticos relacionados con el mismo.
Visión economicista
Quienes apoyan o justifican la explotación del oro en el departamento del Putumayo sostienen que ésta es una actividad que genera “riqueza”[2], porque dinamizar la economía y produce efectos positivos sobre su población, expresados en más empleo, más ingresos, mayor poder adquisitivo y, en general, en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Sostienen, además, que las explotaciones mineras generan ingresos a los municipios, recursos que sirven para invertir en el desarrollo local.
Quienes no están de acuerdo con ella argumentan que la explotación del oro a cielo abierto[3] -que es como se viene haciendo en el Putumayo-, beneficia únicamente a los inversionistas[4] y que son más los daños que produce a la salud de los seres humanos, al suelo, flora, fauna y aguas superficiales y subterráneas que los beneficios.
Si los argumentos de los defensores fueran ciertos, se reflejaría en un visible e innegable mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones asentadas cerca a las explotaciones mineras en particular y en general en las de todo el del municipio. El error que cometen está en negar los impactos ambientales o en el afirmar que toda actividad humana genera impactos en el entorno, lo cual es cierto, pero no se puede comparar el impacto que produce una actividad minera de lavado del oro realizada por indígenas, campesinos o afrodescendientes en quebradas y ríos del departamento que la actividad desarrollada por pequeñas, medianas o grandes empresas mineras. Los beneficios económicos para los trabajadores mineros son mínimos y, además, los graves impactos ambientales no entran en ningún cálculo económico. Centrar la discusión en la “riqueza”, “ganancias” o “utilidades”, es limitar o reducir la discusión al terreno netamente económico que le conviene a quienes apoyan el desarrollo por el desarrollo.
La visión ambientalista
Los impactos ambientales van más allá del deterioro ambiental, son aspectos que tienen que ver a la vez con la economía, salud y alimentación de las comunidades cercanas a las explotaciones mineras.
La minería produce lo que se denomina impacto socioeconómico, es decir, una alteración sobre los modos de vida y la economía de la región en la que se implanta, que pueden ser en unos casos positivos y en otros, negativos
La explotación minera modifica severamente la morfología del terreno, apila grandes cantidades de material estéril, contamina la capa freática, destruye bosques, áreas cultivadas, viviendas, etc. Puede alterar el curso de los ríos, destruir la pesca y crear lagunas o pantanos con aguas tóxicas. El aire lo contaminan el polvo, los combustibles tóxicos y vapores de gases de cianuro, mercurio o dióxido de azufre. El ruido producido por las explosiones, trituración, generación de energía y transporte es otro proceso de contaminación. En la explotación se utilizan enormes cantidades de agua, agua que no tiene costo económico para las compañías, aunque provoque el desecamiento de la zona circundante[5].
En las minas a cielo abierto, para extraer un kilogramo de oro se necesitan remover entre 130 a 150 toneladas de tierra.
Teniendo en cuenta los efectos a largo plazo, los suelos de las explotaciones mineras no pueden ser utilizados para cultivos o para reforestación.
La explotación minera produce efectos sobre la salud de sus trabajadores y de las comunidades cercanas, son frecuentes las enfermedades del sistema respiratorio (neumoconiosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis industrial y cáncer del pulmón desencadenante de incapacidad laboral temporal o permanente), erupciones en la piel, contaminación de la sangre por las sustancias que se utilizan.
Uno de los errores que cometen los grupos opuestos a la industria extractiva de metales es el de centrarse únicamente en lo ecológico ignorando o tocando superficialmente el tema económico. Esta posición, si bien puede sostenerse desde el punto de vista ético de la vida, con frecuencia tiende a construir una visión idealizada de la naturaleza, las comunidades indígenas y campesinas, ignorando las condiciones de pobreza y explotación en que ellas viven.
De igual manera, las críticas centradas solamente en el tema económico, pierden de vista no solo los vínculos directos entre ambiente y economía, sino también que los impactos ambientales en sí mismos, son razones de peso para oponerse a su actividad extractiva. Es preciso que las discusiones no se centren en las “regalías”, pues, incluso si éstas aumentaran, no eliminarían los impactos ambientales[6].
La explotación minera y lo político
El tomar posición a favor o en contra de la explotación minera, generalmente se hace desde la economía o la ecología, pero muy poco desde lo político.
El Estado colombiano no niega los impactos ambientales de la explotación minera, sin embargo, al sostener que éstos pueden minimizarse, conlleva a aceptar que ellos no se deben a “errores” de las empresas, sino que son parte del proceso normal de la extracción minera. Pareciera que al gobierno le importan poco las comunidades y las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil que se oponen a su realización sin el lleno de los requisitos para su realización.
¿Dónde quedan las consultas previas a las comunidades indígenas o afrodescendientes? No es posible que siga manejando, desde el Estado y sus funcionarios, el discurso de la “oposición al desarrollo” o el de que “los indígenas y los campesinos son manipulados” o aquel que hace referencia a la “ingobernabilidad”. Ver a quienes se oponen a la explotación minera con ese lente es abocarse a tener una visión distorsionada. Las consultas tienen un valor eminentemente político y se encuadran dentro de los procedimientos democráticos, por lo tanto, se deben promover y acatar sus resultados.
Consideraciones finales
En artículo de Roberto P. Guimaraes, especialista brasilero de la CEPAL, aparecido en la revista EURE de Santiago de Chile, «El desarrollo sustentable: ¿propuesta alternativa o retórica neoliberal?, en 1994[7]. Distingue una búsqueda de sustentabilidad desde el subdesarrollo, la cual, solo será posible si se logra lo que llama «componentes» o «contenidos sectoriales». Para R. Guimaraes la sustentabilidad posee los siguientes contenidos sectoriales: «sustentabilidad ecológica», «sustentabilidad ambiental», «sustentabilidad social» y «sustentabilidad política».
Define la sustentabilidad ecológica como la referida […] a la base física del proceso de crecimiento […] Para el caso de los recursos naturales renovables, la tasa de utilización debiera ser equivalente a la tasa de recomposición del recurso. Para los recursos naturales no renovables, la tasa de utilización debe equivaler a la tasa de sustitución del recurso en el proceso productivo […]» (Guimaraes, 1994:51). Estas categorías deben ser tenidas muy en cuenta en el análisis de qué entender por sustentabilidad en la actividad minera.
La sustentabilidad ambiental, por su parte, continúa el autor brasileño se refiere a «[…] la capacidad de sustento de los ecosistemas, es decir, la capacidad de la naturaleza para absorber y recomponerse de las agresiones antrópicas […] En primer lugar, las tasas de emisión de desechos como resultado de la actividad económica deben equivaler a las tasas de regeneración, las cuales son determinadas por la capacidad de recuperación del ecosistema […]»(Guimaraes, 1994:51). Esta categoría constituye un referente obligado para analizar la sustentabilidad de cualquier actividad y una variable obligada a construir los llamados indicadores de sustentabilidad.
Un tercer momento considerado como básico para el logro de la sustentabilidad, es la sustentabilidad social, la cual, «tiene como objeto el mejoramiento de la calidad de vida de la población […] los criterios básicos debieran ser los de justicia distributiva, para el caso de la distribución de bienes y de servicios y de la universalización de la cobertura, para las políticas globales de educación, salud, vivienda y seguridad social» (Guimaraes, 1994:52). Estas reflexiones conducen a la obligatoriedad de medir, sí de sustentabilidad se trata, en los indicadores la calidad de vida de las personas, principales portadores de uno u otro modelo socioeconómico, algo que no queda muy claro en la mayoría de los sistemas de mediciones existentes en el mundo de hoy.
Para concluir con el análisis de los contenidos sectoriales que propone R. Guimaraes nos referiremos a la denominada sustentabilidad política la cual «[…] se encuentra estrechamente vinculada al proceso de construcción de la ciudadanía, y busca garantizar la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo. Ésta se resume a nivel micro, a la democratización de la sociedad, y a nivel macro, a la democratización del estado» (Guimaraes, 1994:53). Esta es una idea esencial que debemos retomar una y otra vez, en la medida en que estamos tratando de la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones como decisores reales de sus vidas.
Según R. Guimaraes, la sustentabilidad de cualquier actividad solamente es posible sí las dimensiones que se analizan en este articulo se cumplen de forma sistémica.
A los putumayenses en general, pero específicamente a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y a las organizaciones de la sociedad civil, les urge promover el debate en torno a la explotación minera en el departamento, discusión que se debería hacer desde las perspectivas económica, ecológica, ambiental, social y política, con la presencia de las instituciones del Estado, con el objetivo de garantizar la incorporación efectiva de los ciudadanos al proceso de desarrollo.
Jaime Armando Erazo VillotaBuenos Aires, 11 de marzo de 2011
[1] El Artículo 20 de la Constitución Política de 1991 establece que el Estado garantizará a toda persona el recibir información veraz e imparcial.
[2] Vea la caricatura y saque sus propias conclusiones.
[3] La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable, de alto impacto ambiental, social y cultural. Para obtener los minerales es indispensable deforestar y remover la capa superficial de la tierra, que da vida a la flora y la fauna. A través de esta destrucción se llega a extensos yacimientos de minerales contenidos en rocas, las cuales hay que pulverizar, aplicarles cianuro, agua y zinc para precipitar el oro y la plata.
[4] Según Mario Alejandro Valencia, en su artículo “Colombia: paraíso de las transnacionales mineras”, en Le Monde <<Dipló>> Diplomatic de 13 de marzo de 2011, “Entre 2002 y 2009, la inversión extranjera en los sectores extractivos aumentó en un 500 por ciento. Pero por cada 0,93 dólares que entraron al país, salió un dólar. Así, Colombia, antes que receptor de capital extranjero, está convertida en un exportador neto de capitales. Entre 1994 y 2009 ingresaron, como inversión extranjera directa, 90.000 millones de dólares. Aún así, el desempleo, la informalidad, el hambre, la miseria y el atraso no significaron mejor calidad de vida para las mayorías nacionales. El capital extranjero no es tabla de salvación ni motor de crecimiento. Por otra parte, el Estado renunció a participar en la renta minera más allá de mero recaudador de impuestos, contribuciones y contraprestaciones económicas, como la regalía.
[5] Para que se puedan tener una idea mejor, les invito a ver las diapositivas preparadas por “Conciencia ambiental” titulada ¿Sabe usted en qué consiste el proyecto de explotación de oro La Colosa en Cajamarca?
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[6] El debate en el Congreso de la República crece en torno al aumento de las “regalías” del oro. Quienes quieran obtener mayor información lo pueden hacer consultando la Revista Portafolio en artículo presentado el jueves 10 de marzo de 2011.
[7] El Desarrollo Sustentable: ¿Propuesta Alternativa o Retórica Neoliberal?, en: Revista Eure (vol. XX, No 61), pp 41-56. Santiago de Chile. 1994