Gerardo Jumí –
Luego de que el actual presidente Juan Manuel Santos fuese posesionado simbólicamente como Jefe de Estado, por la Nación Tayrona mediante un acto ritual, en territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente se presentó al II Congreso de la Nación Emberá, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, para presentar su Política para el País Indígena.
En este escenario, manifestó que su Gobierno iba a respetar los Derechos Humanos y colectivos de los pueblos indígenas; dio el reconocimiento de la existencia de los 102 pueblos indígenas de Colombia; expresó sul respeto por la autonomía, su voluntad de llevar a cabo las consultas previas. Igualmente evidenció su reconocimiento al papel de las guardias indígenas, que en ese instante lo estaban protegiendo, dado el bien que le han hecho al país por el papel que han jugado. Finalmente informó que para poner en marcha sus propósitos, crearía un Programa Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y anunció, el nombramiento del dirigente indígena Gabriel Muyuy Jacanamejoy, como el director de ese programa presidencial.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón se ha reunido desde su posesión hasta la fecha con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Mesa Permanente de Concertación, ratificando y manifestando iguales propósitos de respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas. De la misma forma, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y su Vice Ministro, Aurelio Iragorri, han venido manifestando en los escenarios de la Mesa de Concertación, firmes propósitos de mantener un mecanismo de concertación y diálogo permanente para llegar a acuerdos en temas neurálgicos y vitales para el país.
Frente a los anteriores manifestaciones gubernamentales, los indígenas han sido muy receptivos, no obstante han expresado sus reservas. Para que el gobierno y los pueblos indígenas se encuentren, han ocurrido dos circunstancias decisivas: la primera es que frente a temas de desarrollo minero y de infraestructura o legislativos, que afectan territorios indígenas, la normatividad internacional y las últimas sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, han señalan la obligatoriedad de las consultas con los propios indígenas, y la segunda circunstancia es la existencia de un grado importante de voluntad política por parte de Juan Manuel Santos para el diálogo y la concertación.
Después de cuatro meses de haberse anunciado la política indígena por parte del presidente Santos, ya Gabriel Muyuy se posesionó como director del Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia.
Gabriel Muyuy ha sido un destacado líder del pueblo inga, de la ONIC, del Movimiento Indígena Colombiano y se ha desempeñado como Senador de la República en dos periodos, Secretario Técnico de la Mesa Permanente de Concertación, Defensor Delegado para indígenas y las minorías étnicas de Colombia de la Defensoría del Pueblo, y además, ha sido consultor de las Naciones Unidas y del Fondo Indígena. Cuenta además con una envidiable formación académica de filósofo y antropólogo. Es una persona con capacidad de escucha, es reflexivo y pausado para sus intervenciones. Estas cualidades lo llevaron a que fuera nombrado el responsable del programa. El movimiento indígena se encuentra a la expectativa de que a través de él, en verdad, se puedan materializar los propósitos presidenciales.
El Decreto 4679 de diciembre 17 de 2010, le señala como una de las funciones asesorar al Presidente de la República, a los ministros, gobernadores, y alcaldes en la formulación de acciones y estrategias para el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Colombia.
Gabriel Muyuy inicia su gestión con seis estrategias y acciones básicas en su decir:
Una de ellas, es que en materia de Derechos Humanos, promoverá la creación de un programa único para todas las entidades estatales en la que todas las acciones en esta estrategia sea transversal la formación permanente de los funcionarios que atenderán a los pueblos indígenas en la promoción para la garantía de los de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
También se plantea la interculturalización de la sociedad, buscando que el mandato constitucional de reconocimiento y garantía a la diversidad étnica y cultural de la sociedad sea real. En esta, impulsará un programa que valore y haga la resignificación filosófica, política y cultural de la diversidad étnica del país, en la que el planteamiento central no solo debe ser de incumbencia de los indígenas para acceder a esta reflexión, sino que debe darse con todos los estamentos de la sociedad, como universidad pública y privada, en bachillerato y escuela, docentes indígenas o no indígenas, pues tradicionalmente, en los últimos 30 años la aplicación de la etnoeducación ha sido referido únicamente a los indígenas y sus docentes. En este caso, advierte que es necesario el rediseño de los programas curriculares tanto para las universidades, como para la educación básica, media vocacional y primaria con nuevos parámetros conceptuales y académicos para construir una sociedad intercultural e incluyente. En este mismo marco impulsará acciones de carácter cultural, deportivo y artístico desde el nivel local hasta la realización de eventos nacionales.
En cuanto al Derecho al territorio, de los recursos naturales y la consulta previa de los pueblos indígenas, señala el diseño de un programa nacional de formación en consulta previa, dirigido a los sujetos del derecho, empresarios, funcionarios y servidores púbicos y organizaciones sociales. Para ello se buscará avales de universidades nacionales e internacionales de modo que la formación tenga la suficiente estructuración conceptual y soportes académicos que den credibilidad y los funcionarios decisores sientan tranquilidad y respaldo de sus acciones frente al Estado y los pueblos indígenas. Igualmente, se da como tarea retomar la reglamentación de la consulta previa, habida cuenta que ella, actualmente, no tiene una reglamentación concertada. También, manifiesta que acompañará los procesos de consulta previa en concreto, como también sabe de la necesidad de revisar la directiva presidencial en esta materia.
Otro tema importante para el director del programa presidencial, es hacerle seguimiento a las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, pues según evaluaciones, hasta ahora vamos muy atrasados en su cumplimiento y al paso que vamos, al 2015 no se tendrán las metas. En este mismo orden, señala la importancia de trabajar los planes de desarrollo bajo el concepto del buen vivir comunitario, teoría que emerge recientemente en los pueblos indígenas andinos y que también está siendo planteado por los pueblos indígenas de Colombia.
Finalmente dice que es conveniente realizar esfuerzos hacia la garantía de la igualdad de oportunidades recogiendo los programas sociales consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad Para Todos”.
Para concretar estas líneas estratégicas también recurrirá a la cooperación internacional, según él, ésta debe darse de manera horizontal, con la seguridad de que éticamente y políticamente deben ser coherentes unos y otros.
Vale decir que la relación de pueblos indígenas y el gobierno está en prueba, toda vez que en gobiernos anteriores no han tenido la mejor suerte teniendo que recurrir a las grandes movilizaciones para reivindicar sus derechos. Hoy se están dando una oportunidad histórica de borrar un pasado de exclusiones y de abolición de los derechos territoriales por un Estado incluyente y respetuoso, con un programa gubernamental que sea también de prosperidad para los pueblos indígenas. Amanecerá y veremos.