Guillermo Rivera: el testigo clave para los damnificados de las pirámides y para el Gobierno

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Durante varios años las captadoras ilegales de dinero, como DRFE y DMG, funcionaron a plena luz del día sin que el Gobierno tomara alguna medida para frenarlas. Fueron miles las personas que perdieron su dinero con la intervención del Gobierno y hoy esos damnificados demandan a la Nación por no haber intervenido a tiempo.

Como contó la Revista Semana el domingo pasado, la Nación enfrenta millonarias demandas de los cuentahabientes de DMG y otras pirámides financieras. Y en este pleito, que promete ser uno de los más costosos que ha enfrentado el Estado, un hombre es la clave. Lo curioso es que tanto los demandantes como el Gobierno están usando sus declaraciones a su favor. Se trata del representante a la Cámara Guillermo Rivera.

El representante por el Putumayo fue el primero en denunciar la existencia de esas empresas de captación ilegal y en reclamar al Gobierno que interviniera y, básicamente, que dijera si se trataba de empresas legales o no. Sus primeros llamados de atención a las autoridades ocurrieron dos años antes de que el presidente Uribe las interviniera. Por cuenta de ellos le llovieron críticas e incluso amenazas contra su vida y contra su familia que lo mantuvieron durante meses lejos del Putumayo.

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En las pasadas elecciones estuvo a punto de perder su curul en la Cámara de Representantes porque sus rivales políticos, que precisamente se ubicaron en la lista de Apertura Liberal-DMG, convirtieron en bandera política su ataque frontal a las pirámides y lo mostraron como el responsable de que la gente hubiera perdido su dinero.

Ahora, esos mismos que votaron en su contra y otros damnificados de las pirámides en otros departamentos están pidiendo que sus declaraciones -que en el pasado rechazaron- sirvan de prueba reina para demostrar que el Gobierno hubiera podido intervenir las captadoras ilegales mucho antes de que estallara la crisis a finales de 2008 y así evitar que tanta gente perdiera sus ahorros.

Desde diversos juzgados del Putumayo y de Nariño le han llegado a Rivera requerimientos para que declare en los juicios contra el Estado como ‘testigo clave’.

Hasta ahora la mayoría de solicitudes corresponden a las demandas de los estafados por la empresa Proyección DRFE –propiedad de Carlos Alfredo Suárez– que sólo funcionó en el sur del país. Pero ya le han anunciado que lo llamarán como testigo en varias de las demandas de grupo que se instauraron por los afectados de DMG, de David Murcia Guzmán.

Aunque la mayoría de damnificados proviene de estas dos pirámides, entre 2005 y 2007 se conformaron 19 entidades captadoras ilegales de recursos y, a partir del primer semestre de 2008, se incrementó en 692 por ciento esa cifra. Cuando el Gobierno decidió intervenir ya existían 222 captadoras ilegales.

Los abogados de los damnificados buscan demostrar que el Gobierno dejó funcionar a las pirámides, que estaban legalmente constituidas ante las Cámaras de Comercio como “actividades rentistas de capital” aunque era obvio para todo el mundo que su actividad real era la de captación masiva de dineros.

También argumentan que la DIAN cobró impuestos a DRFE hasta agosto de 2008, poco antes de la intervención, y que esos documentos oficiales eran lo que mostraban los de la pirámide a los que querían pruebas de su ‘legalidad’. Fueron 6.500 millones de pesos que recaudó el Gobierno por los impuestos que pagaban las 60 oficinas de captación masiva de esa empresa en varias partes del país.

Lo que intentan probar los demandantes es que la información que les entregó Rivera a varios funcionarios del Alto Gobierno, dos años antes de la debacle de las pirámides, les hubiera permitido combatir o evitar la captación masiva y con ello la crisis económica y social. Y que la negativa del Gobierno a escuchar al Representante Rivera fue una aceptación tácita del «principio de legalidad financiero».

Acusan a la Superintedencia Financiera de no haber protegido el ahorro del público. Y a la de Sociedades, porque nunca envió a la Fiscalía un informe para que investigara a las captadoras, aunque sí reportó irregularidades a la Superfinanciera. Igual a la DIAN y la UIAF, porque no reportaron operaciones peligrosas.

Para los abogados de los inversionistas afectados es claro que la UIAF tenía pleno conocimiento de algunas irregularidades cometidas por las empresas captadoras de dinero, y que solamente solicitó información a las mismas a partir del 31 de octubre de 2008. Además, quieren demostrar que el gobierno hubiera podido utilizar la Ley de Quiebras y no esperar a decretar una Emergencia Económica.

Alegan que durante los debates en el Senado, los congresistas de la oposición denunciaron que el Gobierno habría podido evitar la crisis si hubiera intervenido a tiempo. Y que en 2009 la Procuraduría abrió una investigación contra 18 funcionarios del Gobierno de Uribe porque aparentemente no actuaron a tiempo contra las pirámides.

Y por último, se apoyan en la declaración del entonces presidente Uribe quien, cuando ya estalló el escándalo, despidió a través de los medios al Superintendente de Sociedades por no haber actuado a tiempo y dijo: “Yo me duelo de no haberme metido personalmente a escudriñar el tema. Empecemos por mi culpa, yo debí meterme en el detalle porque yo preguntaba y me decían, no Presidente, estamos investigando”. Es decir, reconoció la responsabilidad del Gobierno.

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