La petición del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordena proteger los recursos públicos y busca salvar el patrimonio público del municipio de Santiago en el departamento en Putumayo, por un valor de 3 mil 500 millones de pesos.
Dentro de las irregularidades detectadas en la licitación se destaca que en el cronograma “no es comprensible que al siguiente día del acto de apertura del proceso licitatorio se realice una visita, la cual es puntuable. En ella se vulnera el principio de participación y concurrencia”.
La decisión, que fue conocida por RCN La Radio, ya le fue comunicada al alcalde de Santiago, Jaime Ortega Santacruz, quien puso en marcha la licitación para la construcción de la infraestructura educativa Ciudad de Santiago, la cual tras los análisis previos del Ministerio Público no reúne los requisitos que garanticen la transparencia de administración pública.
Precisa el organismo de control que dentro de las irregularidades detectadas se destaca que “no es claro para el ente de control, que en el objeto del contrato se señale que se trata del prepliego de condiciones y el documento aparece publicado como pliego de condiciones definitivo”.
Igualmente hay confusión en la descripción del objeto, cuando dice que “la obra consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para la ejecución de la convocatoria, cuyo objeto es la construcción de la infraestructura educativa en la institución educativa ciudad Santiago, municipio de Santiago, departamento del Putumayo”, sin embargo, el objeto de la contratación no es claro a la hora de establecer las condiciones, por lo que “la administración tiene la obligación de elaborar pliegos de condiciones que contengan reglas objetivas, justas, claras, y completas que no induzcan al error”.
En lo referente al plazo de la ejecución del contrato, destaca la Procuraduría que “no se pueden establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás”.
Por tal motivo, el Procurador manifestó que “se encuentra que el plazo estipulado para el pliego de condiciones del proceso para presentar propuestas de 6 días hábiles, no es un plazo razonable en consideración de la cuantía de 3 mil 500 millones de pesos”.
Finalmente destaca el jefe del Ministerio Público que teniendo en cuenta la serie de irregularidades en la contratación se debe revocar la licitación.