Franco Armando Guerrero A. –
Se tramita en el Congreso de la República el acto legislativo No. 013 del 30 de agosto de 2010, con el que se pretende reformar la distribución de las regalías de los recursos procedentes de la explotación del subsuelo colombiano. Pretender cambiar la distribución de las regalías para el caso del Putumayo, que las recibe por la extracción que hacen del petróleo, para que se distribuyan a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras regiones no productoras, es un golpe letal a la descentralización, sobre todo, a las oportunidades de desarrollo y a las obras sociales y económicas en veredas, corregimientos y zonas atrasadas de estas mismas regiones.
El Gobierno central sustenta este proyecto planteando que a partir del año 2010 hasta el 2020 se va a aumentar la producción de petróleo y de carbón principalmente. Aseguran que habrá incrementos en la producción de petróleo que irían desde los 750 mil barriles diarios hasta 1.250.000 barriles por día, incluso afirman que la producción podría llegar hasta 1.450.000 barriles diarios, así lo mencionan en la sustentación de motivos del acto legislativo. En cuanto a la explotación de carbón, dicen que se pasaría de 92 millones de toneladas al año – actualmente – a 130 millones anuales en el período señalado. Hace mal el gobierno nacional, además, al suponer que los precios internacionales de estos recursos van al alza. Perplejo entonces, el gobierno se pregunta ¿cómo es posible que toda esta riqueza se quede en el Putumayo y en los principales departamentos y municipios productores de petróleo y carbón?
En opinión de analistas en estos temas, es muy incierto prever que los precios internacionales de estas materias primas se incrementen notoriamente, aún más en el caso de Colombia que no define para nada la política petrolera mundial, ni siquiera hace parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Por ejemplo, en el año 2008 el precio del barril de petróleo estaba en 140 dólares, y seis meses después, en diciembre del mismo año, bajó a 40 dólares el barril. Con esa volatilidad en los precios y en la producción, no se puede asumir que llegará abundancia de dólares y riqueza.
Por eso una reforma constitucional del gobierno central sobre la base de un aumento de la producción de petróleo y carbón y de aumento en los precios internacionales de estos mismos, es un disparate y una estrategia inconcebible para confundir a incautos. Es decir, al analizar y estudiar las pretensiones del gobierno trazadas en este asunto, se descarta de plano que la propuesta obedezca a los precios, a las bonanzas ficticias de recursos naturales no renovables, a la corrupción territorial – que no es mayor que la corrupción nacional -, y sí, por el contrario, tales pretensiones se sujetan fielmente a la aplicación de un modelo económico que le sigue dando garantías a las empresas trasnacionales, al capital especulativo que entra y sale del país haciendo daño económico y social a la producción nacional. Tal medida adversa para las regiones productoras se debe a la desfinanciación y déficit fiscal del presupuesto del gobierno nacional aprobado ya por el Congreso de Colombia. El déficit fiscal en el balance general de la Nación es de 24 billones de pesos, cifra que corresponde al 4.6% del producto interno bruto (PIB). Si el presupuesto de Colombia para el año 2011 fue aprobado por un valor de 147.3 billones de pesos, y se calcula un déficit fiscal por valor de 24 billones de pesos que no los tiene el gobierno central, tendrá que resolver esta situación con reformas tributarias, con más deuda externa que Colombia ya no aguanta; y ahora, pretendiendo centralizar las regalías en Bogotá, despojando de su autonomía a las regiones productoras de petróleo y carbón de Colombia, sustrayéndole sus regalías que le corresponden constitucionalmente como titulares de un derecho.
Por qué el gobierno nacional no toca las regalías con las que se quedan las trasnacionales del petróleo y el carbón, cuando a nivel mundial el promedio de regalías que se pagan es del 18% y en Colombia las del petróleo escasamente llegan al 8%, en carbón es menos, cuando los colombianos pagamos en impuesto al valor agregado (IVA), el 16%. Las trasnacionales son consentidas por los diferentes gobiernos en el pago del impuesto a la renta. Pienso que debe ser allá, donde se deben buscar los recursos financieros que le hacen falta al gobierno para encontrar el equilibrio presupuestal, y no en las zonas pobres y olvidadas tradicionalmente por el Estado como lo son las zonas productoras de petróleo y carbón.
El desastre ambiental producido por las trasnacionales lo terminan pagando las gentes de los territorios productores de recursos naturales no renovables, viviendo su angustia social y económica en medio del deterioro ecológico de ríos y bosques naturales, de los negativos impactos sociales, la prostitución, la migración, la drogadicción y todos los dramas que acompañan a estos municipios petroleros y carboníferos.
Los gobiernos de turno periódicamente se han gastado y despilfarrado el patrimonio público en 100 años de creación de todas estas empresas estatales. Y en menos de 20 años de imposición del modelo económico neoliberal, han dilapidado todos los ingresos obtenidos con las privatizaciones, vendiendo a precio de huevo las empresas estatales, y el país continúa en el subdesarrollo.
De la misma forma amañada sucede con los recursos que le han quitado a los municipios y departamentos de Colombia mediante los actos legislativos 02 y 04 de los expresidentes Pastrana y Uribe, que crearon el Sistema General de Participaciones (SGP), centralizando los recursos, que entre 2002 y 2016 se calculan en 76 billones de pesos.
Y ahora, nuevamente el gobierno nacional – fresco como una lechuga -, pretende llevarse la plata de las regalías para ser manejadas por el presidente Santos y sus ministros, que para el período 2010 a 2020 se calcula en la suma de 94.8 billones de pesos.
Al gobierno central eso no le afecta para nada, a la gran burguesía y a terratenientes tampoco. Para el gobierno, eso tan sólo queda en las estadísticas del DANE y Planeación Nacional. Qué democracia puede haber en Colombia si todos los cheques del Estado, incluyendo el de las regalías los va a girar el mismo gobierno.
Tengamos en cuenta que los bloques de exploración y los pozos de producción de petróleo no están en el centro del país ni en las zonas que van a ser las grandes beneficiadas con las nuevas medidas sobre los recursos de las regalías del petróleo y el carbón.
Por todo lo anterior, putumayenses, los departamentos y municipios petroleros y carboníferos de Colombia, debemos rechazar el acto legislativo No. 013 del 30 de agosto de 2010 que presenta el gobierno central con respaldo de los congresistas de la unidad nacional, porque como se dijo, con tal reforma pretenden despojar a nuestros territorios de las regalías que por derecho constitucional nos pertenecen, como lo señala el artículo 360 de la Constitución, que establece “Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones”.
De otra parte, el artículo 361 de la constitución, garantiza los recursos de regalías para los departamentos y municipios no productores de recursos naturales no renovables, mediante el fondo nacional de regalías, ya que dice así, “Se creará un fondo nacional de regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley”.
En tanto que el acto legislativo No. 013 de 2010, que debe ser archivado, señala que “la ley, por iniciativa del gobierno, determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la distribución de los ingresos provenientes de las regalías y las compensaciones, su administración, su ejecución, control”…, en el mismo acto legislativo se suprime el fondo nacional de regalías, respecto de lo cual el gobierno ordenará al liquidador su procedimiento.
Como vemos, el gobierno despoja de las regalías a los municipios y departamentos petroleros y carboníferos, a través del acto legislativo No. 013, con la creación de varios fondos; uno, controlado por el Banco de la República para garantizar las utilidades al capital extranjero y la deuda externa, y otros fondos administrados por el gobierno central cuando cita: “Se constituye el sistema general de regalías, cuyos beneficiarios son el fondo de ahorro y estabilización, el fondo de competitividad regional; este último estará conformado por el fondo de compensación regional y el fondo de desarrollo regional”. También habla el texto de destinar un 10% para ahorro pensional territorial y para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Afirman los expertos en materia constitucional, que, si se quiere cambiar la forma en que se distribuyen las regalías entre unas y otras entidades territoriales, bastará reformar la ley 141 de 1994 que crea el fondo nacional de regalías, y no reformando la misma constitución.
Esta reforma constitucional implica consecuencias nefastas para los intereses económicos y sociales del Putumayo, un territorio históricamente aislado del centro del país, expropiado década tras década de su riqueza natural: quina, caucho, maderas, pieles, oro, y petróleo, marcado por las cientos de viudas que ha dejado la violencia y el irreversible deterioro ambiental que han causado las multinacionales. Un territorio poblado por 380.000 habitantes con cerca de 180 mil de ellos desplazados, lo convierte en récord detestable para cualquier sociedad. Sumado a ello las consecuencias de la producción de coca, las fumigaciones y el escenario del conflicto armado que vive el Putumayo, la participación de la producción del departamento en menos del 1% del PIB nacional, lo obliga a subsistir en medio de una economía de colonización, de atraso y aislamiento nacional.
Con el Putumayo, son varios los departamentos que podrían perder el control autónomo y descentralizado de las regalías. La actual distribución porcentual de estos recursos en territorios minero – energéticos, es la siguiente: Casanare 23.5%; Meta 12.1%; Arauca 10.4%; Guajira 9.7%; Huila 8.9%; Santander 5.6%; Cesar 5.4%; Córdoba 4.9%; Antioquia 3.4%; Tolima 3.3%; y otros el 12.8% (ver tabla siguiente). Estas entidades territoriales han comprometido sus regalías; hacia el futuro se calculan en 379.322.902.718 de pesos, pagaderos entre 3 y 19 años para los planes departamentales de agua. Otros han comprometido sus regalías para cofinanciar el régimen subsidiado de salud, pagos de transporte y alimentación escolar. A continuación se muestra la distribución de estos recursos en el departamento del Putumayo y otras zonas del país:
| Regalías recibidas de enero a diciembre de 2009 | |||
| DEPARTAMENTO | Regalías recibidas de enero a diciembre de 2009 | Regalías de enero a junio de 2010 | Acumulado 2.009 – 2010 |
| Cauca | $2.709.000.000 | $ 1.715.000.000 | $ 4.424.000.000 |
| Putumayo | 43.774.000.000 | 37.950.000.000 | 81.724.000.000 |
| Corpoamazonia | 11. 468.000.000 | 10.696.000.000 | 22.164.000.000 |
| Piamonte | 1.581.000.000 | 1.055.000.000 | 2.636.0000.000 |
| Mocoa | 429.000.000 | 284.000.000 | 713.000.000 |
| Villagarzón | 10.448.000.000 | 9.418.000.000 | 19.866.000.000 |
| Guzman | 108.000.000 | 55.000.000 | 163.500.000 |
Valor estimado* de regalías petroleras vigencia 2011 de $ 55.618.610.568.oo para el departamento del Putumayo. (*) Fuente : Departamento Nacional de Planeación DNP
El cálculo total anterior está comprometido de la siguiente manera
| CONCEPTO | PORCENTAJE ACORDADO | MONTO |
| Ley 550 | 30%[1] | $ 16.685.583.170 |
| Pensionados | 10% | 5.561.861.057 |
| Nutrición infantil | 1,2% | 667.423.327 |
| Indígenas | 5% | 2.049.089.350 |
| Total descuento de ley | $ 24.963.956.904 | |
Si a este total se agregan los recursos disponibles para inversión en proyectos de desarrollo para la región, tenemos:
| CONCEPTO | PORCENTAJE ACORDADO | MONTO |
| Interventoría | 5% | $ 1.400.000.000 |
| Cobertura | 65% | 19.900.000.000 |
| Libre asignación | 9.354.653.664 | |
| Sub-total recursos para inversión | $ 30.654.653.664 | |
| (-) Gastos administrativos y transporte escolar | Aproximado | 10.000.000.000[2] |
| Total recursos para inversión | $ 20.654.653.664 | |
Ahora bien, quién va a reponer los compromisos adquiridos con las regalías del Putumayo, qué va a hacer el gobierno con esta región, si los recursos de las regalías están comprometidos legalmente, quién va a seguir haciendo las pequeñas obras en las veredas, inspecciones de policía y corregimientos de los municipios del Putumayo.
Al gobierno nacional le interesa es salvar el modelo neoliberal del capitalismo salvaje, pienso que hay que salvar es a Colombia. Necesitamos un modelo económico y unas leyes colombianas que desarrollen la producción nacional, defiendan la soberanía colombiana, y que reivindiquen el bienestar social y los derechos de los colombianos.
Unos pocos quieren que las cosas sigan igual, porque les va bien; tienen poder, burocracia y contratos; a los demás, a la mayoría de la población nos conviene que cambie el atraso y la situación económica social del país en beneficio de todos, para que se garantice la industria y el progreso del agro de los nacionales y el bienestar de toda la población.
Por ello, para defender a nuestro territorio, invito a los dos partidos políticos tradicionales del Putumayo, al Partido Verde, al Polo Democrático Alternativo, a los otros partidos políticos, a las organizaciones sociales, populares y gremiales del territorio, a los alcaldes, gobernador, a los concejales y diputados y a los servidores públicos a conformar el comité Pro-defensa de las regalías del Putumayo. Quiero pedir a los dos congresistas que representan al Putumayo, su voto en contra de este acto legislativo.
Preparémonos para organizar las marchas de protesta civilizadas, porque como están las cosas en el Congreso, la única manera de detener esta injusticia social y económica contra los territorios pobres y sus gentes, es mediante la movilización popular.
Franco Armando Guerrero Alban Escritor, investigador y docente de la región putumayense Ex candidato a la Cámara de Representantes por Putumayo[1] Porcentaje acordado para el pago de los pasivos o deudas acumuladas por el departamento del Putumayo
[2] Valor de los compromisos adquiridos por la Secretaria de Educación del Putumayo durante el proceso de concertación adelantado en el mes de septiembre 2010, con respecto a las marchas cívicas que lideró el comité Pro-defensa de la educación pública, en las que participaron docentes, estudiantes y comunidad en general. Los gastos administrativos más los gastos por concepto de transporte escolar se deberán descontar del presupuesto del Putumayo en un monto aproximado de 10.000 millones de pesos de las regalías que se reciban anualmente, ajustado cada año.