una respuesta de equipo a la violencia contra las mujeres desplazada

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Durante una jornada de orientación, un funcionario de ACNUR muestra a habitantes de Mocoa cómo recibir más información sobre violencia sexual y de género

ACNUR

Durante una jornada de orientación, un funcionario de ACNUR muestra a habitantes de Mocoa cómo recibir más información sobre violencia sexual y de género.

MOCOA, Colombia, 1 de septiembre (ACNUR) – Cuando, en los últimos días de julio, una niña indígena desplazada de 14 años fue violada dentro de un edificio, en una zona altamente transitada de esta ciudad, lo que sucedió fue, tristemente, un caso más de violencia contra la mujer, en una de las ciudades con los índices más altos de violencia sexual y de género en Colombia.

Para responder a este grave problema social que está afectando severamente a la población desplazada por la fuerza, ACNUR está liderando un equipo que incluye a algunas de las instituciones más importantes de la ciudad. Y uno de sus principales desafíos es cómo hacer que el problema sea más fácil de identificar, a través de las estadísticas.

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A unas tres horas de la frontera con Ecuador en el Amazonas, Mocoa es la capital de Putumayo, uno de los departamentos más afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado desde la década de 1990. Algunas de las peores masacres en el país ocurrieron hace unos años en Putumayo. Como resultado de esto la población de la ciudad y de todo el departamento ha cambiado significativamente en menos de 15 años. Cuatro de cada diez de los antiguos moradores se han desplazado a otras partes de Colombia, y seis de cada diez de los actuales vecinos vinieron aquí como desplazados.

De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, entre el 2004 y el 2008, 28 casos de homicidios relacionados con género fueron reportados en Mocoa, junto con 190 casos de violencia sexual y 253 casos con violencia doméstica. Según la Policía de Mocoa, durante los primeros meses del 2010 fueron registrados ocho casos de violencia y abuso sexual y la mayoría de víctimas eran niños menores de 18 años. Se trata de un número elevado para una ciudad con tan sólo 36.000 habitantes, más aún si se tiene en cuenta que los casos reportados son considerados sólo una fracción del número total.

Muchas situaciones no se denuncian debido a la falta de conocimiento de los derechos de las víctimas y los tabúes culturales. La falta de información se ve agravada por el analfabetismo. La mayoría de las víctimas son mujeres muy jóvenes con un limitado conocimiento respecto sobre qué hacer, y menudo se enfrentan a la falta de apoyo moral cuando denuncian lo que ocurre, debido a estigmas culturales. Hasta el momento las estadísticas no han identificado el desplazamiento forzado entre las características de las víctimas de violencia sexual, lo que hace más difícil evaluar la magnitud exacta del problema. Sin embargo, además de ser los desplazados el 60 por ciento del total de la población, la información dada por sus líderes indica claramente un problema de gran magnitud.

Las mujeres indígenas están aún más expuestas. Sus casos son manejados por el propio sistema judicial de los indígenas y hay una escasa coordinación entre las instituciones del Estado y las comunidades indígenas cuando se trata de este tema. Discutir la violencia sexual causa problemas en comunidades que ya están debilitadas por años de conflicto e influencia de los grupos armados. Hay 14 pueblos indígenas en Putumayo, y el 36 por ciento de los indígenas del departamento están desplazados.

También hay una resistencia institucional para incluir los temas de violencia sexual y de género en los planes de acción institucional, debido a los prejuicios de que estos son temas del ámbito privado, donde el Estado no debe involucrarse.

Esto empezó a cambiar en el 2008, cuando el ACNUR promovió la creación de un equipo, incluyendo la Policía, el Gobernador del Putumayo y el Alcalde de Mocoa, la Iglesia Católica, organizaciones de mujeres, de personas desplazadas y de la sociedad civil y organismos internacionales. El equipo discute sobre las formas para mejorar la información pública sobre la violencia contra las mujeres, fortalecer la capacidad institucional para proteger a las víctimas de esta violencia, y mejorar su acceso al sistema judicial.

Como lo expresa Doris, una líderesa indígena en el Putumayo, «hace dos años las autoridades estatales tenían demasiado miedo de tomar cualquier caso de violencia contra la mujer en las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo, nuestros propios procedimientos eran inadecuados. Yo conozco casos en los que la víctima terminó siendo más victimizada después de que nuestras autoridades discutieran su caso. Ahora las autoridades del Estado están tomando los casos, sin embargo, aunque son prudentes y consultan con las autoridades indígenas”

Ahora el equipo está concentrado en apoyar el desarrollo de protocolos internos sobre la forma en que instituciones como la Policía y el hospital local deben reaccionar contra la violencia sexual y de género, desarrollando una “hoja de ruta para violencia sexual y de género» e implementando campañas de información.

Para hacer frente a la necesidad de mejorar las estadísticas, sólo hace unas semanas un nuevo formato, desarrollado por el equipo, fue adoptado como el estándar para la recopilación de información sobre casos de violencia sexual. Este Incluye información sobre el desplazamiento, etnicidad, edad y discapacidad. Un boletín electrónico quincenal y un blog también hacen parte de los esfuerzos del equipo.

Hay un largo camino por recorrer antes de lograr resultados en la reducción de la violencia contra la mujer en el Putumayo. El diseño y la difusión de las rutas son sólo parte de las tareas, que incluyen más aplicación de la ley y un cambio cultural. A pesar de los obstáculos, la violencia sexual y de género es discutida más abiertamente ahora de lo que era hace dos años en el Putumayo, las personas desplazadas están recibiendo una mejor información sobre qué es y cómo denunciarla, y se están haciendo progresos para reducir la impunidad.

«Creemos que este esfuerzo liderado por el ACNUR está dando frutos, y el equipo multifuncional permitirá lograr cambios en el Putumayo, reduciendo la violencia contra las mujeres desplazadas y no desplazadas por igual», dice Miguel Palacios, un voluntario de Naciones Unidas que trabaja con ACNUR y participa en esta estrategia contra la violencia sexual y de género. Esa es la meta.

Kaweh Hagi y Laura Badillo en Mocoa, Colombia
Por: ACNUR
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