
Para el Ministerio Público la actual mandataria departamental incurrió en una falta disciplinaria al adquirir esas pólizas que tuvieron un valor superior a los 20 millones de pesos cada una. En este sentido se considera que violó los requisitos legales exigidos en este tipo de casos, generando así un detrimento patrimonial al departamento.
En el juicio disciplinario se consideró que la Gobernadora no pudo justificar la necesidad de adquirir esta póliza puesto que los 11 diputadosya estaban cobijadas por un seguro similar. Debido a esto se consideró que se presentó un desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y economía que le exigía su cargo a la hora de firmar estos convenios.
El órgano de control disciplinario compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investigue la presunta presentación de testigos falsos en el juicio. En contra de esta decisión la Gobernadora puede presentar un recurso de reposición y apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.
Fuente : ElEspectador
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