Firmas cuestionadas por comida escolar atendieron a adultos mayores

IMAGEN-16633197-2Las redes de contratistas denunciadas por el Ministerio de Educación y la Contraloría por crear numerosos consorcios y empresas para ganar licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) también obtuvieron contratos para la iniciativa De Cero a Siempre, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y de los adultos mayores, que estuvo a cargo de esta entidad y que ahora manejan los municipios y gobernaciones.

Estos contratistas, que en el programa PAE estaban en la costa Atlántica, obtuvieron contratos para el mismo objeto, pero ya en todo el país.

En el caso de la alimentación del adulto mayor, el Consorcio Años Dorados, cuya representante legal es Katia Rosado, es el que tiene el mayor número de contratos, los cuales, según registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), suman casi 2.600 millones de pesos.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría, desde el 2011 existían irregularidades en la contratación de consorcios como Años Dorados, entre las que se cuentan que tenía domicilio en Valledupar y a su vez contratos en Risaralda, Guainía, Caldas, Putumayo, La Guajira y Amazonas. Además, que en los contratos de aporte no había actas de inicio, de terminación ni de liquidación. (Además: Millonarios contratos de alimentos se repartían entre 3 operadores)

Este diario encontró que Rosado no solo representó al Consorcio Años Dorados, sino también a la Unión Temporal en Los Años Dorados (integrada por la Corporación Wakuzari y Corperijá). Con este último logró un contrato con el ICBF en el 2008 para entregar la alimentación a adultos mayores vulnerables en Guainía, por 55 millones de pesos.

Frente a Corperijá, representada también por Katia Rosado, según un informe del Ministerio Público, en algunos de los contratos de alimentación para adultos mayores “el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá no se encontraba completo, solo reposaban hojas sueltas, sin observarse el objeto social (…)”.

Una situación parecida tiene la Corporación Wakusari, bajo la representación legal de Gloria Díaz, quien en el 2009 contrató directamente con el municipio de Chiriguaná (Cesar) la complementación alimentaria a adultos mayores, por 1.685 millones de pesos.

Wakusari además obtuvo otro en el 2012, con la regional de Guaviare del ICBF, por 549 millones de pesos, para atender a 1.171 abuelos en extrema vulnerabilidad.

En el 2002, esta corporación era conocida como la Asociación de Comercializadores de Papa (Asocopa), en el 2003 como Corperijá y el 17 de diciembre de ese mismo año cambió su nombre a Corporación Wakuzari. EL TIEMPO se comunicó con Díaz, pero ella no respondió sobre este tema.

Berna Luz Guillén, también señalada por Mineducación y la Contraloría, aparece como representante legal de nueve empresas o consorcios. Uno de ellos es la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Social y de Asistencia a la Comunidad (Sysdac), que fue elegida en el 2013 para desarrollar un convenio de asociación (para el cual no es necesario hacer convocatoria) para suministrarles alimentos a adultos mayores del Sisbén 1 y 2 de Aguachica (Cesar).

Guillén dijo que la conformación de los consorcios fue así porque “la ley lo permite”; sin embargo, admitió estar vinculada que a la empresa Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (Gers), de la cual es dueña Marlene Vásquez, señalada por el Ministerio de Educación de hacer parte de la red de contratistas cuestionados.

Alimentación de niños, también permeada

En el programa De Cero a Siempre, del ICBF, uno de los casos especiales es el de Berna Luz Guillén, quien representó a seis consorcios (Abiatar, Alimentando Corazones, Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y de Asistencia a la Comunidad, Obed, Alimentando con Amor y Alimentando con Amor/2), para obtener contratos de alimentación a niños de colegios oficiales, la mayoría en Cesar. En este grupo está Leung Waiy Hon Díaz, con la Cooperativa para el Desarrollo Social (Soincoop), quien logró que se le adjudicaran contratos en Fortul (Arauca) y en Galán (Santander). (Lea también: Estos son los operadores de alimentos escolares que serán investigados)

Igualmente, tres de los contratistas denunciados (Fundalimentos, Corporación Wakusari y la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano, Gers) aún tienen contratos en el 2016 y suman, en total, 23.795 millones de pesos.
Sin embargo, Mauricio Castillo, representante legal de Fundalimentos, dice que solo realizó una asociación, “con participación del 4 por ciento, con una empresa de Adiela Álvarez, pero eso no significa que esté en ninguna red”.

‘No estaban inhabilitados’

Según la Dirección de Primera Infancia del ICBF, entidad que también manejó los recursos para la alimentación de los adultos mayores vulnerables, en el momento de la adjudicación de los contratos “los operadores seleccionados no se encontraban incursos en ninguna de las causales previstas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”.

“En ese entonces no existía ninguna sanción vigente en el Registro Único de Proponentes, ni pronunciamientos de ninguna autoridad”, dijeron voceros del Bienestar Familiar.

LAURA AGUILERA
Redacción VIDA DE HOY
Escríbanos a lauagu@eltiempo.com

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16633199


Share This Post