¿Qué le espera al medioambiente en el escenario del posconflicto?

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Según Fabrizio Hochschild, se necesita tomar medidas para evitar daños aún mayores a los actuales.

Por : Eltiempo

Los sitios biológicamente ricos y exuberantes del país se convertirán en el posconflicto en los grandes protagonistas en la implementación de las acciones que acompañen la construcción de la paz.
Es innegable que el conflicto armado colombiano ha causado daños al medioambiente.

La siembra de minas antipersona; tomas como la de la isla de Gorgona, uno de los epicentros de la investigación científica y biológica en el Pacífico; la afectación de zonas de páramo como el Sumapaz; la tala de bosques primarios, de valor incalculable, para sembrar cultivos ilícitos, así como la minería con que se financian las Farc, el Eln, bandas criminales y de paramilitares, son algunos efectos de cinco décadas de confrontación.

Paradójicamente, también es cierto que hay lugares bien conservados como fruto del conflicto, en áreas remotas a las que pocos entran.

La explicación es de Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, quien subraya un hecho consignado en el documento ‘Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia’, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el Ministerio de Ambiente.

Este hecho al que se refiere es que la violencia interna ha ayudado, en alguna medida, a preservar la estabilidad ambiental de algunos sitios biológicamente ricos y exuberantes. Debido a ella, el desarrollo destructivo y sin control no ha prendido motores en muchas regiones.

“Esos territorios serán grandes protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de paz”, señala Hochschild. Y advierte que este deberá ser uno de los temas clave por tratar y que necesitará un rótulo de “urgente” en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba).

Naciones como Guatemala, República del Congo y Angola experimentaron la degradación de su patrimonio ambiental en periodos de posconflicto. Adelantarse a estos hechos será clave para evitar daños, aún mayores a los actuales, en Colombia.

Hoy, la zonas prioritarias para la implementación de acciones de construcción de paz, que resistirán presiones con el desarrollo de obras de infraestructura, apertura de mercados y capitales, proyectos agropecuarios, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca y creación de un fondo de tierras, son áreas de altísimo precio natural.

Y más del 90 por ciento de los municipios con prioridad en el posacuerdo, donde se deberán ejecutar planes similares, tiene alguna figura de protección o de regulación de su uso. Presionar esos lugares podría implicar un costo muy alto en la conservación del patrimonio natural.

Muchos están en la región Andina, pero la mayoría se encuentra en las que siempre han sido consideradas nuestras maravillas geográficas, que por su valor nos dan el título del país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado: la Orinoquia, la Amazonia y el Chocó biogeográfico, este último extendido entre la frontera con Panamá y Nariño.
Por ejemplo, las alertas tempranas de deforestación del país, según el Ideam, se dan con mayor intensidad en zonas donde la frontera agropecuaria aún no está consolidada y esta deberá replantearse y ampliarse para dar oportunidades de desarrollo a comunidades.

Aquí figuran Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Chocó, Antioquia y Córdoba.

Adicionalmente, y en medio del reto que constituirá el manejo del suelo para dar más alternativas de producción, se deberá tener en cuenta que, sin avanzar en procesos de redistribución de la tierra, 48 por ciento de ella en Colombia está afectada por erosión, un porcentaje que debe detenerse. Se suma a esto que en todos los suelos dedicados a la producción agropecuaria, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentran casos de compactación y contaminación. Además, 80 por ciento de la población vive en municipios que pueden estar afectados por deficiencias en la oferta de agua.

En contraste, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales, sostiene que el conflicto no es necesariamente un blindaje para la biodiversidad. Explica que parques como La Macarena (Meta), Nukak (Guaviare), Las Hermosas (Valle-Tolima), Puinawai (Guanía) o Los Churumbelos (Caquetá-Cauca-Huila) están acabados por escenarios de minería criminal, cultivos ilícitos, deforestación y tráfico ilegal. Otros están minados

Otros puntos de vista

“El conflicto ha permitido que los grupos ilegales entren y cometan toda clase de delitos. Abren carreteras, no hay orden ni reglas que sirvan para detener los atentados. Y a ellos no puede llegar la institucionalidad para hacer procesos de restauración”, explica Miranda.

Opina, además, que una de las alternativas para futuros tiempos de paz es dar oportunidades de ingresos a las comunidades, con la ejecución de programas de ecoturismo.

Precisamente el documento de la ONU plantea otra decena de recomendaciones que deberían abordarse si se quiere conseguir el deseado equilibrio entre acuerdos cumplidos y cuidado a la naturaleza. Uno de ellos es avanzar en procesos de ordenamiento territorial.

“Es indispensable que estos procesos sean concertados entre los gobiernos, los sectores productivos y las comunidades, y que en los mismos se reconozcan tanto los factores ambientales necesarios para un desarrollo con sostenibilidad en el largo plazo, como la vocación de uso de sus suelos y la vocación productiva de su población”, opina Hochschild.

Esto incluye ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos locales de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

“Otros sitios a los que se debe dar prioridad es a la región de Paramillo; al río Guaviare, por su gran cantidad de bosques y recursos pesqueros, y a sectores de Vaupés y Guanía”, dice Fernando Trujillo, director de la fundación Omacha.

La conservación para el desarrollo debe ir más allá de la creación de áreas protegidas. Decisiones de conservación que sin considerarse poco importantes –porque las áreas protegidas garantizan el 11,3 por ciento de la oferta hídrica nacional– deben ser completadas con gestión sostenible de los ecosistemas dentro de fincas, resguardos y unidades productivas campesinas.

“Hay que pensar en distritos de manejo especial y esquemas estrictos de ordenamiento territorial. Para las personas que requerirán tierras, no podemos pensar en entregarles humedales para que sean desecados, secciones de bosque tropical para que sean talados, no se puede repartir el país ambiental. Debemos redistribuir la tierra cultivable o ganadera de hoy, la que ya se trabaja con esos fines, eso sí, dándole un manejo óptimo, sostenible” opina Trujillo.

Aquí se abren oportunidades paralelas, por ejemplo, para el biocomercio, el acceso y desarrollo de recursos genéticos y el pago por servicios ambientales, como puede ser la captura de dióxido de carbono en los bosques, dar pagos a comunidades por preservar bosques o páramos, o incluso por garantizar la provisión de agua, entre otros. Esto para que las comunidades no tengan, por ejemplo, que talar árboles para luego sobrevivir con el dinero que obtienen al vender la madera.

Reforma rural integral

“Lo anterior es de gran importancia si tenemos en cuenta que el 50 por ciento del territorio continental del país está cubierto por bosques y otro tanto por importantes complejos de humedales, muchos de ellos de relevancia global”, agrega Hochschild

La ONU y el Ministerio explican que será vital darle forma a la Reforma rural integral (el primer acuerdo entre Gobierno y guerrilla en La Habana), porque para esos territorios será indispensable pensar cuáles son los mejores usos, no solo en términos económicos, sino sociales.

Otra sugerencia se refiere a la urgencia de analizar la actividad minera –especialmente la ilegal que busca oro y coltan en la Orinoquia, por ejemplo– y sus implicaciones en la construcción de paz, para evitar que haya una migración de conflictos socioambientales hacia otras zonas con potencial minero, pero donde aún no hay intentos extractivos.

Hay que tener en cuenta que la existencia de esos recursos naturales puede constituirse en una oportunidad de desarrollo rural, si se resuelven temas institucionales, de distribución de beneficios y de manejo de pasivos ambientales.
Finalmente, se resalta la necesidad del fortalecimiento técnico y financiero de las instituciones ambientales para la construcción de paz.

“La implementación de los acuerdos pondrá a prueba la capacidad de interlocución política del sector ambiental para la resolución de conflictos. Ignorarlo y desconocer de paso los aspectos ambientales en el posacuerdo, podría conducir a la destrucción del patrimonio natural de la Nación”, concluye el documento.

Porque la paz, que necesariamente será buena para el país, no debe transformarse en amenaza para su medioambiente.

JAVIER SILVA HERRERA
Estilo de Vid

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/medioambiente-en-el-posconflicto/15210177 0

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