El problema de la drogadicción en el Putumayo

Foto : HSBNoticias.com
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Qué fue lo que motivo a escribir el presente artículo

Jaime Erazo - Columnista. CNP Putumayo
Jaime Erazo – Columnista. CNP Putumayo

En la semana que acaba de pasar, escuche sorprendido y a la vez cuestionado el airado pronunciamiento de una señora de la ciudad de Mocoa, a quien le dan el calificativo de “madre de los drogadictos”, en contra de la Policía Nacional por haber destruido los refugios de madera, lata y cartón en los que viven los drogadictos de un sector del barrio La Independencia, en los últimos 200 metros de la margen derecha del río Mocoa, en su confluencia con el río Sangoyaco.

En medio de su protesta, la señora puso al descubierto que el problema de la adicción no es exclusivo de quienes viven permanentemente en esa área sino que también la padecen hombres y mujeres que hacen parte de respetables instituciones públicas de la ciudad.

Escases de estudios sobre la drogadicción en el Putumayo

La drogadicción o consumo de psicoactivos en el departamento del Putumayo ha merecido poca atención de las instituciones, de profesionales e investigadores de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales de la región, este hecho ha permitido que con el tiempo el problema crezca, se agudice y se extienda. La razón: al no existir un conocimiento sistemático de la drogadicción, difícilmente se puede encontrar y ejecutar estrategias o alternativas adecuadas que concurran eficazmente a solucionar el problema que amenaza la supervivencia individual, familiar y social de los putumayenses.

El desconocimiento profundo sobre esta problemática hace que se caiga fácilmente en la especulación y proliferen organizaciones dedicadas a la prevención, pero sobre todo al tratamiento, sin ninguna formación en procesos terapéuticos científicamente comprobados. Esta situación también permite la aparición de personajes casi que emblemáticos de las “ollas” de las cabeceras municipales a quienes se les debe abonar sus sentimientos de compasión y misericordia pero que en poco o en nada contribuyen a la superación del problema, al tratamiento y a la rehabilitación de los drogadictos.

Un poco de historia

En el departamento del Putumayo, la siembra para la producción de la base de coca, con fines comerciales ilícitos, se inicia a mediados de los años setentas del siglo pasado. Fue impulsada por narcotraficantes que por las condiciones climáticas, culturales y sobre todo de aislamiento geográfico y difícil acceso, consideraron que era un territorio estratégico y altamente favorable para encubrir el cultivo de la hoja de coca, su procesamiento y su comercialización.

La hoja de coca ha sido cultivada ancestralmente por los indígenas con fines rituales y medicinales. A su consumo se le llama “mambear” y a quienes lo hacen habitualmente “mambeadores”. En este sentido, el Putumayo hace parte del gran territorio de la “cultura de la coca” que se extiende desde el sur de Bolivia hasta la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los narcotraficantes, paralelamente al procesamiento de la hoja de coca, tanto en el sector urbano como en el rural, introdujeron el consumo la base de coca y del cristal. En el sector urbano el consumo, inicialmente se caracterizó por ser un consumo social de moda, en el sector rural fue utilizado como sistema de pago y mecanismo para retener mano de obra barata. Estas modalidades se constituyeron en el “semillero” de adictos a las sustancias psicoactivas y el comienzo de una actividad comercial subterránea de gran dinamismo económico en sus cabeceras municipales: el microtráfico y el “jibarismo”. Fue así como el Putumayo, de productor pronto paso a ser consumidor.

Con el paso de los años los adictos a las sustancias psicoactivas fueron creciendo con la el agravante de que muchos de ellos habían desbordado sus mecanismos de control hasta el punto de decidirse a vivir en un sector marginales como la margen derecha del río Mocoa en el barrio Independencia, en donde existen expendios conocidos como “ollas” y en donde la situación es cada vez más crítica, toda vez que en ese sector viven numerosos adictos, pero que además, es frecuentado esporádicamente por consumidores furtivos, especialmente amparados por la oscuridad de la noche.

Algunas causas de la drogadicción

Como causas del problema de la drogadicción se pueden mencionar, entre otras: la carencia de disciplina y respeto por el orden y la normatividad familiar, la permisividad o coadicción de los padres de familia, la crisis de valores, la inmadurez personal, la escasez y debilidad de los programas de prevención existentes, las relaciones traumáticas entre hijos y padres de familia y finalmente el consumo reiterado que poco a poco se fue tornando en habito y finalmente en vicio.

Procedencia social de los adictos

La procedencia social de los adictos es variada, de igual manera su nivel académico, credo religioso, edad y etnia. Sus condiciones de vida son lamentables, viven en los andenes de las casas del sector, en “cambunches”, en refugios naturales o en el peor de los casos deambulando por las calles expuestos a toda clase de peligros. Son hombres y mujeres para quienes la compulsión por la droga ha desbordado toda clase de controles individuales y sociales, viven por y para la droga.

Consecuencias de la adicción a las drogas

Las consecuencias son funestas. Individualmente se acentúa el deterioro físico por el abandono personal, el individuo se vuelve irresponsable con su vida, mitómano, deshonesto, insensible, pierde la vergüenza, el amor propio o la autoestima. Se producen estragos en sus padres, en sus hermanos, esposa, hijos y demás familiares. El impacto social es catastrófico: mal ejemplo a niños, jóvenes y adultos, el adicto no respeta el ordenamiento social y se convierte en antisocial, irreverente, irrespetuoso de la autoridad, finalmente, puede terminar convirtiéndose en ladrón, atracador, sicario, homosexual, prostituto, corruptor de menores y agente de enfermedades de transmisión sexual.

La prostitución de la mujer adicta, el homosexualismo, las violaciones y los abusos sexuales de padres adictos se han incrementado. El maltrato familiar, el abandono de los hijos y la desintegración familiar son frecuentes en los hogares de padres adictos, de igual manera, en los hogares donde los hijos son los adictos, son éstos quienes maltratan a sus padres.

Por las calles de las ciudades se puede observar a hombres y mujeres con edades entre los 12 y los 40 años, y aún más, deambulando en estados lamentables de desnutrición, desaseo y comportamiento demencial. La indigencia se ha constituido en su modo de vida puesto que para sobrevivir o sostener su vicio piden en las casas y en los restaurantes para poder sobrevivir.

A los drogadictos se les rechaza, se los margina socialmente y se les mira con desconfianza por su tendencia a coger las cosas. Los robos de casas y apartamentos son frecuentes y en la mayoría de los casos en que se ha descubierto sus autores coincide en que son drogadictos.

Ineficacia de los actuales programas contra el consumo de drogas

El problema es de tal magnitud que los putumayenses de bien sienten, a la vez, preocupación e impotencia pues las medidas y los esfuerzos realizados por las autoridades civiles y de policía no han logrado controlar, disminuir y erradicar.

Se han tomado medidas diferentes desde las tolerantes hasta las represivas pero ninguna ha surtido efectos, la razón principal: desconocimiento de la verdadera dimensión del problema y por lo tanto se carece de capacidad para intervenirlo, controlarlo y manejarlo.

Nuevas formas de tratar el tema de la drogadicción

Lo anterior amerita revisar las políticas antidrogas, de manera tal que permita identificar nuevas estrategias y alternativas para combatirla, prevenirla y tratarla. Según los entendidos en ésta materia, la diferencia con las anteriores radica en reconocer que el consumo no es un problema individual sino un problema social.

Si se reconoce el consumo o adicción a las drogas como problema social, en Colombia se impone la necesidad de realizar un cambio en la política antidrogas en la que se reconozca que se debe centrar la atención y canalizar e invertir recursos en el individuo y no en la sustancia, es decir, en los niños y jóvenes del campo y la ciudad, en los adictos, en las llamadas “mulas”, en los pequeños vendedores y no en la cocaína y otras drogas. Además, la lucha debe concentrarse en combatir las redes de narcotraficantes de cocaína y de sustancias sintéticas que son, en este momento, la gran amenaza para la sociedad, por lo tanto, requiere de la participación y la solidaridad de toda la sociedad.

El consumo de drogas debe ser entendido y atendido como un tema de salud pública, se requiere asumir mayores riesgos en el enfoque de salud pública y en la adopción de medidas legislativas y educativas que permitan abonar el camino hacia la legalización del uso recreativo de algunas drogas.

En Colombia el consumo de drogas ha crecido, para hacerle frente se deben diseñar e implementar programas efectivos de prevención, atención, tratamiento y rehabilitación que se basen en la evidencia científica acerca de cuáles de éstos programas funcionan, cuáles no y a qué costo.

Es indudable que se ha avanzado sustancialmente en lo conceptual pero con muy poca aplicabilidad pues las inversiones del Estado en éste campo son irrisorias.

Se debe aclarar que explicar o dar a conocer los daños que produce la adicción a las drogas no es garantía para la abstención pero si una condición para decidir libremente, por lo tanto, lo que se debe intensificar es la realización de campañas educativas, programas de prevención y disminución del daño.

El consumo “no problemático” de drogas no debe ser penalizado, dicho de otro modo, se debe eliminar las sanciones penales a consumidores que no cometen delitos ni hacen daño directo a terceros.

La descriminalización del consumo de drogas no implica legalización total o eliminación de la regulación de las drogas, tampoco significa ser “suave” con el crimen, al contrario, significa priorizar la labor de los organismos de Estado (Policía, fiscalía, etc.) para que combata a los criminales y no a las personas que no representan ningún peligro para sí mismos o para la sociedad.

A manera de síntesis

En el departamento del Putumayo son escasos los estudios sobre el problema de la drogadicción, este hecho ha impedido tomar decisiones adecuadas para su prevención, tratamiento y rehabilitación de los adictos.

El consumo de la cocaína y sus derivados en el departamento se inicia hace más o menos 35 años tanto en el campo como en la ciudad. El problema se ha agudizado en todos los municipios del departamento. De productores pasamos a ser consumidores.

Las políticas antidrogas y su aplicación, desde los tratamientos hasta la represión, ha sido un fracaso ya que el soporte conceptual sobre el que se fundamenta presenta debilidades y su superación indica que se deben tomar decisiones más arriesgadas para lograr su superación.

Se ha pensado que el problema de la drogadicción es un problema individual y familiar y no social. Hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos se acepta que es un problema social que requiere, por lo tanto, de la solidaridad social.

El problema de la drogadicción es un problema de salud pública, en consecuencia, más que en las sustancias, el Estado y la sociedad debe invertir recursos en la educación, la prevención, el tratamiento y rehabilitación del individuo drogadicto.

Hay que pensar seriamente en la descriminalización de la drogadicción, especialmente del “consumo no problemático” puesto que no es delictuoso ni comete daños a terceros. Hay que desechar la idea que la despenalización de la droga eleva el consumo puesto que cuando va acompañada de ciertas medidas, como la de la educación y la información, le permite al individuo elegir libremente si consume o no consume.

La descriminalización del consumo de drogas no implica legalización total o eliminación de la regulación de las drogas, tampoco significa ser “suave” con el crimen, al contrario, significa priorizar la labor de los organismos de Estado (Policía, fiscalía, etc.) para que combata a los criminales y no a las personas que no representan ningún peligro para sí mismos o para la sociedad.

Jaime Armando Erazo Villota

Miembro del Colegio Nacional de Periodistas

Seccional Putumayo

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