Separar las bases militares y de policía de los establecimientos educativos no es separar a la fuerza pública de la comunidad

Una inusitada controversia ha generado la posición de algunas comunidades educativas de tres o cuatro Instituciones Educativas del departamento, en el sentido de solicitar que las bases militares o las estaciones de policía, que están junto a sus establecimientos educativos, se reubiquen en otro lugar. Petición que ha sido escuchada, entendida y atendida por el mismo Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios de Defensa y Educación, pero que aún no se resuelve en forma definitiva y satisfactoria para las dos partes.

Agustín Ordoñez G.
Agustín Ordoñez G.

Entendemos que no es una decisión fácil ni algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero la controversia no debe tomar un rumbo equivocado. Esa posición y petición de la comunidad proviene únicamente del temor que sienten los niños, los padres de familia y los docentes, ante la posibilidad de ser víctimas de los actos terroristas que han venido ocurriendo en el departamento y de ninguna manera significa rechazo a la presencia de la fuerza pública en las comunidades y en los establecimientos, algo que, además, consideramos necesario.

Como parte de esa controversia hemos escuchado a algunos protagonistas haciendo claridad acerca de dónde provienen los atentados, las bombas y las minas y quiénes son sus autores, lo cual nos parece innecesario, ya que ese no es el punto, porque la gente lo tiene claro y porque la petición de la reubicación no significa estar en contra de la fuerza pública y mucho menos a favor de cualquier otro bando.

La comunidad, de forma abierta, sincera y clara, está recurriendo a la Institucionalidad del Estado, representada en el Congreso, los dos Ministerios, la Gobernación, las Alcaldías y las propias fuerzas militares y de policía, para tratar de resolver esta situación, y es entre la comunidad y la Institucionalidad que se está dirimiendo y se tendrá que dirimir, por lo cual no pueden aparecer otros elementos o argumentos que no forman parte de esta discusión.

El departamento del Putumayo ha venido siendo sacudido por graves hechos de violencia, atentados y minas antipersonal, producto del recrudecimiento del conflicto armado, que han cobrado la vida y mutilado a varios niños y jóvenes estudiantes y civiles inocentes.

Todas las fuerzas vivas del departamento hemos denunciado, rechazado y condenado estos atroces hechos, por su crueldad y sevicia.

Pero además de generar el repudio general de la comunidad putumayense, estos actos violentos han llenado de zozobra, temor y terror a quienes viven, estudian o trabajan en establecimientos educativos aledaños a las bases militares y de policía, hacia las que generalmente van dirigidos los atentados, las bombas y los disparos, los que ya no diferencian ni les importa la condición de edad, género e indefensión de quienes puedan estar cerca y resultar heridos o muertos. Ya tenemos varios tristes ejemplos de ello, lo cual aumenta el temor.

Esperamos que este asunto se resuelva de la mejor manera posible entre quienes deben concertar y decidir y no siga convirtiéndose en un pulso de opinión o jurídico entre las partes, lo cual quizá no conduzca a nada y solo contribuya a empeorar las cosas. En el marco de un proceso de paz, en el cual se negocia con la guerrilla, debería ser lo más sencillo el dialogo y el acuerdo entre la comunidad y la institucionalidad.

De todas maneras, nuestros niños, jóvenes, padres de familia y docentes, actores principales de la educación, no de la guerra, necesitan tranquilidad para poder cumplir con su misión educadora, porque en medio del miedo es muy difícil hacerlo. Las fuerzas armadas también necesitan tranquilidad para defenderse en caso necesario, porque hacerlo y al mismo tiempo tratar de proteger a niños y jóvenes también puede resultar complicado.

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