RCN Radio – En menos de una semana se han presentado seis homicidios en esa región.
La Defensoría del Pueblo reveló que más de 29.000 habitantes de Puerto Leguízamo (Putumayo) se encuentran en riesgo, ante el recrudecimiento de la violencia armada en esa región del país
A través del Comité Intersectorial para la Reacción Rápida de Alertas Tempranas (Ciprat), se emitió la alerta temprana 02 de 2022 por medio de la cual se reiteraron las recomendaciones a las autoridades y al Gobierno Nacional, acerca de los graves riesgos que enfrentan los habitantes de ese departamento por cuenta de la violencia.
«En la última semana se han reportado seis homicidios en zona rural de la inspección de Yurilla. Esperamos que las autoridades competentes esclarezcan de manera oportuna los hechos y se judicialice a los responsables», señaló la Defensoría del Pueblo.
Cabe resaltar que de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en Puerto Leguízamo (Putumayo) se han presentado dos masacres en la última semana.
Esa ONG señaló que el primer hecho ocurrió el pasado 2 de febrero donde fueron asesinadas tres personas, luego que un grupo de hombres armados ingresaran a El Basal y asesinaran tres personas, entre ellas al fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la zona, Efrén Ramos.
El otro hecho se registró en la vereda El Diamante de la inspección de Yurilla, donde desconocidos fuertemente armados asesinaron a tres hermanos. Las víctimas residían en El Basal y fueron identificados como Einstein Jaguer García Pineda de 25 años, Reinel García Pineda de 22 años y Orlando García Pineda de 18 años.
La Defensoría del Pueblo solicitó una intervención urgente de la fuerza pública para recuperar la tranquilidad perdida por la violencia, que ha generado pánico entre los habitantes de este municipio de Putumayo.
«Hacemos un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y local, para fortalecer la presencia en territorio y de esa manera prevenir, proteger y asegurar los derechos de la comunidad», expresó esa entidad.