A falta de dos meses y cuatro días para que se desarrolle la primera jornada electoral del 2022, inicialmente con las consultas interpartidistas de las tres coaliciones políticas y la elección del nuevo Congreso, las encuestas y sondeos de opinión serán un aspecto importante en esta etapa decisiva para el país.
Aunque estas mediciones no indican necesariamente lo que sucederá en las urnas, existe una expectativa en el país, sobre todo en el ambiente político, de conocer la posición de la ciudadanía antes de que ocurran dichas jornadas electorales.
Cabe destacar que tanto en la ley 130 de 1994 como en el nuevo Código Electoral que fue aprobado por la anterior legislatura del Congreso se menciona que la publicación de los sondeos estarán vigentes con una semana de anticipación a las jornadas electorales, un hecho que ha sido criticado por las firmas encuestadoras.
De igual forma, en el capítulo de encuestas del nuevo Código también hubo controversia sobre el hecho de que las encuestas de intención de voto para cualquier cargo de elección popular deben incluir a todos los candidatos, lo que estas organizaciones criticaron señalando que puede afectar su metodología.
Sin embargo, el nuevo Código Electoral está siendo evaluado por la Corte Constitucional, que tendrá hasta febrero para emitir su concepto frente a la propuesta aceptada por el legislativo. Pese a que hubo peticiones para que se acelerara la evaluación de esta norma y poder aplicarla en estas elecciones, la Sala Plena dio su negativa ante la propuesta porque el estatus de “urgencia nacional” solo se concede a casos relacionados con seguridad nacional.
En este sentido, EL NUEVO SIGLO consultó con tres altos directivos de firmas encuestadoras del país para conocer cuáles serán las garantías que tendrán estos organismos para que los datos recopilados tengan la transparencia absoluta en el transcurso de las campañas electorales.
Autorregulación
Inicialmente, el gerente general de la firma Invamer-Gallup, Martín Orozco, destacó la vigencia de una regulación calificada por las entidades electorales, que deriva algunos puntos cruciales para la transparencia de la información recopilada.
“Desde hace muchos años, en Colombia existe una autorregulación que a la vez es auditada por el Consejo Nacional Electoral. Dicha autorreglamentación que audita el CNE implica que nosotros debemos enviar de cada encuesta, después de publicada, la ficha técnica, un factor que también debe ser publicado en todos los medios que hagan referencia a algunas de las encuestas que se publiquen, así como los demás ítems expuestos en la norma”, explicó.
Asimismo, Orozco precisó que “las encuestas son o independientes o contratadas por algún medio de comunicación. Además, hay algunas encuestadoras que trabajan para los candidatos, lo cual es permitido, pero eso no significa que, porque trabajen para un medio o para un candidato, se pueda suponer que no son transparentes”.
Agregó que “en el caso de Invamer-Gallup, la transparencia de nuestras encuestas se garantiza por medio de un sistema de control de calidad, que está certificada bajo la norma ISO20252, que es la norma internacional de investigación de mercados, y bajo la norma ISO9001 que es la de calidad, de las cuales tenemos, en ambas, certificación y cumplimos con todos los requerimientos que ahí se definen”.
“Es normal que la gente dude pero en nuestro caso nunca ha existido una falta de transparencia. Digamos que el principal evaluador de las encuestas es la misma información que entrega” al ciudadano.
Posteriormente, Martín Orozco aclaró que las estadísticas que aparecen en un lapso de dos meses solo evalúan la percepción ciudadana, más no influyen en el desarrollo de la jornada electoral.
“Es bueno decirle a la gente que las encuestas no pronostican, es decir, no se puede pretender que una encuesta de hoy sea lo que vaya a pasar en las elecciones. Las mismas campañas o movimientos, coaliciones y demás, hacen que la opinión se mueva, y que, por ende, hasta el final, solo se pueda saber en realidad un posible cierre de cómo va a hacer el resultado en las urnas”, afirmó.
Por último, el gerente de Invamer-Gallup recalcó que “muchas veces les piden a las firmas encuestadoras que pronostiquen y es algo que no tenemos en la capacidad de hacer, ese no es nuestro objetivo. El objetivo es saber cómo estamos en la actualidad o en el momento en el que se desarrolló la medición”.
Reforma pendiente
Por su parte, el director general de Datexco, César Valderrama, dijo a este Diario que la actualización de la normativa para las encuestas en Colombia se encuentra en varios proyectos de ley en el Congreso de la República, ya sea en los últimos meses de la actual o en la próxima legislatura, que iniciará el próximo 20 de julio.
“Pese a que existen unos proyectos de ley radicados en el Congreso, estos todavía no han sido discutidos y sancionados; por ende, la normatividad es la misma que viene rigiendo desde tiempo atrás”, aseguró.
Asimismo, el líder de la firma resaltó que “la forma en que se controla y se asegura la calidad de esta información es a través de acuerdos que se han hecho prioritarios entre todas las compañías de investigación, a partir de los cuales, buscamos asegurar la calidad de la información levantada”.
De igual manera, Valderrama señaló que “para garantizar la fiabilidad y transparencia en esta recta final de la campaña electoral” es fundamental “el reconocimiento de las firmas, la calidad con que las firmas hacen y desarrollan esta labor, ya que fueron muchos años de investigación. Cabe mencionar que hemos tenido muchos y variados aciertos, y en ese sentido pues son las marcas de las compañías las que hacen de garantes de la información y de las encuestas”.
A la espera de la Corte
Entre tanto, el gerente de la firma Cifras y Conceptos, César Caballero, mencionó que las encuestas podrían cambiar de normativa, si la Corte Constitucional da su visto bueno frente al nuevo Código Electoral avalado en el legislativo.
“Nosotros seguimos teniendo el marco legislativo de 1994 con las resoluciones respectivas, y a pesar de que el Congreso presentó y aprobó el Nuevo Código Electoral, el mismo, por ser una ley estatutaria, no ha tenido la revisión de la Corte Constitucional, razón por la cual no es vigente”, dijo.
Frente a la garantía de transparencia de la información en el cierre de campañas, Caballero señaló que “el Consejo Nacional Electoral es el organismo que vigila, pero también hay un esfuerzo grande de autorregulación de parte de las firmas encuestadoras, donde tenemos unos estándares de calidad y de rigurosidad, y creo que es algo que tratamos de hacer tanto nuestros colegas como nosotros para que la información sea lo más adecuada y transparente posible”.
Normativa de encuestadoras
De acuerdo con la ley 130 de 1994, cada firma encuestadora se debe registrar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sus estudios sean divulgados por los medios de comunicación.
“Solo podrán publicar las encuestas de aquellas firmas que estén debidamente inscritas ante el CNE, las cuales deberán demostrar, al momento de su registro, la experiencia mínima de un año, representación legal y tres constancias de empresas o usuarios que certifiquen la idoneidad de su trabajo”, se lee en el documento.
No obstante, la norma establece que, mientras tiene lugar el acto electoral, “los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base en las declaraciones tomadas a los electores sobre la forma como piensan votar o han votado el día de las elecciones”.
De igual manera, la ley explica que “el Consejo Nacional Electoral ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o personas que realicen profesionalmente esta actividad, cuando se trate exclusivamente de encuestas sobre partidos, movimientos, candidatos o grado de apoyo a los mismos, para que las preguntas al público no sean formuladas de tal forma que induzcan una respuesta determinada”.